Por Iván Posada (*) | @IvanPosada33
Han pasado ocho meses desde que se conocieron los primeros casos de coronavirus en nuestro país. Ante el desafío, el gobierno respondió con inteligencia y firmeza. Recurrió, desde el principio, al asesoramiento científico en la toma de decisiones y apeló al ejercicio responsable de la libertad para evitar, a través del distanciamiento físico y el uso del tapabocas, la propagación del contagio.
Al principio, la reducción del nivel de actividad fue casi total. El impacto económico y social inestimable. Pero el timón se mantuvo firme. Y poco a poco una parte sustancial de la actividad económica fue gradualmente retomando su ritmo.
Toda respuesta al impacto social puede considerarse insuficiente. Pero cuando se pase raya, al cabo del año 2020, se habrán destinado US$ 770 millones para atender los múltiples gastos originados por la pandemia.
La principal herramienta para dar respuesta a la crisis económica y social fue el seguro de desempleo. Más de 200 mil personas fueron enviadas al seguro, que además se flexibilizó, permitiendo el envío parcial y sucesivas prorrogas, manteniendo viva la fuente de trabajo. Pero también se aumentaron las transferencias a los beneficiarios del Mides y de asignaciones familiares. Eso, en medio del deterioro fiscal dejado por el anterior gobierno, un déficit del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y el consecuente endeudamiento del orden de US$ 2.800 millones anuales, y el riesgo inminente de la pérdida de la calificación del grado inversor.
Al cierre de octubre de 2020, unas 85 mil personas permanecían en seguro de desempleo, de los cuales 24 mil están en seguro parcial y 61 mil en seguro total. Las estimaciones más calificadas expresan que entre 45 mil y 50 mil trabajadores quedaron desempleados como consecuencia de la pandemia, que se agregan a los 50 mil que habían perdido su trabajo desde el segundo trimestre de 2014 hasta el cierre de 2019.
En este contexto crítico, el gobierno elaboró y envió al Poder Legislativo el proyecto de ley de Presupuesto Nacional, asumiendo que como consecuencia de la pandemia el déficit fiscal trepará a 6,5% del PIB, el endeudamiento anual a más de US$ 3.500 millones y la deuda neta del Gobierno Central estará en 60,6% del PIB al cierre del año 2020.
Desde el Frente Amplio se hablado de ajuste fiscal y de recorte de gastos. Sin embargo, los montos globales de gastos asignados en el proyecto de ley presupuestal desmienten categóricamente tales afirmaciones. En millones de pesos, a valores del 1° de enero de 2020, son algo más de 700 mil millones de pesos. Los créditos presupuestales correspondientes al año 2019 (sin incluir partidas a reaplicar) fueron de alrededor de 660 mil millones de pesos a valores corrientes, que aún ajustados por la inflación promedio del año 2019, seguirán siendo inferiores a la asignación presupuestal prevista para los años 2021-2024. Respaldan los objetivos aspectos tales como cuidar las finanzas públicas, mantener el grado inversor y hacer sostenibles las políticas sociales.
Lo que sí puede afirmarse es que para cumplir esas metas existe reasignación de gastos entre los distintos incisos que componen el Presupuesto Nacional y la puesta en marcha de un plan de contención del gasto público para tratar de equilibrar la situación fiscal y hacer sostenible el nivel de endeudamiento.
Nuestro país no está en el medio de una burbuja, como parecen sugerir los reclamos de mayores asignaciones de recursos. La gestión económica no hace magia. Es más, cumplir la asignación presupuestal prevista ya es de por sí un gran desafío para el gobierno.
Las proyecciones macroeconómicas del gobierno prevén que el crecimiento de la economía en el período 2020-2024 sea a una tasa acumulativa anual de 2,24%, lo que está por debajo de la media histórica de crecimiento de nuestra economía, exceptuando el período 2004-2014 donde la tasa acumulativa anual superó el 5%.
En medio de la incertidumbre generada a partir de la pandemia del coronavirus, comienzan a evidenciarse algunas certezas. Aunque algunas de las principales empresas farmacéuticas anuncian tener disponible vacunas para el primer semestre del próximo año, la recuperación de la economía mundial, y en particular la regional, se caracteriza por su ralentización, poniendo en cuestión las estimaciones planteadas por el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos que acompaña el proyecto de ley de Presupuesto Nacional.
De hecho, el Dr. Gabriel Oddone, de CPA Ferrere, ha pronosticado con fundamentos sólidos una lenta recuperación de la economía uruguaya durante 2021, atendiendo especialmente a las características de orientación hacia el turismo interno que tendrá la próxima temporada turística y a la subestimación del impacto de la crisis argentina en nuestra economía. Con las fronteras cerradas, el resultado del primer trimestre del 2021 será inferior al del primer trimestre del año actual, completando seguramente cuatro trimestres de caída del Producto Interno Bruto (PIB). De hecho, se estima que la brecha entre lo que gastaron los extranjeros en Uruguay y lo que gastaron los uruguayos en el exterior, a junio de 2020, es de US$ 709 millones.
Asimismo, prevén una caída del PIB de 4,3% en 2020, algo mayor que la estimada por el gobierno (3,5%), pero especialmente una reactivación significativamente más lenta que la prevista en las proyecciones económicas planteadas en el proyecto presupuestal. En efecto, se estima que el crecimiento de la economía uruguaya será de 1,9% en 2021 y 2,9% en 2022, frente al 4,3% y 2,5%, respectivamente, de las proyecciones gubernamentales.
En tal caso, si tenemos una caída más pronunciada en 2020 y una recuperación más ralentizada de nuestra economía, es obvio que habrá un menor nivel de recaudación por tributos y, seguramente, la recuperación del nivel de empleo será menguada, lo que determinará un mayor gasto en seguridad social.
El otro aspecto sustancial que plantea Oddone es la eventual tensión entre los objetivos de competitividad e inflación. Para instrumentar su objetivo de inflación, del 9,74 % actual al 3,7% a fines de 2024, el Banco Central del Uruguay (BCU) deberá elevar la Tasa de Política Monetaria (TPM) por encima del 4,5% actual, lo que genera un mayor riesgo de una presión al alza del peso uruguayo frente al dólar.
Este escenario macroeconómico augura un mayor impacto económico y social de la pandemia. Lejos de estar en una burbuja como parecen inferir algunos planteos que desde la oposición reclaman un mayor incremento del gasto público, estas proyecciones confirman que al menos 45 mil puestos de trabajo se perderán como consecuencia de la pandemia (95 mil menos desde el segundo trimestre de 2014). Un ritmo más lento de recuperación de la actividad económica pone al tema del empleo al tope de la agenda y condiciona a su vez, la recuperación de la pérdida de salario real a futuro.
Mal que nos pese, estamos en medio de una crisis. Su origen es la pandemia, pero las consecuencias económicas y sociales, aunque comparativamente menores a otros países, siguen siendo muy graves. Por eso resulta poco entendible que en este escenario crítico, el PIT-CNT y el Frente Amplio estén pensando en recoger firmas contra la ley de urgente consideración, en lugar de estar reclamando y proponiendo al gobierno políticas para la generación de empleo. La recolección de firmas será un ejercicio gimnástico inútil y condenado al fracaso. Agotado el tiempo de los liderazgos, carentes de timoneles, marchan a su propio son, deseosos de encontrar algún oasis en medio de su propio desierto.
(*) Diputado por Montevideo – Partido Independiente
