Por Miguel Pastorino (*) | @MiguelPastorino
En Uruguay solo un 60% de la población tiene acceso a cuidados paliativos, mientras que los más vulnerables de la sociedad, especialmente los más pobres, no son tratados según sus derechos, cuando toda persona por su dignidad ha de ser cuidada y aliviada en sus sufrimientos.
En la Comisión de Salud del Parlamento hay dos proyectos de ley pendientes de discusión y aprobación. Uno para asegurar un derecho a todos los uruguayos, de universalizar los cuidados paliativos; y otro sobre eutanasia, que atenta contra la ética médica y es sumamente complejo para debatir, por las consecuencias que puede traer para una sociedad, según conocidas experiencias internacionales.
Hay razones fundamentales para aprobar en forma urgente el proyecto de ley de cuidados paliativos y no así el de eutanasia. Además de que son dos iniciativas distintas, sería contraproducente aprobarlas juntas o hacer una unificada. Ir por ese camino sería una desprolijidad política, jurídica y ética. ¿Por qué? En primer lugar, todos los legisladores están de acuerdo en aprobar el proyecto de cuidados paliativos, porque entienden y saben que es un derecho humano que debe ser garantizado a todos los habitantes de nuestro país.
Por el contrario, no hay acuerdo sobre la eutanasia, porque además de existir una grave confusión sobre la práctica en sí misma, hay razones éticas y jurídicas de peso para oponerse, que hacen necesario un debate en mayor profundidad y un mayor conocimiento de las cuestiones bioéticas, en los legisladores en particular y en todos los uruguayos.
Si todos están de acuerdo y es una urgencia los cuidados de calidad para todos, ¿por qué seguir postergándolo cuando no hay reparos? En el caso de que se legalice la eutanasia junto con los cuidados paliativos, se estaría empujando a la muerte a personas que podrían ser aliviadas y tener una mejor calidad de vida.
En segundo lugar, está comprobado que donde se legaliza la eutanasia, los cuidados paliativos sufren un golpe de muerte, porque la solución más barata es no ofrecer cuidados de calidad, sino que la opción más rápida será la muerte, cayendo sobre los más pobres y vulnerables, cuyos sufrimientos no siempre tienen que ver con la enfermedad que padecen, sino con su situación social, económica y emocional, mucho más con quienes se sienten solos y abandonados. Se la presenta como una opción libre a quienes en realidad no se les ofrece lo que merecen en su dignidad humana, sino que se los tratará como “eutanasiables”, como otro tipo de personas, cuya calidad de vida pareciera hacer de su vida menos valiosa que la de los demás, naturalizando culturalmente una mentalidad eugenésica como tienen ya unos pocos países del mundo, retrocediendo en derechos y en garantías sobre la dignidad de las personas.
Aprobar la ley de cuidados paliativos es una cuestión de sentido común, de responsabilidad política y de garantizar derechos a los más vulnerables. En cambio, la eutanasia va contra la ética médica, quita garantías a los pacientes y abre la puerta al descarte de seres humanos solamente porque sientan que su vida no vale la pena ser vivida. En lugar de ayudarlos, aliviarlos y acompañarlos, se les ofrecerá matarlos si ellos lo piden. La mayor parte de la población tiene una grave desinformación sobre lo que es la eutanasia como para opinar si está a favor o en contra. Por ello, me parece relevante esclarecer mínimamente las confusiones más extendidas.
Mitos sobre la eutanasia
La eutanasia sigue siendo ilegal en la mayoría de los países del mundo y en 2019 la Asamblea Médica Mundial volvió a ratificar su oposición a esta práctica, que se opone violentamente a la ética médica. Pero se la suele confundir con prácticas paliativas, que no son eutanasia. Que alguien decida no prolongar su vida con tratamientos fútiles o que no quiere vivir conectado a un ventilador, no es eutanasia y es algo legal en Uruguay; se llama voluntad anticipada, donde cualquier paciente puede elegir aceptar la muerte natural sin prolongar su vida innecesariamente, pero no puede pedir que lo maten. Tampoco es eutanasia desconectar a alguien con muerte cerebral, porque ya está clínicamente muerto.
Todos tenemos derecho a que se haga todo lo posible para morir sin dolor, con cuidados y acompañamiento terapéutico, pero eso no es eutanasia. La eutanasia es dar una sustancia letal que mata al enfermo en cuestión de pocos minutos, adelantando su muerte, solo porque la pide. Y el criterio que se utiliza en los países donde es legal, una vez que se acepta que un médico puede matar a un paciente, es que los motivos van ampliándose progresivamente. De hecho, en algunos países ya pueden pedir eutanasia personas con discapacidad porque consideran que su vida “no es digna”.
Por otra parte, muchos confunden la sedación paliativa con eutanasia, pero no lo es. Porque la sedación no mata al enfermo, sólo le evita sufrimientos en una etapa crítica. La sedación final tampoco es una forma de eutanasia. Y el mito del cóctel es algo ya desterrado hace décadas por la medicina paliativa, pero sigue siendo una creencia arraigada en la población, incluyendo personal de la salud y legisladores. En el caso de Uruguay no se practica la eutanasia como suele decirse, sino que se la confunde con prácticas que son legales y éticamente correctas en la medicina como es la sedación final.
Discriminación letal
El fin que todos buscamos es aliviar el sufrimiento y para ello deben garantizarse los medios necesarios. Por eso es imperativo universalizar los cuidados paliativos para todos los uruguayos cuando los necesiten. La responsabilidad del Estado es proteger a los más vulnerables, no abrir la puerta a formas de abuso y descarte de personas solo porque a ellos sí se los puede eliminar. De hecho, una ley de eutanasia crearía una discriminación de personas: los no “eutanasiables” (jóvenes y sanos) y los “eutanasiables” (ancianos, enfermos crónicos o con enfermedades que ponen en peligro su vida).
Así, el supuesto “derecho a morir”, que no existe, solo podría ser ejercido por quienes aceptan que su vida no vale la pena. De esa forma, la sociedad se acostumbra a valorar la vida humana por su productividad o por ciertos estándares de “calidad de vida”, y a quienes no los tengan, se les permite pedir que se los elimine. Y lo más paradójico es que en una sociedad con altos índices de depresión en adultos mayores y en una pandemia de soledad, muchas personas serán incitadas a un suicidio legal porque se los convencerá de que es su derecho, cuando en realidad “con su permiso”, acaban con todos sus derechos y con el fundamento de todos los derechos: su vida y su dignidad como ser humano.
Lo más grave de todo esto es que en medio de la pandemia y de la grave crisis sanitaria que atravesamos, no nos apuremos a asegurar buenos cuidados aprobando la ley de cuidados paliativos. Y peor todavía, que se quiera aprobar una ley que violenta los fundamentos de la ética médica y de los derechos humanos fundamentales. Claramente los legisladores deberían priorizar lo que es urgente y necesario: cuidados paliativos para todos, y dejar para un debate más profundo la cuestión de la eutanasia, por ser un tema tan peligroso para nuestra sociedad como controvertido y polémico. Los cuidados paliativos son un derecho y una urgencia cotidiana, no la eutanasia.
(*) Licenciado en Filosofía y magíster en Dirección de Comunicación. Doctorando en Filosofía. Profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica del Uruguay. Portavoz de Prudencia Uruguay.
