Por Alfredo Asti (*) | @AlfredoAsti
Días pasados, en ocasión de cumplirse 17 años de la declaración del Poder Ejecutivo del Feriado Bancario del 30 de julio de 2002, han resurgido los recuerdos de la terrible situación que sufrió el país durante la crisis de ese año y sus prolongadas consecuencias.
Algunos se preguntan por qué ahora traemos estos recuerdos. Las respuestas son varias, pero muy simples:
-Nos sorprende que se intente minimizar sus efectos, culpando exclusivamente a Argentina de lo sucedido y quitándole responsabilidad a los gobiernos de aquella época.
-Nos sorprende la edulcorada visión de la exitosa salida y los elogios a quien presidió el gobierno, olvidando que, si bien nos sacó de la crisis, fue el responsable de generarla.
-Nos sorprende que se haga apología del país en crecimiento que se dejó, con una visión muy parcial, porque ese crecimiento de 2004, sólo fue un rebote luego de tocar fondo, sin siquiera recuperar los niveles de actividad perdidos.
-Nos sorprende que en los datos de esa salida de la crisis no se tenga en cuenta la dramática situación social que la misma produjo y que nos dejó un 40% de pobreza, un 4.7% de indigencia, un desempleo cercano al 20%, pérdida de ahorros, de viviendas y de modos de vida, que afectaron a decenas de miles de hogares, con efectos devastadores a todo nivel y con algunas consecuencias que repercuten hasta el día de hoy.
Pero lo que más nos sorprende, son las insólitas pretensiones de comparar la situación vivida en 2002 con la realidad de hoy, cuando las condiciones previas y actuales, e incluso las perspectivas futuras, son radicalmente diferentes.
Por lo tanto, entendemos necesario recordar causas y circunstancias de lo sucedido, para no volver a cometer los mismos errores que nos llevaron a la crisis, al tiempo que es necesario contrarrestar, con un baño de realidad, el relato de quienes pretenden reescribir la historia.
Los daños causados por la crisis son incalculables. Se trata de una de las dos crisis más profundas de la historia del país. No derivó de un acontecimiento específico de ese año, sino que fue la consecuencia de un modelo económico y social que se profundizó en la década del 90´.
Las políticas neoliberales llevadas a cabo, la desregulación financiera, la fijación administrativa en una banda de flotación del dólar, la liberalización comercial, la falta de transparencia, la falta de control del Banco Central del Uruguay (BCU) a los bancos, la promoción de Uruguay como plaza financiera y paraíso fiscal, fueron las políticas responsables de que el país tocara fondo.
Nadie duda que la situación argentina de fines de 2001, con la ruptura de la paridad, tuvo un fuerte impacto, al igual que en enero de 1999 lo había tenido la gran devaluación de Brasil. En ambas ocasiones Uruguay, por su rígida política cambiaria de fijación administrativa del valor del dólar, no logró absorber adecuadamente esos impactos.
Pero no podemos obviar que ese impacto de Argentina se dio en un Uruguay que desde 1999 había entrado en una fuerte y prolongada recesión con caída del 16% del PIB en 4 años (1999-2002).
En materia comercial, en el año 2001, las exportaciones a Brasil y Argentina representaban más del 36.7% del total exportado. En la actualidad nuestra dependencia ha disminuido drásticamente, alcanzando actualmente un 20.7%. Esto explica, en parte, por qué las actuales dificultades económicas que atraviesan nuestros vecinos no nos afectan igual que en aquel momento. Se abrieron mercados y la dependencia de la región disminuyó.
También es importante depositar la mirada en aquel Uruguay concebido por algunos dirigentes políticos de la época como plaza financiera. Los depósitos de no residentes, en particular argentinos, en nuestro sector financiero (promovidos por una fuerte opacidad y falta de regulación) alcanzaban a la mitad de los depósitos, agravando cualquier dificultad comercial en una eventual crisis financiera de los vecinos, tal como ocurrió.
La fuerte devaluación de Brasil en 1999 y la ruptura de la convertibilidad en Argentina a fines del año 2001, acentuaron aún más los problemas de competitividad, con el tipo de cambio, prefijado en nuestro país en régimen de banda de flotación. Era una bomba de tiempo que, pese a las advertencias de la oposición de aquel entonces, no se supo, o no se quiso, desactivar.
El 2002 comenzó con una fuerte crisis de confianza a partir de los temores del contagio argentino y puntualmente con los problemas de liquidez de un pequeño banco argentino (Galicia) que el BCU se negó a asistir. A partir de allí, la corrida se generalizó. Se retiraron del sistema financiero local más de 6.000 millones de dólares, casi la mitad de los depósitos existentes, y rápidamente se desnudó la irregular situación de los dos principales bancos privados nacionales.
El Banco Comercial, entonces el principal banco privado del país, había sido vaciado a raíz de una estafa perpetrada por sus dueños, los delincuentes internacionales y amigos de los gobiernos de esos años, hermanos Röhm, estafa que alcanzó los 200 millones de dólares.
Algo similar pasó con el vaciamiento de los bancos Montevideo, Caja Obrera y de Crédito, que habían sido entregados a la familia Peirano (también muy cercana al poder y que ya lo había hecho en los años 60´ durante el gobierno de Pacheco Areco) que también los vaciaron a favor de sus colaterales en el exterior, ante la pasividad o negligencia del BCU, que los asistió fuertemente y los intervino tardíamente, para finalmente cerrarlos.
Se reprogramaron depósitos, pero no pudieron pagarse obligaciones negociables y títulos; e incluso algunos depósitos fueron transferidos fraudulentamente al exterior. Las reservas internacionales cayeron en picada y el Estado se enfrentó con dificultades para acceder al crédito. La caída del nivel de actividad fue muy fuerte y con ella la recaudación, generando problemas fiscales. El gobierno se vio obligado a cambiar las tan criticadas políticas macroeconómicas y al equipo económico (encabezado por Bensión en el MEF y Rodríguez Batlle en el BCU). El 19 de junio se abandonó la banda de flotación y el dólar pasó de $17 a $33, para luego estabilizarse en octubre en el entorno de $28, lo que representó una devaluación anual del 100% (de $14 a $28). Se perdió el grado inversor y el riesgo país ascendió de 250 hasta 3.000 puntos, para bajar luego a 2.000. Los títulos públicos perdieron la mitad de su valor. Muchos miles de compatriotas perdimos nuestros ahorros o gran parte del valor de los mismos. Otros perdieron además sus trabajos, sus viviendas, o vieron duplicado su endeudamiento, lo que lo hizo impagable. Se produjo en ese año una interrupción en la cadena de pagos que paralizó la actividad económica, redujo en forma abrupta la recaudación del gobierno y generó un déficit fiscal de 3,7% del PIB.
En lo fiscal, cuando asumimos el gobierno se heredó el endeudamiento público más agudo de la historia del país, y como consecuencia, una gran dependencia respecto a las condiciones de los organismos multilaterales de crédito.
Al cierre de 2004, la deuda bruta del sector público ascendía a 13.300 millones de dólares, alrededor de 100% del PIB, convirtiendo a Uruguay en uno de los países más endeudados del mundo.
Entre 2002 y 2003, 52.000 uruguayos abandonaron el país, 200 empresas quebraron, la pobreza se duplicó y la indigencia se triplicó.
En 2004, se estimaba que el 56% de los niños vivía en la pobreza y la inflación se disparó al 26%, acentuando el deterioro de los salarios y las pasividades, que cayeron en una profunda pauperización. También había graves insuficiencias en materia de empleo, tanto cuantitativas como cualitativas, y abundaban los empleos precarios y retribuciones indignas.
A esto se agrega el proceso migratorio de aquellos años, que afectó fundamentalmente a las personas en edad de trabajar y con un nivel relativamente alto de calificación, generando un importante drenaje de capital humano y, por lo tanto, influyendo negativamente en el sistema de seguridad social.
Este escenario ensanchó como nunca la brecha social, raíz de muchos males que nos aquejan aún hoy, como la marginalidad y la delincuencia.
Ahora bien, luego de este racconto, es hora de hablar de la actualidad. Esa, a la que muchos quieren comparar con 2002.
Uruguay no ha parado de crecer desde 2004 y si bien tiene un déficit fiscal estructural importante (superior al 4%) la situación de su deuda pública es absolutamente manejable en el presente y a corto plazo, con un riesgo país en el entorno de los 140 puntos básicos, con un perfil de madurez de la deuda (plazo de vencimiento promedio de 14 años) que duplica el promedio de la región, con una desdolarización muy importante (50% de la deuda emitida en moneda nacional), casi toda (95%) emitida con tasa fija y por lo tanto libre de presiones sobre aumentos de tasas, 50% en manos de tenedores locales, y, fundamentalmente, libre de condicionamientos.
Asimismo, Uruguay tiene un sistema financiero extremadamente sólido y estrictamente controlado por el BCU, con mínima exposición a riesgos regionales.
El desacople comercial y financiero ya mencionado, también se puede evaluar en las distintas trayectorias que han tenido nuestras economías en los últimos años y con distintos gobiernos en los países vecinos. De 2011 a 2018 Uruguay ha crecido un 19%, mientras que nuestros dos vecinos no han crecido, o incluso han bajado su nivel de actividad. La famosa frase de que “cuando Argentina estornuda Uruguay se resfría” ahora carece de sentido.
A nivel social la pobreza se redujo a una quinta parte (de 40% a 8%), la indigencia a cincuenta veces menos (de 5% a 0,1%), mejorando también la distribución del ingreso, tanto a nivel del índice de Gini, de 0,46 a 0,38, como en otros indicadores de distancia entre quienes ganan más y quienes ganan menos.
Si bien a nivel del mercado de trabajo en los últimos dos años hemos perdido alrededor de 40 mil empleos (de los 300 mil generados y 200 mil formalizados) la tasa de desempleo se ubica hoy en menos de la mitad de la que había en aquellos tiempos (casi el 20%).
Los datos son elocuentes y demuestran que los últimos años, el año en curso y las expectativas de futuro son muy distintas al escenario de aquel entonces y que la brecha entre el 2002 y el 2019 es mucho mayor que los 17 años que nos separan cronológicamente de aquellos años aciagos.
(*) Diputado de Asamblea Uruguay – Frente Amplio.
