Por Felipe Carballo (*) | @fcarballo711
Gobernar no es aplicar a ultranza un proyecto de gobierno, por más legítimo que este sea, sino que supone la conducción y gestión atendiendo cada circunstancia, provocada o no.
Navegar en tiempos calmos puede resultar sencillo, pero ante una tormenta el timonel debe tomar decisiones, que aun cuando lo aparten de su ruta original, le permitan reacomodar su tripulación, salvar a todos para proseguir camino y también salvar la nave y sus herramientas
Es peligroso que el timonel no tome medidas a tiempo, y mucho más que sus segundos en coalición no aporten para cambiar el rumbo.
Es esperable que en tales circunstancias el timonel duerma menos, coma menos, disfrute menos de sus recursos y contemple más las necesidades y los derechos de quienes dependen de sus decisiones.
Sin embargo, en nuestro país, en momentos de crisis económica, social y sanitaria, las políticas que el gobierno ha implementado y que se vieron plasmadas en primera instancia en la LUC, luego en el Presupuesto Nacional y finalmente en la Rendición de Cuentas del año 2020, claramente van en contrasentido de este precepto.
Es así que asistimos a un Estado ausente, a un gobierno indiferente a las verdaderas necesidades y urgencias de la población. No parece razonable ver venir a la tormenta y no tomar las medidas adecuadas, incluso si suponen cambiar el rumbo.
En el fondo sabemos que la Rendición de Cuentas, al igual que el Presupuesto, están basados en una ideología, y que esta es la que menos se ajusta a las necesidades de la mayoría de las y los uruguayos hoy en día.
Hay decisiones políticas y acciones de gobierno deliberadas de apoyo a ciertos sectores de la sociedad, en desmedro de la mayoría, que son los más perjudicados y afectados por la pobreza y por las condiciones sanitarias
En ese sentido, una vez más la propuesta del gobierno a través de la Rendición de Cuentas no da respuestas a las necesidades más urgentes de la población.
Lo advertimos a la hora de discutir el Presupuesto Nacional: las proyecciones del gobierno no se ajustaban a la realidad de la emergencia sanitaria ni de la postemergencia. Es evidente la contradicción de proclamar la reactivación de la economía basada en el consumo, cuando se reducen los salarios y las jubilaciones, se aumentan las tarifas públicas y los combustibles, y más aún, sin la presencia de un Estado fuerte, enfocado en la inversión en obra pública y en el desarrollo de las empresas públicas como uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico del país.
Pretender que solo un sector sea apuntalado para que luego la riqueza se derrame es una falacia. Generar más riqueza y concentración en pocas manos no asegura la distribución; nunca ha sucedido y no sucederá ahora. Los malla oro siguen siendo los únicos que llegan al podio.
Una vez más, en la Rendición de Cuentas no existe una política para la recuperación del empleo. Tampoco existe un atisbo de acciones que se enfoquen en la recuperación del nivel de ingreso de los hogares uruguayos, y pese al discurso que utilizaron durante años en contra de las transferencias directas a los sectores más débiles, ahora se realizan de un modo no transparente, volviendo a la dádiva y al clientelismo político.
Hemos escuchado a integrantes del gobierno sentirse orgullosos de la Rendición de Cuentas enviada al Parlamento, los hemos visto jactarse del ahorro de millones de dólares en este último año, mientras se recortan recursos para educación, salud y vivienda, al tiempo que la pobreza aumenta y los salarios se transforman en una variable de ajuste de la economía.
Cada vez son más los sectores de la población en situación de vulnerabilidad, la que ha sido incrementada a raíz de la emergencia sanitaria, y que no tiene una sola línea en esta Rendición de Cuentas que los contemple.
Mientras que en Uruguay el gobierno “ahorra” tanto, en el resto del mundo, incluso en aquellos países que también tienen gobiernos neoliberales, se han destinado recursos para apuntalar a los sectores más afectados por la pandemia y la crisis sanitaria.
En varias oportunidades hemos citado estudios de Naciones Unidas que plantean la necesidad de medidas urgentes para las poblaciones más vulnerables. En nuestro país el gobierno ni siquiera ha relevado la situación, por ejemplo, de la población afrodescendiente.
Los indicadores marcan el agravamiento de la situación de ingresos por hogar, el desempleo, el acceso a la educación y la afectación de niños y niñas de nuestro país con mayor énfasis en estas poblaciones, pero la Rendición de Cuentas ni una línea tiene al respecto.
Por el contrario, lo que encontramos en el proyecto es un recorte de los salarios, de la educación pública, de los hospitales, de la salud.
No se explica cómo se van a recuperar las horas de aula perdidas; por el contrario, se reducen horas docentes y grupos de estudiantes, se recorta la alimentación escolar y tampoco se explica cómo con menos recursos se va a recuperar la atención médica que se ha perdido durante la pandemia.
Una Rendición de Cuentas que viene cargada de aumentos de cargos de confianza y de adscriptos y un aumento de las remuneraciones de los cargos de gobierno. Ahí no hay ahorro, ni austeridad ni vergüenza.
Hay recortes en la inversión para las soluciones habitacionales, para las viviendas, lo que hace que los compromisos asumidos antes de llegar al gobierno queden en el olvido.
No existen políticas públicas claras y planificadas, y por tanto mal se puede asignar recursos a algo que no existe, mucho menos se puede ser transparente y tampoco se puede controlar la ejecución de políticas públicas inexistentes.
No existen políticas activas de empleo. Se deja pasar una vez más la oportunidad de generar políticas que apunten a combatir la pérdida de empleo derivado de los avances tecnológicos y la reconversión de trabajadores que han perdido su fuente de trabajo. No se establecen herramientas ni presupuesto ni compromiso para evaluar y controlar políticas públicas sobre el empleo.
Sin ninguna fundamentación se plantea al teletrabajo como fomentador del empleo y sin ningún estudio previo, donde el Ministerio de Trabajo aparece como un simple espectador.
En momentos en que no parece descabellado pensar en reducir la jornada laboral en aquellos sectores que lo justifiquen por el incremento del uso de las tecnologías, de los que se benefician muy pocos, asistimos a una norma desreguladora que quita el límite diario de la jornada laboral y fomentará el multiempleo. Sobre esto tampoco encontramos ni una sola línea en la Rendición de Cuentas que permita contar con las herramientas para controlar y evaluar la aplicación de esta norma, su impacto en la economía nacional, en el empleo, en el ingreso de los hogares, de los niveles salariales, de los derechos sindicales y de la negociación colectiva.
Cómo se van a recuperar los puestos de trabajo es una pregunta que no es posible responder con ninguno de los elementos que surgen de esta Rendición de Cuentas, ya que esta, a la vez, contiene una proyección del empleo corregida a la baja. Los puestos de trabajo que se planteó que se iban a crear no tienen ningún fundamento, ninguna política y ningún asidero en esta iniciativa.
No encontramos que esta Rendición de Cuentas brinde respuestas a los desafíos que se plantean y, a nuestro criterio, no puede haber igualdad con un Estado ausente, donde se victorea un ahorro en momentos donde el pueblo necesita el escudo del Estado.
(*) Diputado por el Frente Amplio
