Por Jorge Alvear González (*) | @jalveargonzalez
El día 17 de marzo próximo pasado le presenté a la presidente de la Asamblea General, Beatriz Argimón, una exposición escrita a los efectos de que se integre la Comisión de Hacienda y Presupuesto o que, en su defecto, se estudie crear una Comisión Especial a fin de poder realizar el estudio de las observaciones que libra el Tribunal de Cuentas de la Republica (TCR).
Durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, a pesar de las múltiples observaciones realizadas por el TCR, en cumplimiento con su cometido dado en el artículo 211, literal B, de la Constitución de la Republica, se desestimó totalmente lo señalado por los artículos 105 y 106 del Reglamento de la Asamblea General. Por lo que, ante una nueva legislatura, corresponde solicitar que se cumpla con dicho Reglamento.
Particularmente, y a propósito de este pedido, he constatado -de acuerdo con los registros públicos de la web del Parlamento- que dicha comisión de Hacienda y Presupuesto, desde el 15 de febrero de 2005 a la actualidad, se reunió solamente en 11 oportunidades.
Durante el mismo periodo antes señalado, el TCR envió a la Asamblea General 14.602 observaciones, de las cuales la Comisión de Hacienda y Presupuesto no dio tratamiento alguno.
Para graficarlo de otra manera, esto significa que en dicho período se han realizado cuatro observaciones por día (tomando en cuenta que TCR trabaja de lunes a viernes).
También, es preciso agregar que la última vez que se reunió la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Asamblea General fue 4 de julio de 2011, y desde esa fecha a la actualidad el número de observaciones fue de 8.510 (ocho mil quinientos diez).
El TCR es el único órgano de control externo que establece la Constitución de la República y es necesario fortalecer el reconocimiento de su calidad institucional y propiciar la real efectividad de sus dictámenes.
Dentro de sus objetivos está dictaminar e informar respecto de la rendición de cuentas y gestiones de todos los órganos del Estado, inclusive gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, cualquiera sea su naturaleza, así como también, en cuanto a las acciones correspondientes en caso de responsabilidad, exponiendo las consideraciones y observaciones pertinentes.
Solo a modo de ejemplo, basta recordar algunos de los pronunciamientos del TCR en casos que ocuparon varios minutos en los informativos centrales de televisión, así como en programas de radio e incluso varias páginas de diarios y semanarios. A tal punto que el cúmulo de hechos que, en muchos casos habían sido observados previamente por el TCR, llevaron a que el entonces vicepresidente, Raúl Sendic, presentara su renuncia.
Ese fue el caso de Ancap, en el que el Tribunal de Cuentas, entre muchas cosas, observó el resultado financiero presentado en el año 2012 en el que se señalaban gastos por “Compra Directa” que excedían “el límite” y debía realizarse “otro procedimiento de contratación”. Ese mismo año, Ancap registró “pagos de gastos de Importaciones y Exportaciones (…) sin la debida intervención previa y preventiva del Tribunal de Cuentas”.
Otro de los casos que el TCR observó desde el principio y que se desatendió fue la de la Planta Regasificadora, en la que, con fecha 30 de setiembre de 2013, el TCR expresa que “observar el contrato de concesión de un álveo y su espejo de agua en el Rio de la Plata, para la construcción y operación de una terminal especializada en la recepción, almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) remitido, a celebrarse con Gas Sayago S.A.”.
¡Y cómo olvidar el Antel Arena!, obra que fue cuestionada por el TCR desde el inicio, por no cumplir con “los cometidos” para los que fue creado el ente y que Antel tampoco atendió; y que finalmente terminó costando el doble de lo presupuestado. En agosto de 2013 el TCR señaló que “de acuerdo con los cometidos y al concepto de telecomunicación transcripto, la construcción e instalación de un edificio como centro de eventos multifuncional, no ingresa en el cumplimiento de los cometidos de Antel” y agregó “que si se aceptara que la construcción de edificios o complejos con sistemas de alta tecnología formara parte de la competencia de Antel, el organismo podría realizar toda clase de obras, de mayor o menor entidad, hipódromos, teatros, etc, complementadas con instalaciones tecnológicas y con su nombre en la obra, lo que evidentemente resulta muy difícil de incluir dentro de sus cometidos y de sus poderes implícitos”.
Con este nuevo gobierno, que asumió el 1º de marzo pasado, esperemos que se cumpla con la Constitución de la Republica y por eso entendemos que es fundamental que la Comisión de Hacienda y Presupuesto funcione, porque es la auditoria que necesitamos para cumplir con nuestra obligación como legisladores.
*Diputado por el Partido Colorado (Ciudadanos).
