Por Felipe Carballo (*) | @fcarballo711
A partir de ciertos hechos de violencia que tomaron notoriedad en la opinión pública, hemos sido testigos, una vez más, en los últimos días, de serios cuestionamientos a la gestión del ministro del Interior. Podríamos ampararnos en la generalidad de que la violencia es un síntoma propio de la sociedad actual y del mundo en que vivimos y que golpea en todos los ámbitos: familiar, deportivo, educativo, etc. pero nos parece que, si bien esto es real y las causas son mucho más complejas y profundas en el tiempo que el nombre del ministro de turno, también debemos analizar los detalles puntuales que hacen a nuestro sistema de seguridad y al combate del delito en todas sus causas. Nuestra responsabilidad como gobernantes es atender a las demandas de la ciudadanía y no podemos seguir adjudicando estos reclamos a una sensación o a una visión sesgada del tema. Debemos trabajar para mejorar los resultados de nuestras políticas en todos los aspectos.
La causa principal del delito, o al menos la única causa que le compete y solo puede ser combatida por la Policía es el delincuente, una vez cometido el delito o en el momento mismo de cometerse. Este combate a la delincuencia consta de tres etapas. En primer lugar, está la Prevención. Esta etapa se basa en la recolección, análisis y clasificación de información recabada de los distintos hechos delictivos, cómo se llevan a cabo, cuándo, dónde, por qué, etc, así como de sus actores principales y secundarios. Luego viene la diseminación de este informe a las distintas unidades policiales, a los efectos de preparar estrategias y tácticas para afrontar los delitos con cierta ventaja. Este es el llamado trabajo de Inteligencia Criminal.
La segunda etapa es la Disuasión, en la cual la Policía mediante su presencia, impide o evita que se lleven a cabo hechos delictivos. Se realiza en base a patrullajes, utilizando todos los medios posibles adecuados al estado de situación. La misma consiste en marcar presencia, esa presencia del Estado que la ciudadanía pide y es la que debe estar al alcance de los cometidos policiales.
La tercera etapa consta de dos partes. En principio la Represión del delito, palabra que suena antipática pero que consiste en el control de la situación una vez agotadas las dos etapas anteriores. Esta debe ser proporcional, progresiva y racional. Una vez detenido el presunto delincuente se deben recabar todas las pruebas que confirmen la consumación del delito por el cual se detiene (armas, testigos, objetos vinculantes, etc.) Estos elementos son entregados a la Justicia competente junto con el detenido. Esta es la segunda parte, donde la Policía actúa como Auxiliar de la Justicia, donde además de investigar los delitos, hace pericias, indagatorias, recolecta pruebas materiales, etc. para que la Justicia pueda expedirse de la mejor manera. Es importante aclarar que la Justicia se basa en las pruebas que la Policía le presenta para poder dictaminar de la mejor manera, de acuerdo a las leyes vigentes.
En este razonamiento, la Policía debe investigar para detener, no detener para investigar, y detener para que la Justicia procese y luego condene, ya que los tiempos legales de detención son cortos. Es así que la Policía solo interviene una vez consumado el hecho delictivo, investigándolo.
Si la inseguridad es producto de la delincuencia y de la violencia, las que a la vez obedecen a fenómenos sociales de origen multicausal (como son la ruptura de los tejidos sociales, pérdida de valores, educación, etc.). ¿Qué puede hacer la Policía para combatir estos fenómenos?
La Policía no puede ni tiene cómo combatir diferentes formas de delitos que hoy abundan en nuestra sociedad como son la violencia de género, la violencia doméstica en todas sus manifestaciones, distintos tipos de abusos tanto físicos, psicológicos y sexuales ya que en su gran mayoría son cometidos puertas adentro, son de carácter intrafamiliar y muchas veces ni siquiera son denunciados en tiempo y forma. En estos casos puntuales, la Policía no puede intervenir en ninguna de las tres etapas mencionadas, solo puede hacerlo una vez ocurrido el hecho. Aquí no se puede Prevenir, Disuadir ni Reprimir, solo le queda la tarea de investigar y esclarecer el caso.
La Policía tampoco puede rehabilitar a personas privadas de libertad (PPL) ya que no cuenta con la preparación necesaria y a la vez no está dentro de sus funciones. Solo puede mantener a la persona privada de libertad y con el hacinamiento actual, tampoco puede darles la seguridad física que la Constitución mandata. Es por esto que a pedido de las autoridades ministeriales el Poder Ejecutivo ha definido que el Sistema Penitenciario pase a la órbita del MEC y se está trabajando en ese proceso.
Consideramos que esta decisión de nuestras autoridades será un elemento clave en la disminución de los índices de delincuencia actual ya que la reincidencia es uno de los factores más notorios en nuestro problema de inseguridad. También es equivocado o incorrecto hablar de “rehabilitar” a individuos que nunca estuvieron “habilitados”, sería como reinsertar a alguien que nunca estuvo inserto. Por ello tenemos la firme convicción de que si queremos obtener buenos resultados debemos seguir trabajando en un plan integral de seguridad que involucre las causas, sus consecuencias y a todos los actores implicados. Este ámbito debe incluir a distintas instituciones además del Ministerio del Interior como son el MEC, Mides, MSP, MTSS y demás organizaciones sociales, trabajando juntos y de manera complementaria y no suplementaria.
Este cambio en el sistema penitenciario va de la mano con el impulsado por el Poder Ejecutivo en otros ámbitos del Ministerio, el más profundo que ha enfrentado el Ministerio del Interior y toda la Policía Nacional en los últimos 50 años. No podemos dejar de lado que en los últimos gobiernos posdictadura han pasado más de una decena de ministros del Interior, entre ellos el Dr. Ramírez y el Esc. Stirling (hoy asesores en seguridad de la oposición) y ninguno logró frenar, ni siquiera reducir la tasa de delitos por más buena voluntad que hayan tenido. Tampoco, a pesar de enfrentar la misma problemática que el actual ministro Bonomi cuando asumió han tenido la capacidad o el valor para llevar adelante cambios tan profundos. El Frente Amplio sí se diferenció de sus antecesores por ser transgresor, instrumentando cambios medulares que no podían esperar en la lucha frontal a la delincuencia.
Es de significar que para llevar adelante estos cambios en la lucha contra el delito, jerarquizó y dignifico a la Policía en todos sus aspectos como ninguna otra administración. Sin embargo estamos convencidos, de que por ejemplo, una mejor y más exhaustiva selección de los aspirantes a ocupar cargos dentro de la Policía es necesaria. No nos referimos a condiciones académicas sino a características y perfiles vocacionales necesarios para cumplir con esta tarea, para la cual no todos estamos capacitados. Si bien debido a las mejoras en las condiciones de trabajo, como así también salariales que esta administración ha propiciado, existe en la actualidad un mayor incentivo para el ingreso, es importante gestionar una buena selección del personal policial en todas sus áreas.
Entendemos que este es un tema que preocupa a todos nuestros ciudadanos y al que debemos dar respuestas efectivas, dejando de lado nuestros intereses políticos y/o personales y en este sentido, entendemos que un cambio tan profundo luego de periodos prolongados de mala gestión, conlleva a que los cambios sean progresivos y los resultados no se darán a corto plazo. Este es un problema que viene de larga data y por lo tanto requiere de constancia y convicción en la forma de enfrentarlo.
(*) Diputado de Compromiso Frenteamplista (711) – Frente Amplio
