Por Mariano Tucci (*) | @MarianoTucci609
Si hay algo que ha caracterizado al gobierno de Lacalle Pou en estos meses de gobierno es su poca creatividad, ya que las viejas recetas de los 90 siguen siendo la hoja de ruta de una coalición diversa que tiene al Herrerismo como su abanderado principal. Colorados, cabildantes e independientes se han plegado sin traumas al modelo liberal que reinstaló el presidente de la República.
Poco creativo sí, pero muy mañoso. Porque esta vez las circunstancias han determinado que el equipo de gobierno estableciera una estrategia efectiva –con resultancias dañosas para la gente- que tiene que ver con la instalación de un marco legal amplio y un presupuesto que se acopla perfectamente a la planificación realizada por el mandatario, Sanguinetti y el general Manini.
El marco legal es la ley de urgente consideración, que ha consagrado reformas y modificaciones sustantivas en una treintena de políticas públicas, que ha variado los códigos, que ha reformado el instituto de la legítima defensa, que ha generado espacios de discrecionalidad aberrantes para empoderar a las fuerzas públicas bajo el lema de que “hay que respetar a la autoridad y ejercerla”.
Ha desmantelado la inclusión financiera, y podemos seguir profundizando en decenas de cambios que han introducido con la legitimidad que le dieron las urnas, por supuesto, pero llevándose puestas a las grandes mayorías, sus urgencias y sus derechos en muchos de los casos.
Preocupan los paquetes de modificaciones contrabandeados en la ley, pero mucho más preocupan los efectos inmediatos en las acciones, por ejemplo, que emprende la Policía Nacional.
Ese instituto al que el Frente Amplio en 15 años de gestión dignificó, ajustando sus salarios, dotándolo de tecnología y de armamento y, fundamentalmente, apostando a su formación, entre otras cosas, ha tenido sobresaltos que responden a los estados de ánimos de un secretario de Estado que lamentablemente no viene cumpliendo con los compromisos asumidos en la campaña electoral y que por lo tanto necesita resultados con prontitud, para no profundizar la tensiones ya existentes en la interna del gobierno.
Hechos como los sucedidos el pasado fin de semana en la capital, sobre todo en la Plaza Líber Seregni, nos hace reflexionar y condenar enérgicamente los excesos de los efectivos, sin olvidar que la responsabilidad primera es siempre del mando político. Por lo tanto, el presidente Lacalle y el ministro Larrañaga deberán dar un golpe de timón y volver a colocar en el centro de la agenda a la seguridad pública como agente dinamizador de integración y de convivencia social, y no como elemento de represión y abuso permanente, que en definitiva es lo que estamos presenciando en situaciones concretas a lo largo y ancho del país.
Y como corolario del entramado jurídico que ha generado esta ley ómnibus, tenemos el principal instrumento de gestión que tiene un gobierno: el presupuesto quinquenal.
Cuando comenzamos a leer su articulado vimos que la motosierra de Lacalle Herrera devino en hacha en la propuesta de Lacalle Pou, porque este proyecto que continua a estudio del Senado ha recortado -con la salvedad de algunos pocos incisos, como Defensa Nacional-, la gran mayoría de las asignaciones presupuestarias bajo el mote de que hay que quitar los excesos, las gorduras, el lastre del Estado, para que el sector privado pueda, cual Dios del Olimpo, arrastrar con su empuje y crecimiento al Uruguay y a sus problemas hacia un futuro promisorio.
Flores nuevas de romances viejos. Mismas recetas que no han funcionado en ninguna parte del mundo y es por esa razón que sostenemos que no nos sorprende, porque en tiempos históricos distintos los sectores conservadores responden de la misma manera: ajustando, recortando, y tropeando con la fuerza pública todo aquello que parezca distorsivo de lo que ellos consideran buenas costumbres.
El recorte lo pagan los trabajadores, y los aumentos de salarios se lo llevan los amigos del gobierno en el Mides y en las empresas del Estado. Nada nuevo bajo el sol.
Lo que si nos llama la atención es que aquellos partidos que históricamente han llevado la bandera del Estado casi que como sello identitario, y que por lo tanto han sido férreos defensores de lo público, se sumen a esta propuesta de restricción presupuestal, que desprecia al Estado y castiga a sus funcionarios con rebajas salariales y condiciones de trabajo que comenzaran a deteriorarse con el transcurso del tiempo.
Paralelamente, observamos un presidente de la República que empodera su posición de privilegio y se lo ve prescindente de su Consejo de Ministros. No hay conducción colectiva. En todo caso, hay un presidente que manda y que administra las tensiones de una coalición que luego de la votación del presupuesto comenzará a desgajarse, porque colorados y cabildantes disputaran el liderazgo de ese espacio político.
En este marco tan complejo, el Frente Amplio ha resuelto apoyar el referéndum y aportar a la estrategia que el campo popular, en su conjunto, deberá diseñar para que las resultancias de esta ley sean lo menos lesivas posibles para el pueblo uruguayo. Y para ello hay que organizarse.
Por otra parte, la fuerza política enfrentara el planteo presupuestal del gobierno con propuestas concretas, como hizo la bancada de diputados en comisión y en sala en el transcurso de su discusión días atrás y que, lamentablemente, no tuvieron eco en los legisladores del gobierno.
Finalmente, el país necesita instituciones fuertes para afrontar los embates de una crisis económica y social de la cual el Uruguay no se ha recuperado aún. No solo para atender a los heridos del sistema, sino para tener en cuenta a los sectores más vulnerables que, lamentablemente, han sido quienes han estado en la primera línea de damnificados si hablamos de destrucción de empleo, afectaciones sanitarias, etc.
En tiempos donde todos los organismos internacionales sugieren a los países soltar responsablemente el gasto, el gobierno uruguayo resuelve enfrentar la pandemia recortando el salario real de los trabajadores y debilitando al Estado. ¡Qué paradoja, queridos lectores!
Quedan algunos días de discusión todavía y tenemos confianza en el trabajo que nuestros compañeros senadores puedan realizar para al menos morigerar algunos de los efectos de esta propuesta restrictiva que el gobierno plantea.
Estamos de acuerdo en mejorar la calidad del gasto. Estamos de acuerdo en ocuparnos del déficit fiscal. Estamos de acuerdo en que la economía atraviesa fuertes tensiones. Y es por esas razones que estamos convencidos de que la preocupación central del gobierno deben ser las grandes mayorías, los que siempre quedan a la vera del camino cuando hay cimbronazos como los que hoy vivimos. Y esa situación tan compleja se atiende con recursos y políticas focalizadas, no con expresiones de deseos de un gobierno que ve el deterioro social pero apuesta con fuerza y convicción al malla oro.
Nos prometieron los mejores cinco años de nuestras vidas. Seguimos esperando…
(*) Diputado por el Frente Amplio. Fundador de Convergencia Popular.
