Por Conrado Rodríguez (*) | @Dip_ConradoRod
El 2017 va llegando a su fin. Con él, viene el balance de los distintos acontecimientos que fueron marcando la agenda del acontecer nacional, que señalan el grado de avance o retroceso de las distintas aristas de nuestra sociedad.
Desde hace algunos años venimos advirtiendo el grado de deterioro ético y moral en la gestión pública. La situación particular de las empresas públicas han sido solo la punta de una madeja bastante más enredada y extensa de lo que se creía. Hace un tiempo el ministro Astori reconoció que estas empresas estuvieron en situación de descontrol durante el gobierno de Mujica. A modo de ejemplo, y en el caso de Ancap, su deuda pasó de US$ 339 millones en 2005 a US$ 2.173 millones en el 2014, lo que ameritó una capitalización histórica por parte del Estado de US$ 622 millones en enero de 2016. La evidencia del despilfarro, la desidia, la falta de gestión -y lo que la Justicia determine-, mostraron las graves falencias de quienes llevaron a la empresa a esa situación. Esa crisis ética se profundizó aún más cuando la sociedad se enteró de los cuantiosos gastos que realizó el ex vicepresidente Raúl Sendic con la tarjeta corporativa del Ente mientras estuvo al frente de la misma.
El abuso en la disposición de dineros públicos con fines personales, la mayoría de ellos sin justificación alguna, abrieron un enjuiciamiento público, al que le siguió un informe lapidario de la Junta Anticorrupción, que acabó con su renuncia a la vicepresidencia. Este hecho fue de medular trascendencia, porque fue la primera vez en la historia que un vicepresidente de la República renunció a su cargo, y porque se trata de una renuncia efectivizada por la presunción de corrupción de una figura pública de la más alta jerarquía dentro del gobierno. Algunos, primero lo respaldaron, diciendo que era “el bullying más fantástico” que habían visto en su vida, otros pretendieron quitarle trascendencia, minimizando el asunto hasta el ridículo de circunscribirlo a la compra de un “short”, y otros finalmente quisieron pasar rápidamente la hoja, sin una sanción por parte del Plenario del Frente Amplio, para que no salpicara el futuro de esa fuerza política.
Demostración esta de que valores como la transparencia, esenciales en toda democracia, ya dejaron de ser pilares inconmovibles en la retórica Frentista. Con la renuncia, para el Frente Amplio ya no hay nada que esclarecer, nada que imputar en la conducta de un hombre público acusado de un actuar alejado de la debida probidad que marca la historia del ejercicio público de nuestro país. Ahora solo cabe el silencio y el olvido.
Principios republicanos que también fueron heridos cuando el presidente de un Ente Autónomo decidió lanzarse a la palestra política partidaria, cuando de forma expresa manifestó su intención de postularse a la Presidencia de la República, ejecutando actos públicos de carácter político, en clara violación de la disposición constitucional que intenta preservar la libertad de los electores sobre la preminencia jerárquica e institucional en la que se encuentran los directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
La confirmación de esa misma conducta se dio con la proyección y luego aprobación del multicitado artículo 15 de la última Rendición de Cuentas o con la resolución del otorgamiento de un subsidio de forma ilegítima por parte de la vicepresidenta Topolansky. La primera, una norma de cúneo antirrepublicano e inconstitucional, que pone en tela de juicio la separación de poderes al supeditar el cumplimiento de una sentencia judicial, a la iniciativa de otro poder del Estado como el Poder Ejecutivo, y a la aprobación de otro poder como el Poder Legislativo, que viola también el principio de igualdad al establecer distintas categorías de acreedores, el de la seguridad jurídica y el de la tutela jurisdiccional efectiva; todo con el afán de no dar cumplimiento a ciertas sentencias judiciales. Garantías de una República que se ven sacudidas ante el embate de las mayorías circunstanciales que otorga un poder que siempre deber ser reglado, aunque algunos pretendan que así no sea.
La segunda, una resolución viciada de ilegitimidad manifiesta que viola el artículo 77 Nº 10) de la Constitución de la República, al otorgar un subsidio a un legislador –el vicepresidente lo es- sin haber “cumplido el período completo para el que fue elegido”. Si bien por la presión de la opinión pública y los recursos administrativos que presentamos, Raúl Sendic decidió esperar a marzo de 2020, según lo dice la norma, hasta ahora no hemos tenido noticia que se revocara esa resolución.
Este tipo de accionar, socaba las garantías de todos los ciudadanos a que se respeten sus derechos y se reglen los deberes de las autoridades públicas sin distinciones, todo lo cual produce una mancha muy espesa sobre la historia republicana del Uruguay, que será difícil de borrar.
Finalmente el año se va con la interpretación antojadiza del Frente Amplio de querer hacer decir a la Constitución, lo que ésta no dice, a la hora de querer interpretar la misma en términos que habiliten el voto desde el exterior. Eso fue lo que ocurrió en la última sesión de la Cámara de Representantes, que terminó aprobando –solo con votos del oficialismo y de Unidad Popular- una “interpretación”, que más que interpretación es un intento de reforma de la propia Constitución a través de una ley, lo que claramente es inconstitucional. Pero también se va con el presidente de la República haciendo una arenga político-partidaria desde un comité de base, lo que lo aleja de su función como primer mandatario. Todas esas situaciones preocupan, porque los valores republicanos que creíamos insertos en la piedra maciza de nuestra nacionalidad, se ven amenazados una y otra vez por quien ejerce el poder, en la determinación de que lo importante son los “objetivos superiores” que creen los animan, y no en el cumplimiento de reglas democráticas, que permitan avanzar con libertad e igualdad.
Muchas otras cosas importantes han sucedido a lo largo del año que sin dudas preocupan, como en el área económica con la pérdida de empleos o el cierre de empresas emblemáticas, o en el área de la seguridad con índices delictivos y de violencia alarmantes que no han podido ser abatidos por más dinero que se ha puesto al servicio del Estado, o en la Salud con denuncias de corrupción en ASSE o con procesamientos por estafas al Fonasa; pero debemos ser conscientes que cualquier conquista social que podamos lograr requiere estar asentada en valores republicanos, que permitan el ejercicio real de derechos, con verdadero control sobre quienes administran el poder.
El gran desafío que tenemos por delante es lograr un cambio en el país que mejore las políticas públicas, para que sean verdaderamente efectivas, donde el ciudadano sea el centro y depositario de sus efectos, para promoverlo y estimularlo a que crezca y se desarrolle, beneficiando a la sociedad, siempre en el marco de las garantías que ofrece un Estado de Derecho. Rescatemos la República, fortalezcamos sus valores y alejémosla de todo aquello que pretenda socavarla. Solo así seremos capaces de crecer con justicia y en libertad.
(*) Diputado del Batllismo – Espacio Abierto – Partido Colorado
