Por Iván Posada (*) | @IvanPosada33
Por estos días, finalmente, la Cámara de Diputados aprobará con varias modificaciones el proyecto de ley enviado por la Cámara de Senadores que reforma el sistema de jubilaciones y pensiones de nuestro país.
Los datos demográficos a los que hicimos referencia en nuestra nota anterior no dejan lugar a dudas: envejecimiento de nuestra población, reducción en 20 años de la población en edad de trabajar, aumento de la sobrevida esperada después de cumplir 60 años en 27 años hacia 2065-2070, reducción de la tasa de fecundidad a 1,38 hijos por mujer en edad fértil en 2021(1) y, en consecuencia, el inicio de un proceso de reducción de la población, todos datos que determinan que la reforma de jubilaciones y pensiones es necesaria e imprescindible para darle sostenibilidad financiera y económica en el largo plazo.
Al margen de estos datos que son claros, concretos y contundentes, cabe preguntarnos qué pasa si no hay reforma, cuáles serían las consecuencias si no prosperara.
De mantenerse el escenario actual, los egresos para el pago de pasividades de los subsistemas estatales (Banco de Previsión Social, Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas, Servicio de Retiro y Pensiones Policiales) aumentarían casi 1 punto del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos 20 años y casi 2 puntos del PIB hacia 2060. El PIB del año 2022 estuvo en el orden de 66 mil millones de dólares, o sea que cada punto del PIB son 660 millones de dólares.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó recientemente los datos relativos a la estimación de la pobreza en base a la Encuesta Continua de Hogares, por el método del ingreso correspondiente al segundo semestre de 2022.
Un cuadro que resulta especialmente relevante es la incidencia de la pobreza en las personas, según grupo de edades. La estimación del total de pobreza en todo nuestro país es de 9,1%(2). Sin embargo, la población comprendida entre los tramos menores de seis años, de seis a 12 años y de 13 a 17 años es de 16,5%, 17,3% y 15,3% respectivamente. O, dicho de otra manera, la mayor concentración de la pobreza en el Uruguay está en los niños, niñas y adolescentes. A pesar de que estos datos están por debajo de las estimaciones realizadas en el segundo semestre de 2021, seguramente por la incidencia de las mayores transferencias dispuestas en la Rendición de Cuentas aprobada en 2021 y otras medidas del gobierno, la tendencia continúa invariable.
La contracara es que la estimación de la pobreza es de 2% en mayores de 65 años. Aun en los momentos en que la crisis de la pandemia impactó en nuestra sociedad aumentando los niveles de pobreza, la estimación en este tramo etario no superó el 2,3%.
Desde hace mucho tiempo, nuestro país tiene un imperativo ético que es revertir los niveles de pobreza en la infancia y la adolescencia que constituyen uno de los principales rasgos distintivos de la pobreza en Uruguay. Si además estos niños y jóvenes son los más rezagados desde el punto de vista educativo, son los que desertan más tempranamente del sistema educativo, y serán los menos capacitados para acceder a un mercado laboral que cada vez requiere mayores niveles de formación y especialización. Por ende, sus niveles de ingresos serán insuficientes para superar la pobreza y el modelo de reproducción social de la pobreza seguirá inalterable.
Pero, además, está debidamente demostrado por la ciencia que estudia el desarrollo neuronal que en los niños que entre cero y dos años padecen déficit nutricional o de bienestar, esos hechos tienen un impacto directo en el desarrollo cognitivo y sensitivo, ingresando al sistema educativo con desventajas que arrastrarán durante todo su proceso formativo.
Los recursos son escasos, y lo cierto es que nuestro país tiene una cobertura de seguridad social para los mayores de 65 años cuyo impacto positivo se muestra en ese 2% de personas pobres.
Estos datos corroboran que nuestro país “registra una ratio entre pobreza infantil y pobreza en adultos (en particular, adultos mayores) que lo ubica entre los países con mayores niveles de desigualdad entre grupos de edad en el acceso al bienestar, en perjuicio de las generaciones más jóvenes”(3).
La relación entre la pobreza infantil y adolescente con respecto a la pobreza en los adultos mayores permanece prácticamente inalterable en los últimos años, a pesar de la reforma de la salud, la reorientación de las transferencias de asignaciones familiares o las escuelas de tiempo completo.
Hace algunos años, en octubre de 2017, el actual Asesor en Planeamiento Estratégico de Naciones Unidas en Uruguay, Dr. Gustavo de Armas, nos planteó un desafío que el sistema político uruguayo debe asumir, sin mayores dilaciones: poner fin a la pobreza infantil en Uruguay.
Como bien lo expresa De Armas: “Avanzar hacia la erradicación de la pobreza monetaria en la infancia (que hoy afecta a unos 160 mil niños y adolescentes) implicaría prácticamente eliminar la pobreza monetaria en toda la población, ya que no es teórica ni operativamente posible enfrentar la pobreza de los niños y adolescentes al margen de sus familias”.
De Armas pone énfasis en diversos avances en cuatro sectores específicos de política social (asistencia social, educación, salud y seguridad social) que se concretaron en las últimas tres décadas. Y comenta: “Este crecimiento del gasto público social en infancia con relación al PIB (de un promedio de 3,1% en el quinquenio 1990-1994 a 6%, aproximadamente, en los primeros años de este decenio) contribuyó a reducir o moderar el sesgo proadulto que ha caracterizado al gasto público social en Uruguay.
Si bien los recursos presupuestales que el Estado uruguayo dedica a la infancia (en las áreas de asistencia social, educación, salud, seguridad social y vivienda) han aumentado durante los últimos 30 años, tanto en términos absolutos como con relación al gasto público total y al PIB, el Estado uruguayo sigue haciendo un esfuerzo macroeconómico inferior al que se observa en los países más desarrollados para asegurar el bienestar de la infancia y promover su desarrollo a través de políticas sociales. Esos países, cabe acotar, destinan un porcentaje mayor del PIB a las políticas que directa o indirectamente benefician a la infancia, aun cuando tienen pirámides poblacionales más envejecidas que la de Uruguay y, por ende, una mayor presión o demanda de los adultos mayores por los recursos dedicados al área social”.
La reforma de las jubilaciones y pensiones tiene como objetivo fundamental poner como tope que las transferencias a la seguridad social no superen los 10 puntos del PIB. Cuando la próxima semana se discuta finalmente la aprobación de la reforma, el gran dilema al que se enfrenta la Cámara de Diputados es resolver si mantenemos el nivel creciente de transferencias a la seguridad social para financiar las jubilaciones y pensiones, o si optamos por ponerle tope, para que, de una vez por todas, fijemos como prioridad futura del gasto público revertir definitivamente la pobreza de niños, niñas y adolescentes.
A pesar de que para algunos son conceptos perimidos, nosotros, los independientes, nos definimos como un partido de izquierdas. Como tal, creemos que la búsqueda de igualdad en el punto de partida para todos los niños y niñas nacidos en nuestro país es un imperativo ético. Estamos convencidos, como expresa Gustavo de Armas, de que erradicar la pobreza monetaria en la infancia y adolescencia es eliminar la pobreza monetaria en toda la población. Por tales razones, la semana próxima, con nuestro voto, sin dudarlo, reafirmando nuestras convicciones, les estaremos poniendo tope a las transferencias a las jubilaciones y pensiones, para permitir que la erradicación de la pobreza infantil y adolescente sea definitivamente la prioridad de las políticas sociales.
(*) Diputado por Montevideo – Partido Independiente.
Referencias:
(1) Se necesitan 2,1 hijos por mujer en edad fértil para mantener la actual población.
(2) El total de personas bajo la Línea de Indigencia es de 0,2%.
(3) Comentario extraído de “Poner fin a la pobreza infantil, un objetivo posible para la política pública”, Gustavo de Armas, Unicef Uruguay, octubre de 2017.
