Por Alejandro Sánchez (*) | @pachasanchez
Las Rendiciones de Cuentas de cada gobierno, además de ser una instancia donde se informan los gastos de nuestros organismos públicos, deberían reflejar los resultados de las políticas públicas aplicadas hasta el momento. En este caso, en ocasión del tratamiento de la Rendición de Cuentas 2022, nos permite evaluar a una administración con más del 60% de su mandato cumplido.
De alguna manera, la Rendición nos brinda una oportunidad para caracterizar la política económica del gobierno, dónde fija sus prioridades y cuáles son los resultados para la población.
El primero y más relevante es la pérdida de salario real por tres años consecutivos: en el 2022 cerró en un promedio 3,7% por debajo del 2019 y en el 2023 alcanzó los datos de aquel año. Esto tiene un impacto a la baja en las jubilaciones y pensiones en tanto ajustan por el IMS. Eso muestra un estancamiento de los ingresos de los pasivos. De hecho, en el período 2020-2022 hay una caída del 0,2% del monto de jubilación promedio. Esto fue planificado, ya que una de las formas de achicar el gasto era conteniendo a las jubilaciones y recortando salarios públicos, y la única manera de hacerlo era recortar los salarios reales de todos los trabajadores.
El segundo elemento que caracteriza a la política económica es un marcado descenso de la inversión en infraestructura. Para hacer una comparación debemos tomar el período 2020-2022 con el trienio 2015-2017, ya que son los años comparables en tanto es la obra ejecutada. Entre el 2015 y 2017 se constata una inversión total de 6.900 millones de dólares corrientes y, en el periodo 2020-2022, una inversión de 6.100 millones de dólares corrientes, es decir, un recorte de 800 millones dólares, lo que en términos reales sería un recorte del 14% de la inversión en infraestructura.
Este descenso de la inversión tiene como resultados el poco avance en las diferentes áreas estratégicas de nuestro país.
En materia de telecomunicaciones, en el período anterior se construyó el Data Center de Antel (uno de los más avanzados de Latinoamérica). En este, ninguno. Se instaló el cable submarino para conectar con Brasil, Argentina y Estados Unidos de manera de mejorar la velocidad de internet. Pero en este periodo ninguno tenía cable submarino. En relación a la fibra óptica, se instalaron 1.396 km/año en el quinquenio 2015-2020 y 2.394 km/año en el periodo 2012-2019, y 800 km/año en 2020-2022.
En materia de energía, la potencia instalada solo aumentó un 0,4% en este periodo 2020-2022, cuando en el periodo 2015-2017 fue un 14%. Se realizó la central térmica Punta del Tigre que permite ser contingencia de la energía renovable y en materia de combustibles fósiles se mejoró la calidad al realizar la planta desulfurizadora. Ninguna inversión relevante se realizó en materia de energía, ni para ampliar la oferta ni para mejorar la calidad ni para bajar sus costos.
En materia de infraestructura vial, la calidad de las rutas casi no ha mejorado estos tres años. De hecho, eso mismo muestran los datos del Ministerio de Transporte. Por ejemplo, al tomar la evolución del estado de confort, que es un índice de calidad de nuestras rutas, del 2015-2017 este índice mejoró un 9% y en 2020-2022 decreció 0,9%.
Por último, según el Instituto Cuesta Duarte, el gasto público social ejecutado en 2022, es decir, el gasto destinado a educación, salud y vivienda, “fue inferior al ejecutado en 2019 en términos reales (registró una caída de 2,1%). Esto representa aproximadamente unos 93 millones de dólares menos –a precios constantes– en 2022 que lo ejecutado en 2019. Además, en el acumulado 2020-2022 significó un recorte de unos 411 millones de dólares en las áreas vinculadas al GPS”.
El gobierno ha repetido como un mantra que era preciso cuidar las cuentas públicas. Nos encontramos con un déficit fiscal similar al de 2019 y con una deuda bruta que creció en 13.000 millones de dólares en 2019-2023. Para comparar, del 2005 al 2019 creció 17.000 millones de dólares. Solo en 2022 hay un crecimiento de 5.400 millones, un récord anual de los últimos 23 años.
A su vez, vemos que determinados resultados de la política económica sugieren un modelo que incrementa la desigualdad. Hay trabajadores con salarios sumergidos como lo expresa un informe del Cuesta Duarte, con 100.000 “veinticinco mil pesistas” más que en 2019. A su vez, hay 42.000 pobres más que en el 2019, pero tenemos un récord de depósitos en el exterior en 2022 que llegó a los 10.000 millones de dólares, 3.500 millones más que en el 2019, según un informe de AEBU.
Podemos caracterizar a un gobierno que, hasta el momento, no ha brindado un presente mejor para la gran mayoría de nuestra población, que no ofrece un futuro esperanzador y que ha permitido que el trabajo de todos los uruguayos se concentre en menos manos a través de una política económica deliberada para ese propósito.
(*) Senador del Frente Amplio.
