Buenos Aires, 29 abr (EFE).- El arresto domiciliario que recibieron cientos de presos por pertenecer a grupos de riesgo en medio de la pandemia de coronavirus en Argentina genera un amplio debate por el rechazo de familiares de víctimas y la advertencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de iniciar juicio político a los magistrados que lo avalen.
La salida de los presos de la cárcel desata preocupación tanto en las autoridades como en la sociedad y en la redes se multiplicaron las convocatorias a un «cacerolazo» este jueves en repudio al accionar judicial.
El presidente de Argentina, el peronista Alberto Fernández, avaló días atrás el beneficio para los reclusos en grupos de riesgo porque «la cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa donde el contagio puede darse con mucha facilidad» y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas» para estos casos.
Hasta el momento, se estima que en todo el país cerca de 1.300 presos obtuvieron el beneficio de arresto domiciliario por la pandemia de la COVID-19, en el marco de un sistema carcelario con superpoblación y en el que gran parte de los reclusos debe pagar sus condenas en condiciones de hacinamiento.
Pero la prisión domiciliaria de los reclusos, que protagonizaron ya en los últimos días varios motines violentos en las cárceles en reclamo de este beneficio, medidas sanitarias y otras demandas, divide al oficialismo y levanta críticas de la oposición, al tiempo que familiares de víctimas y diversos colectivos reclaman a la Justicia que proteja a la sociedad.
PRESOS EN ARRESTO DOMICILIARIO
La mayoría de los reclusos que recibió el arresto domiciliario reside en la provincia de Buenos Aires, donde el juez de Casación Penal Víctor Violini dictó un amparo colectivo que benefició a cientos de personas en privación de la libertad.
Ante las fuertes críticas que recibió por su resolución, Violini aclaró a través de la red social Twitter que el hábeas corpus colectivo que dictó «no permite el arresto domiciliario de delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia».
Sin embargo, este magistrado otorgó prisión domiciliaria a un hombre de 68 años acusado de abuso sexual de una niña, según informaron fuentes judiciales.
PREOCUPACIÓN Y RECLAMOS POR LAS EXCARCELACIONES
Familiares de víctimas y diversos colectivos se pronunciaron en las últimas horas en contra de la excarcelación de reclusos.
«Mi familia y yo sabemos lo que es vivir con los asesinos sueltos durante muchísimos años, no queremos que nadie pase más por esto», aseguró Roberto Almeida, cuya esposa fue asesinada, y pidió al Poder Judicial que «por favor tengan buen criterio a la hora de firmar los beneficios que correspondan y se tomen también el tiempo que corresponda».
La agrupación Familiares Atravesados por el Femicidio, el colectivo Actrices Argentinas y entidades feministas también rechazaron que se otorgue el arresto domiciliario a «aquellas personas que ya han demostrado que son peligrosas para la sociedad».
El comunicado de Actrices Argentinas advierte que «es de público conocimiento que detenidos y procesados por violación, abuso y violencia de género fueron beneficiados con prisión domiciliaria» y reclama: «Pedimos que se dispongan recursos que garanticen medidas sanitarias para la población penitenciaria, pero exigimos que eso no implique poner en peligro a mujeres, diversidades y niñes».
El intendente (alcalde) de la localidad bonaerense de San Miguel, Jaime Méndez, denunció que en su municipio liberaron a reclusos con causas por «robo agravado, abuso sexual, estafa, extorsión, privación ilegítima de la libertad y venta de drogas» y alertó que «los presos vuelvan a sus casas y barrios, los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron su detención, claramente no es la solución».
Méndez señaló al canal TN que en los últimos días recibió «muchos mensajes de preocupación de parte de los vecinos» y advirtió que esto «desalienta mucho a las fuerzas de seguridad».
JUICIO POLÍTICO A MAGISTRADOS
El presidente de la Cámara de Diputados se pronunció en contra de la excarcelación de presos y alertó que podría llevar a juicio político a los magistrados que no cumplan con la norma que brinda derechos y garantías a las víctimas o sus familiares.
«Estoy sacando una instrucción para que en los casos en que los jueces no cumplan con la Ley de la Víctima y no les den vista y se proceda a la liberación de un delincuente, le iniciamos un juicio político, porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces los tienen que cumplir», sostuvo el legislador peronista.
El titular del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, afirmó este miércoles que Massa «plantea algo razonable si no se contempla a la víctima».
Al recibir una petición de arresto domiciliario, el juez debe evaluar «de forma precisa y razonable» los informes médicos que sostengan que el detenido se encuentra «en situación de riesgo por una cuestión de salud preexistente que se agravaría en caso de coronavirus» y actuar en consecuencia, señaló Lugones en declaraciones al canal noticioso TN.
LA RESPUESTA A LA POLÉMICA
En medio de la controversia, y mientras en Twitter lideraba la lista de tendencias la etiqueta #NoLiberenALosPresos, Alberto Fernández salió a aclarar su postura en la misma red social.
«Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados», comenzó escribiendo en una larga cadena de mensajes.
A lo ya expresado días atrás, el mandatario remarcó que mientras Gobiernos de otros países «han dispuesto libertades tratando de minimizar» el riesgo de contagio en las prisiones, por conmutación de penas o indultos, en lugares como Argentina la solución del problema «está en manos de los tribunales», que son los que de considerarlo necesario, «disponen libertades».
«Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema», indicó el presidente, que criticó que se haya hecho una «malintencionada campaña» en redes y medios de comunicación «induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales».
«Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida», concluyó.
