El comienzo del año trajo cambios importantes a nivel tributario, que forman parte del plan de “consolidación fiscal” como lo llama el gobierno, o de “ajuste fiscal”, al entender de la oposición. También hubo aumento de tarifas en algunos servicios públicos y desde el pasado martes 3 de enero rige una suba de combustibles. Asimismo, las jubilaciones tuvieron un nuevo aumento, creciendo en términos reales por decimotercer año consecutivo.
Parte de la suba de tarifas es para la cobertura del aumento de costos del propio gobierno, pero otra parte, está destinada a mejorar las deterioradas cuentas públicas, que alcanzan un déficit de 3,7% del PIB en el año móvil cerrado a noviembre.
El ministro de Economía, Danilo Astori, destacó en declaraciones a radio El Espectador que solo el 20% de la población se verá afectada por los cambios impositivos, mientras que la totalidad de la población se verá “beneficiada con la importante reducción de cuatro puntos de rebaja del IVA”. “Que algunos van a pagar un poco más de renta es verdad, pero todos van a pagar menos impuesto al valor agregado”, fundamentó el jerarca.
En primer lugar, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en su categoría II (rentas al trabajo) aumentó sus tasas de imposición a partir de la cuarta franja del impuesto, que a valores de 2016 estaba ubicado en $ 50.101 (para determinar el monto exacto, falta determinar el aumento que tendrá la BPC, la cual se anunciará en los próximos días, aunque posiblemente se vuelva a ajustar por inflación. De acuerdo al Ministerio de Economía, son unas 293.000 personas las que se verán afectadas por el aumento. También cambió el régimen de deducciones que pasan a una tasa fija de 10% para aquellos ingresos menores a 15 BPC mensuales, y de 8% para quienes superen ese monto.
Por otra parte, el IRPF Categoría I (rentas del capital) tendrá un aumento de tasa del 3% al 7% para los intereses de depósitos en moneda nacional y Unidades Indexadas superiores a un año en instituciones financieras de plaza; los intereses de obligaciones y otros títulos de deuda emitidos por entidades residentes con plazo mayor a tres años y en rentas de certificados de participación de fideicomisos financieros con plazo mayor a tres años. Asimismo, se aumenta de 5% al 7% la tasa a los intereses de depósitos en instituciones financieras a un año o menos en moneda nacional, y se gravarán las utilidades no distribuidas que tengan una antigüedad mayor a tres años, a una tasa de 7%.
En otro orden, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) aumenta a partir de su segundo tramo (más de 15 BPC mensuales) de 20% a 24% y para el tramo superior a las 50 BPC pasa de 25% a 30%.
Si bien el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) mantiene su tasa de 25%, a partir de este año los servicios personales están obligados a liquidar el impuesto en base real cuando prestan servicio a otra sociedad contribuyente de IRAE de la que sean socios o accionistas. También se comienza a gravar a una tasa del 7% la distribución de utilidades de sociedades que optaron por tributar IRAE prestadoras de servicios personales fuera de la relación de dependencia.
La buena noticia en materia de cambios tributarios tiene relación a la rebaja del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de cuatro puntos para aquellas transacciones realizadas a través de medios electrónicos (hasta 2016 era de dos puntos), por montos inferiores a las 4.000 unidades indexadas. Anteriormente la rebaja era de dos puntos.
De acuerdo a las estimaciones oficiales, los cambios en IRPF, IASS e IRAE le reportarán US$ 385 millones a las arcas del Estado, mientras que la rebaja del IVA le significará una pérdida de US$ 50 millones, por lo que se espera un saldo positivo de US$ 335 millones para las arcas públicas.
Otro dato positivo es el aumento de 10,56% que rige desde el primero de enero para las jubilaciones y pensiones. El vicepresidente del BPS, Gabriel Lagomarsino, destacó que “se cumplen 13 años consecutivos, desde el año 2005, de aumento real (por encima de la inflación) en la pasividad”, logrando que en ese período se haya duplicado el poder de compra de las jubilaciones más bajas.
En otro orden, desde el primero de enero también comenzaron a regir las nuevas tarifas de electricidad (que tuvo un incremento de 7,5%, salvo en el caso de “tarifa social”), telefonía (8%) y agua (8,2% y 7,3% sobre el cargo fijo), y desde el pasado martes 3 de enero rigen los nuevos precios de los combustibles, que tuvieron un aumento promedio del 8%. De esta forma, la nafta Premium 97 pasó a costar $47,60, la Super 95 $45,90, el Gasoil 50S $41,80 y el 10S $53,10.
