La decisión del gobierno de incrementar la Tasa Consular a las importaciones fue duramente cuestionada por académicos especializados en comercio internacional, quienes valoraron la decisión como “incoherente” y “bastante absurda”. A su entender, el impacto caerá sobre los consumidores uruguayos y advirtieron que se trata de un “cambio en las reglas de juego” para las inversiones. Además, estimaron que de avanzar en las negociaciones con la Unión Europea (UE) la tasa “va a ser eliminada por la realidad”.
Por Ricardo Delgado | @ricardo_dl
Estaba prevista su eliminación. Así se había comprometido Uruguay ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en las dos últimas revisiones de la política comercial del país. Sin embargo, el último proyecto de Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento va por el camino opuesto y propone un incremento de la tasa consular (actualmente de 2%) en un punto porcentual para los países del Mercosur y en tres puntos para los países por fuera del bloque, quedando en 3% y 5%, respectivamente.
El ministro de Economía, Danilo Astori, aseguró que se trata de una medida “provisoria” y que a partir de 2020 regirá un cronograma de desmantelamiento de la tasa. El objetivo con este incremento es el de mejorar las cuentas públicas y lograr reducir el déficit fiscal.
Sin embargo, varios expertos en comercio internacional estimaron durante el evento “Tasa consular: impactos directos e indirectos en la economía” organizado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS), que la medida es inconveniente e “incoherente” con la política exterior que apunta a lograr una mayor apertura.
“El pecado es haber convertido una política de corte fiscal en una política comercial”, opinó Isidoro Hodara, catedrático de comercio internacional en la Universidad ORT.
Como primer comentario, Hodara aclaró que más allá de su nombre la tasa consular no es una “tasa” sino lisa y llanamente un impuesto, ya que una tasa implica una contrapartida por su cobro, algo que no ocurre con ese tributo. Explicó que la primera referencia histórica que encontró del impuesto en cuestión data del presupuesto de 1953, un momento histórico de “apogeo del modelo de sustitución de importaciones”. A su vez, indicó que “ni en esa ley, ni en ninguna posterior” se le requirió al cónsul verificar el precio o las unidades que constaban en los documentos. “Simplemente se limitaba a colocar un sello de que había tenido ante sus ojos ese documento. (…) Así que de servicio prestado, tiene muy poco, por no decir nada”, indicó Hodara.
Por su parte, Marcel Vaillant, profesor de Comercio Internacional en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, agregó que luego de ese período de política de sustitución de importaciones Uruguay vivió un proceso de apertura comercial gradual que comenzó en los 70 y tuvo “su pico” a comienzo de los años 90, momento en que se eliminó la aplicación de la tasa consular. Sin embargo, recordó que por motivos fiscales pero “en una situación extraordinaria muy distinta a la que estamos viviendo hoy” se reinstauró el impuesto durante la crisis del 2002.
“Absurda”
Vaillant fundamentó que las modificaciones propuestas en la Rendición de Cuentas dejará varios niveles de aplicación de la tasa consular: 0% en el caso del comercio con México (debido al Tratado de Libre Comercio vigente con ese país), un 3% para los países del Mercosur y un 5% para el resto del mundo. Evaluó que “este tipo de discriminación” genera una situación “bastante absurda”.
También evaluó que la decisión adoptada por el equipo económico de aumentar la tasa, en lugar de ir hacia su eliminación, es “una herida importante” en la intención de rescatar el comercio dentro del Mercosur, justo en el momento en que hay un cambio de escenario y los países vecinos se muestran proclives a lograr una mayor apertura.
En tanto, el director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi, interpretó que la decisión de las autoridades es “una incoherencia de la política exterior de Uruguay”, ya que por un lado se apunta a avanzar en una mayor apertura, pero por el otro se incrementa este tributo.
De acuerdo al catedrático, “esta tasa debería ser eliminada”. Sin embargo, se va por el camino contrario y se aplica un porcentaje de 5% para la zona extra-Mercosur, lo cual es “una suba significativa”. Bartesaghi invitó a pensar “qué va a opinar la Unión Europea” y adelanto que un negociador europeo ya le confió que no se va a aceptar este aumento de la tasa. “Va a ser eliminada por la realidad”, aseguró.
“Otra daga sobre la certidumbre”
Para el experto de la Universidad Católica, el aumento del tributo recaerá mayormente sobre los consumidores uruguayos. “Este es un país caro, y ahora le sumamos una tasa adicional que termina significando un aumento de un impuesto al consumo”, lamentó Bartesaghi.
Por su parte, valoró que lo más grave de la decisión del gobierno es que se “cambian las reglas de juego” en un país donde se defienden las inversiones garantizando el respeto de las mismas.
Hodara en tanto, estimó que más allá del aumento de la aplicación de la tasa consular a la región “es posible que nuestros socios del Mercosur nos agradezcan”, ya que con los cambios, se está aumentando la diferencia entre los tributos que paga el Mercosur respecto a lo que paga el resto, lo que “habilita un poco más de desvío de comercio” (en lugar de importar fuera del bloque se fomentan las importaciones de la región).
Para Vaillant, “lo más grave” es que la medida no se hace por un interés proteccionista del país, sino que se aplica para encontrar una solución a los problemas fiscales. “Lo más grave que ocurre es que esta reversión de política comercial tiene una magnitud muy importante y es otra daga sobre la certidumbre y sobre las reglas de juego”, estimó el experto, agregando que la certidumbre y el respeto a las regulas de juego son un activo importante del país, sobre todo en comparación a la región, el cual “se ve erosionado con este tipo de medidas”.
Hodara interpretó que “lo primero que se afecta es la credibilidad del país” y que ahora el gobierno deberá explicar a la OMC por qué aumentó un tributo que estaba comprometido a eliminar.
Respecto a la consulta de si se podría crear una lista negra en la OMC (similar a la que tiene la OCDE para los paraísos fiscales), Vaillant negó esa posibilidad porque “si eso pasara el mundo sería muy oscuro”. “La proliferación de medidas proteccionistas en los últimos años ha sido mucho más grande que en Uruguay. Yo no le veo la fuerza política a la OMC para cumplir en ese rol”, estimó.
