La Caja Bancaria atraviesa por una compleja situación financiera marcada por la falta de liquidez, que hace necesaria una reforma de la misma, en una negociación que actualmente abarca al Gobierno, el sindicato bancario (AEBU) y la Asociación de Bancos Privados (ABPU). En este marco, CRÓNICAS consultó a la presidenta de la gremial empresarial, Bárbara Mainzer, quien dio su visión sobre la coyuntura de la CJPB, y la intención de lograr una reforma que brinde “sustentabilidad” a la caja y evitar lo que se hizo en 2008, cuando se estaba con “el agua al cuello”.
La caja actualmente cuenta con 19.616 pasivos y 18.156 activos, saldos que muestran un régimen de reparto con más pasivos que activos, con pasividades por encima del promedio, algo que se suma a la “elevada y creciente” expectativa del colectivo, lo que es insostenible, según lo entiende la entrevistada.
“La situación financiera de la CJPB impactó fuertemente al sector bancario. El hecho de tener una caja con problemas de sustentabilidad, que para hacer frente al pago de pensiones requirió cada vez más recursos, principalmente de las instituciones financieras, es un problema. Esto deriva en que los bancos en Uruguay tengan costos operativos y de personal de los más altos que existen”, declaró Mainzer.
Los bancos, actualmente, contribuyen a la caja con aportes de 25,25%, una cifra alejada al régimen general de aporte patronal, que se sitúa en el 7,5%.
Por lo que esta situación derivó en consecuencias en la rentabilidad de las instituciones bancarias, lo que trajo consigo un encarecimiento de los recursos humanos, que de esa forma desestimuló la contratación de personal de este sector.
Una situación “previsible”
La reforma realizada en 1995 modificó el régimen general y dio un plazo para reformar las cajas paraestatales. Pero lo que buscaba esa reforma no se terminó de concretar, y posteriormente el tema fue abordado, pero no se llegó a concluir lo que se buscaba en un principio, hasta que se llegó a una “situación límite”, que demanda, de manera urgente, un accionar al respecto.
“Iba a llegar un momento en el que se volviera insostenible, era un caso de realidad; la única pregunta es cuándo acontecería. Y los bancos privados desde hace mucho tiempo vienen alertando sobre esta situación”, puntualizó la presidenta de APBU.
Por otro lado, el sindicato bancario –AEBU- ha propuesto que las instituciones financieras realicen mayores aportes, algo que subsanaría esta situación. Ante esto, Mainzer entiende que “siempre se puede decidir poner más impuestos. El problema de esto es que tiene un límite y la situación de la caja bancaria lo muestra claramente. Un aumento adicional de impuestos va a encarecer aún más la estructura de costos en las instituciones, lo que va a llevar a un menor volumen de negocios y una menor base de aportación. El encarecer el negocio, hace que tengas menos negocio”.
En este sentido, agregó que, cuando se hizo la reforma del régimen general, se podría haber decidido aumentar impuestos, pero se consideró que la carga impositiva era “tan alta” que no era “conveniente” y se optó por otro tipo de reforma.
Propuestas
La ABPU espera posicionar a la caja en un camino de “sustentabilidad”, afirmó su presidenta. Esto implicaría aportes más cercanos a lo que es el promedio de la economía y hacer ajustes en el sistema de manera “razonable”.
“Esto no es ciencia ficción, esto es tener la caja en un camino de sustentabilidad y no hacer lo que se hizo en el 2008, cuando con el agua al cuello se hizo una reforma, que para sustentarla, además de aumentar los aportes, se metieron adentro una cantidad de sectores nuevos para aumentar la base de aportación”, aseveró la entrevistada, y agregó que ahora, nuevamente se busca una reforma con “el agua al cuello” y que debe apuntarse a resoluciones de fondo.
Por otra parte, desde AEBU se propone que la Partida Complementaria Patronal (PCP) de las empresas se eleve del 2,5% por 10.000 del activo registrado contablemente, a un 4%. Sin embargo, desde ABPU se oponen a esa posibilidad, argumentando que la PCP grava los créditos que pagan los uruguayos cuando toman un crédito al consumo o un crédito hipotecario, y el empresario cuando va a invertir y generar empleo. “Aumentar la PCP derivaría en un incremento del costo del crédito a la población, algo que sería injusto, además de inconveniente para la economía del país”, remarcó Mainzer.
