Las cuatro gremiales empresariales del sector industrial del Mercosur destacaron la necesidad de mejorar la apertura comercial, pero reclamaron alcanzar un acuerdo equilibrado “reconociendo las diferencias en el nivel de desarrollo entre las partes”. El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) Gabriel Murara, dijo que “se podrá hacer o no, pero no hay que hacerlo por hacerlo”.
La discusión sobre un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur ya lleva varios años. Ya podría hablarse de décadas. Las diferencias en los intereses entre ambas regiones han quedado de manifiesto a lo largo de los años y no son pocas. Nadie busca ceder ventajas.
Desde el plano político, en Uruguay –y también en el resto de la región- suele verse a quienes critican la posibilidad de alcanzar un acuerdo de libre comercio (sea con Estados Unidos, Chile o la Unión Europea) como los sectores ideológicamente más a la izquierda del espectro político. “No al TLC”, suena desde hace tiempo a una pancarta de la izquierda más radical.
En ese sentido, los empresarios parecen estar en la vereda opuesta. Las gremiales que los nuclean suelen insistir en la necesidad de mejorar la apertura comercial del país: acceder a más mercados, lograr acuerdos con otras regiones y países, y reducir los impuestos que se pagan para ingresar a ellos.
Sin embargo, las negociaciones entre el Mercosur y la UE parecen haber encontrado una voz crítica donde no se la esperaba: Las cámaras industriales de los cuatro países que conforman el Mercosur, elevaron a los negociadores del acuerdo, sus discrepancias respecto a lograr un acuerdo tal y como está planteado.
Según un artículo del periódico argentino Página 12 (de línea kirchnerista y opositor al gobierno de Mauricio Macri) las centrales industriales de los cuatro países miembros del Mercosur elevaron ante las autoridades negociadoras del acuerdo con la UE una dura declaración en la que exigen “transparencia” en las negociaciones, plazos y condiciones para que los sectores afectados negativamente por el tratado de libre comercio “puedan transformarse y continuar activos en el nuevo escenario”. Asimismo, llaman a un acuerdo equilibrado “reconociendo las diferencias en el nivel de desarrollo entre las partes”. Ello incluiría –según consigna el citado medio- una “cláusula de desarrollo industrial” y la preservación de diversos instrumentos de protección a la producción y el empleo “fundamentales para el funcionamiento actual y futuro del Mercosur”. Las gremiales aseguran que la oferta que el Mercosur aceptó en esta oportunidad (a excepción de la oferta de exportación de carne) “es mucho peor a la del año 2004 que se rechazó”. “La actual es un certificado de defunción para muchos sectores industriales”, señalan las gremiales, según la información.
Sí, pero no
Consultado por CRÓNICAS, el presidente de la CIU, Gabriel Murara, reconoció que tras una ardua negociación para encontrar un consenso entre las cámaras de los cuatro países del bloque se llegó al acuerdo de que es necesario mejorar la inserción internacional pero midiendo “las condiciones” que se aceptan para ello. “No es fácil cómo se hizo, porque fue un trabajo de los servicios de la Cámara (de Industrias) importante para lograr el consenso de las demás cámaras del Mercosur para llegar a una declaración como la que se hizo”, señaló Murara, reafirmando que fue “una declaración unánime”. “Ahí se manifiesta en el primer punto claramente que nosotros acompañamos la inserción en la economía mundial, pero tenemos que pensar en cómo son las condiciones. A lo mejor el ideal no es un TLC y sí un acuerdo comercial, sobre todo para productos en los que somos más competitivos”, sostuvo el representante industrial.
“No hay que hacerlo por hacerlo, hay que hacerlo porque le sirve a las regiones. Que le sirva a los dos bloques”
A su entender, el acuerdo debe ser “equilibrado” y que “reconozca las diferencias de los bloques”. “Evidentemente que Europa tiene muchos años, tiene muy buena calidad en sus productos en general. Hoy –pongo este ejemplo– sin tratado con la UE uno va a un supermercado y ve la pasta italiana, y ve productos españoles compitiendo con los de la región y los de Uruguay específicamente va a ser mucho más difícil con un tratado abierto. Por eso tiene que ser un tratado que sea equilibrado y que estudie los impactos que pueda tener en los diferentes armados de la industria de la región”, señaló Murara.
De todas formas, sostuvo que las negociaciones siguen siendo dinámicas y los puntos de discordia se irán “afinando”. “Se dará un momento que se podrá hacer o no, pero no hay que hacerlo por hacerlo, hay que hacerlo porque le sirve a las regiones. Que le sirva a los dos bloques”, resumió.
Más allá de eso, Murara destacó que en todas las reuniones con los negociadores del acuerdo, también han participado representantes de las gremiales empresariales. “La CIU, a las reuniones del tratado Mercosur-UE ha mandado técnicos acompañando a las delegaciones y han tenido contacto con las autoridades nacionales muy fluidas. Eso es un tema a destacar por lo menos desde el punto de vista de la comunicación entre los privados y lo público”, destacó.
Lista de pedidos
El informe de Página 12 detalla que “la declaración que la Unión Industrial Argentina y la Confederación Nacional de la Industria de Brasil (con la firma de sus presidentes, Miguel Acevedo y Robson Braga de Andrade) compartieron con sus pares de la Unión Industrial Paraguaya y la Cámara de Industrias del Uruguay, pone el acento justamente sobre puntos en los que, se sostiene, los negociadores del Mercosur fueron cediendo en 2016 y 2017”.
En ese sentido, reclaman –según lo que ya estaría acordado desde 2004- una extensión del período de desgravación de las canastas de bienes, ampliación satisfactoria de cuotas de importación por parte de la Unión Europea para bienes agroindustriales y la remoción de tarifas intracuotas para tales bienes, como parte de un “trato especial y diferenciado” a favor de la parte firmante menos desarrollada. Además piden la eliminación de subsidios europeos a la producción de bienes agrícolas; aplicación de reglas y mecanismos de certificación de origen que impidan la triangulación; mantenimiento de límites al acceso al mercado de compras y contrataciones públicas como herramienta de desarrollo industrial nacional; y el rechazo a la extensión de las patentes y a la protección de los datos de prueba.
