La gremial de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) reclama al gobierno por el costo que significa el cobro con medios de pago electrónico. Desde Cambadu aseguran que todo se ha comunicado al Ministerio de Economía pero “no hay interés” en escucharlos. “No puede ser que el gobierno busque que todos los costos los pague el comerciante o el consumidor”, agregan.
Por Adolfo Umpiérrez | @AdolfoUmpiérrez
Pequeños comerciantes y el Ministerio de Economía y Finanzas continúan sin llegar a un acuerdo favorable para la utilización de medios de pago electrónico, y así evitar mayores perjuicios a autoservicios y almacenes. “Si el gobierno quiere implementar una política [para reducir la circulación de dinero en efectivo], entonces que se haga cargo de los aranceles”, expresó Adrián Cabrera, gerente general de Cambadu, a CRÓNICAS.
El martes, en diálogo con el programa No Toquen Nada de Del Sol FM, Martín Vallcorba, coordinador del programa de Inclusión Financiera, dijo que se están impulsando medidas para bajar los costos que tienen las tarjetas para el comercio. “Por ejemplo, se están dando facilidades tributarias y subsidios a los comercios para que incorporen sistemas de facturación”, detalló. Además Vallcorba aseguró que se acordó con Cambadu constituir un grupo de trabajo con el Ministerio de Economía, “al que luego se incorporarán los emisores, a los efectos de detectar problemas operativos y buscar soluciones específicas”.
Si bien Cabrera reconoció que se han generado “determinados incentivos” para que el comerciante incorpore la operativa y pueda aceptar medios de pago electrónico, la problemática para el comerciante radica en que los aranceles cobrados por los bancos continúan siendo, a criterio de Cambadu, muy elevados. Por razones de mercado “el comerciante se ve obligado a incorporar estos medios de pago para no perder ventas, pero esto no vino acompañado de medidas que reduzcan los costos, y así dar igualdad al comerciante”, sostuvo Cabrera.
Hoy en día, luego de una reducción dada a los aranceles, las tarjetas de débito cobran entre 4,5% y 4,9% de comisión a los comerciantes y las tarjetas de débito retienen el 2,36% de la transacción. “Siempre se recurre al argumento de que el arancel para las compras con débito estaba cerca del 6%, pero era en tiempos que el débito no se usaba. Así que podía estar al 50%, que de todas maneras, si no había ventas, tampoco había arancel”, aseguró Cabrera.
De esta manera, el gerente general de Cambadu denuncia que el único beneficiario de la implementación del pago con dinero electrónico es el sector financiero, “en perjuicio del comerciante o del consumidor”. Dado que los niveles de rentabilidad que tienen las pequeñas superficies hacen que el comerciante absorba el costo, a veces, esto termina trasladándose al consumidor: “Esto no se quiere bajo ningún concepto”, agregó Cabrera. Además de la comisión cobrada por los operadores financieros, “el pago no es instantáneo, y estamos hablando de transacciones electrónicas. Que todavía haya manejo de dinero electrónico que demore 24 o 48 horas, parece inconcebible”, sostuvo.
Cabrera asegura, además, que existe cierto nivel de “colusión” entre los operadores financieros que lleva a que hagan acuerdos y planteen aranceles y modos de contratación para los comerciantes, “que cuentan con menor poder de negociación”. Antes de que entrara en vigencia la ley de Inclusión Financiera, algunos comerciantes daban facilidades para el pago en efectivo y marcaban precios distintos si se abonaba al contado, o con algún tipo de pago electrónico: “Sin embargo en forma coordinada las instituciones emisoras de tarjetas de débito y crédito, con el poder que tienen, se apersonaban en el local y amenazaban con la posibilidad de no permitirle operar”, asegura. A su vez, el directivo del gremio de pequeños comerciantes reclama la posibilidad de que, ante la posibilidad de poder pagar con efectivo o tarjetas, también se permita favorecer a quienes quieren pagar de una u otra forma. Lo cierto es que desde agosto de 2014, si bien no hay obligación de cobrar con tarjeta de débito o crédito, está prohibido favorecer el pago en efectivo: “Son medios válidos de pago, tanto el efectivo como cualquiera de las tarjetas. Una tarjeta puede hacer una campaña en la que ofrece descuentos, bienvenido sea porque favorece al consumidor, pero ¿por qué razón alguien que decide pagar en efectivo no puede tener beneficios?”.
Las tarjetas no se van
A pesar del descontento con los costos que implica aplicar el cobro por medios de pago electrónico, Cabrera asegura que en ningún momento se ha manejado la posibilidad de sacar el cobro con tarjeta de los comercios: “Cambadu no está en contra del instrumento. Un instrumento puede ser maravilloso o nefasto de acuerdo a cómo se use. Creemos que es un instrumento válido, y se trata de una tendencia de la que, en mayor o menor medida todos somos usuarios y está bien que así sea. El tema está en que no viene acompañado de una interpretación acertada de la realidad del comercio y se deben tener en cuenta determinados costos”, sostuvo.
Se estima que, en el sector de los pequeños y medianos comerciantes, se alcanza una rentabilidad neta cercana al 5%. En este sentido Cambadu sostiene que con el nivel de aranceles que se cobran hoy en día, si se plantea una situación en la que la totalidad de las compras se realizan con tarjetas, el negocio se volvería inviable. “Todo esto se ha comunicado al Ministerio de Economía y claramente no hay interés en escucharnos”, dijo Cabrera. “No puede ser que el gobierno busque que todos esos costos los pague el comerciante. Si querés tener alguna política de algún tipo, que el gobierno pague los aranceles”, y agrega, “el medio de pago electrónico no es instrumento en sí mismo perjudicial. El problema está en cómo se maneja. Lo que es claro es que esta fiesta la están pagando entre el consumidor y el comerciante”.
No hay caso
El viernes pasado, Cambadu tuvo una reunión con el ministro de Economía, Danilo Astori, en la que se plantearon estos problemas que presenta la gremial “sin ningún resultado”. “Cuando se trata con el técnico del gobierno que, uno no discute su inteligencia, uno percibe que no se quiere escuchar y tomar el tema tal cual es”, concluyó Cabrera.
