En la discusión por el avance de la Inclusión Financiera en Uruguay, muchos han aludido que la obligatoriedad no es el camino. En esta línea, hay quienes buscan dejar sin efecto la ley a como dé lugar, incluso con la propuesta de una reforma constitucional que la deje sin efecto y le otorgue más peso al uso del efectivo. En medio del intercambio hay quienes han mirado hacia Chile, uno de los ejemplos de Inclusión Financiera exitosa, que no ha necesitado de una ley que la cargue de obligaciones.
Los números de Inclusión Financiera en Chile son contundentes. Según el último informe de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, del otro lado de los Andes el 98% de la población cuenta con algún producto financiero, y entre los adultos chilenos hay un promedio de 5,6 productos financieros por cada uno. A su vez, uno de cada tres adultos posee productos de crédito, ahorro y administración de efectivo. Además, el 52% de la población adulta cuenta con productos de crédito, cifra superior al promedio de la OCDE (45%).
Además, el mismo informe refleja que el 76% de la población adulta tiene algún producto de administración de efectivo, el 72% tiene tarjetas de débito, el 34% tarjetas de crédito bancarias y el 31% tarjetas de crédito no bancarias. En total, el 52% tiene cuenta con algún tipo de tarjeta de crédito en su bosillo.
Entre las instituciones bancarias, el protagonismo en Chile lo tiene la banca estatal. En total estas instituciones entregan productos financieros al 87% de los chilenos, mientras la banca privada lo hace al 46% y el 43% lo hacen otros oferentes.
“La banca privada y otros proveedores de servicios financieros tienen el desafío de participar más activamente en el diseño y desarrollo de políticas de Inclusión Financiera […]”, establece el informe y agrega “la mayor Inclusión Financiera debe ir acompañada por más y mejor Educación Financiera”, algo en lo que varios agentes del sistema financiero en Uruguay coincidieron hace pocas semanas en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, en Montevideo. En el debate del que participaron el CEO de SURA Asset Management Uruguay, Gonzalo Falcone, la presidenta de ANDA, Elisa Facio, el gerente general de Redpagos, Francisco Bello, el gerente general de República Microfinanzas, Luis Murias y el coordinador de Inclusión Financiera del MEF, Martín Vallcorba, todos concluyeron en la importancia de incentivar la educación financiera, así como la confianza en las instituciones que llevan adelante el sistema. Además, mostraron su preocupación por el escaso nivel de ahorro ingresado al sistema financiero que tienen los uruguayos.
En Chile, a pesar de la necesidad de educación financiera que encuentran bancos e instituciones estatales, el uso de instrumentos financieros como modo de pago está extendido a dos tercios de las operaciones. El informe revela que el 66% de las operaciones se realizan con tarjeta de débito, lo que representa el 29% del monto total, mientras que el 35% del dinero que se usa para pagos se realiza con transferencias electrónicas, que representan el 14% de los movimientos.
El 58% de los chilenos acceden a lo que el estudio denomina “inclusión financiera superior”, y se trata de personas que poseen productos con requerimientos de ingreso, como cuentas corrientes, créditos, tarjetas de créditos, sin importar si mantiene o no otro tipo de productos.
Entre tanto, el 40% accede a una “Inclusión Financiera Básica”, y son quienes poseen productos sin requerimientos de ingreso tales como cuentas vistas, depósitos, cuentas de ahorro o tarjetas de débito.
Porque no quieren
“En Chile la no bancarización sería predominantemente voluntaria (falta de demanda) y no necesariamente asociada a dificultades de acceso o asequibilidad (restricciones de oferta)”, establece un estudio presentado por la asociación de bancos chilenos, en marzo de este año. Este estudio presenta la situación chilena frente a dos economías de menor nivel de desarrollo como Malawi y Uganda, y evalúa el efecto de remover barreras de acceso a cuentas como costo y trámites para hogares no bancarizados. “Los resultados muestran que solo el 17% de los hogares chilenos accedió a la oferta, mientras que en los otros países esta cifra superó el 50%, lo que sugiere que en Chile ser no bancarizado es una opción”, concluye. “En este sentido, el gobierno ha dado un importante paso con la activación de la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera, en cuya instancia público privada participa la Asociación de Bancos. Por su parte, los bancos han creado una amplia y diversificada gama de iniciativas encaminadas a mejorar la educación financiera”, agrega.
En Uruguay
De este lado del continente, los esfuerzos por mantener políticas de Inclusión Financiera se dan de cara con una campaña que busca la derogación de la ley mediante una enmienda constitucional. En este sentido, en los desayunos de ADM realizados el 17 de agosto, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri había asegurado que el proceso de Inclusión Financiera en Uruguay se daría aún con la ausencia de la ley, por una simple tendencia global hacia el abandono del efectivo.
A su vez defendió el proyecto alegando que los trabajadores «han ganado libertad» porque acceden personas que antes quedaban fuera del sistema financiero. «Hoy los trabajadores pueden elegir dónde cobrar su salario y hay obligación por parte de los bancos de tratar a todos los trabajadores por igual, sin importar el monto que cobren», agregó y sostuvo que esto reduce la brecha de inequidad a la hora de algunos costos como son las tasas máximas de crédito que en los bancos tienen un máximo de interés anual de 40% y en las entidades no bancarias llegan a 147%.
El cambio en el hábito de los uruguayos fue notorio en los últimos años. En 2011 el 1% usaba la tarjeta de débito como forma de pago y el 99% de las veces la utilizaba para retirar dinero del cajero. Hoy los pagos con débito llegan al 25% de las operaciones.
