La Sociedad Uruguaya de Personas organizó un debate acerca del proyecto de ley impulsado por el diputado por el Partido Nacional (PN), Javier Radiccioni, que busca regular el funcionamiento de las agencias de empleo. El asunto, que se encuentra en tratamiento por la Cámara de Diputados, se asienta en que nuestra actual legislación sobre el tema, posee “vacíos” cuando se trata de regulación de agencias de colocación de trabajadores así como de las prestadoras de planilla para mano de obra.
Es en este contexto que se intercambiaron opiniones entre Daniel Pérez, director Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Social (MTSS), Javier Radiccioni, Diputado por el PN, Humberto Villasmil, desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Mailhos, representando a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Vanessa Bustamente, representando al instituto Cuesta-Duarte del Pit–Cnt y Julio Pereyra, especialista en Derecho del Trabajo quien ayudó a forjar el proyecto.
La moderación del panel estuvo a cargo del director ejecutivo de la Red de Empresas Inclusivas, Fernando Carotta Derudder, mientras que la apertura estuvo a cargo de Santiago Macció, gerente de gremiales en la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay (CCSU).
En su oratoria, Macció destacó el rol que la sociedad ha venido cumpliendo en cuanto a la puesta en común con actores de diversas posiciones, como lo hizo tiempo atrás con el asunto del teletrabajo.
El intercambio más interesante de la jornada ocurrió entre el diputado del PN y Pérez cuando el primero de ellos se refirió al “lucro” que obtienen las empresas al ofrecer la fuerza de trabajo de los trabajadores y agregó que se ha visto una concentración de tipo “monopólico” entre tres o cuatro de estas que centralizan la oferta, lo que deja al trabajador en una posición de vulnerabilidad.
“La empresa que contrata está dispuesta a pagar más y ese extra tiene que llegar al trabajador”, argumentó Radiccioni. El ejecutivo, por su parte, respondió que el proyecto limita el accionar de la Dirección Nacional de Empleo (Dinae) y que se debe diferenciar entre las agencias de colocación y las de empleo, ya que estas últimas permiten otros servicios.
“Valoro el interés en el asunto, pero tal como dispone el convenio 181, hay una valoración positiva de la labor que desarrollan las agencias de empleo. No podemos olvidarnos de estos. En la exposición de motivos hay una adjetivación distinta de la actividad de estas agencias, y eso nos preocupa, aún hablando del ‘payrolling’, que es una actividad lícita en el país”, contrastó Perez.
