La economía de Uruguay crecería en 2022 un 5,1%, debido principalmente al dinamismo del sector agroexportador, la inversión privada, y un empuje moderado del consumo privado, según señala el CED en su último Boletín Macroeconómico. No obstante, hacia adelante se advierten “fundamentos ambiguos” sobre la evolución de los determinantes del crecimiento a futuro, y se alerta por las tensiones y desafíos que implican para el Gobierno cumplir con los compromisos políticos de campaña, sin descuidar los equilibrios macroeconómicos.
El boletín del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) detalla que en inversiones se destaca el aporte de la construcción de UPM 2 y sus obras conexas, y la construcción de edificios por las modificaciones al régimen de vivienda promovida; sumado a la adquisición de maquinaria y equipos vinculada al agro.
En cuanto al sector externo, el 2022 se encamina a superar el récord de exportaciones de bienes del 2021, a impulso de los buenos precios internacionales y la elevada demanda externa.
En tanto, el consumo privado será el menos dinámico de los componentes de la demanda, debido a la postergación de la recuperación salarial que genera la mayor inflación observada.
El informe del CED señala que a futuro “hay fundamentos ambiguos” sobre la evolución de los determinantes del crecimiento. Si bien la construcción de UPM dejará de ser un impulso, se compensaría con grandes proyectos de inversión públicos y público-privados, y hay muchos proyectos promovidos por la Comap que aún no comenzaron.
En materia de exportaciones, se espera una normalización de los precios internacionales de las materias primas, y una desaceleración de economías relevantes para el país genere “cierto desimpulso externo para la producción agroindustrial”.
Por último, “el consumo privado continuaría por una senda de crecimiento acotado, en consonancia con un mercado laboral con dificultades estructurales para seguir generando empleo más allá del ciclo favorable”. Sin embargo, añade que en 2023 la recuperación salarial prevista y las eventuales bajas impositivas podrían dar cierto impulso. Aún así, “el mayor determinante de la capacidad de consumo será la dinámica inflacionaria y la evolución del tipo de cambio”, donde también se “visualizan efectos ambiguos”. Por un lado, una moderación de la inflación transable, en particular alimentos y bebidas pero, del otro, mayores presiones por la inercia salarial y los correctivos sobre los niveles de inflación.
Desafíos y tensiones
El CED interpreta que en este escenario, el cumplimiento de los compromisos políticos, manteniendo los equilibrios macroeconómicos, será un trabajo de “sintonía fina”.
En 2023, la discusión política estará centrada en tres aspectos: la rebaja comprometida en el IRPF y el IASS; la décima ronda de Consejos de Salarios con ramas que abarcan más del 65% del empleo y tendrán implícito el compromiso de recuperar toda la pérdida salarial, y la política monetaria del BCU para encauzar la inflación en el rango objetivo.
Ello generará algunas tensiones, según interpreta el CED. En primer lugar, una rebaja sustantiva de impuestos (por ejemplo, revertir totalmente el ajuste de 2017) podría tensionarse con el compromiso de bajar la inflación por la vía de una política monetaria muy restrictiva (grandes aumentos en la tasa de interés sin lograr anclaje de expectativas). Se advierte que una política fiscal muy expansiva y políticas monetarias restrictivas podrían inducir a cierta apreciación real, impidiendo el deslizamiento necesario del tipo de cambio para mitigar la reversión del escenario externo.
A su vez, una aceleración salarial nominal, sumada a la baja de impuestos, podría generar “desvíos en las metas fiscales”, ya que implicaría una pérdida de ingresos.
Por último, advierte que una aceleración salarial nominal combinada con una política monetaria muy restrictiva, sin anclaje de expectativas, podría profundizar los problemas estructurales de indexación, complejizando el objetivo de bajar la inflación.
