Aunque el país creció “a un ritmo saludable en 2022”, el nivel de actividad se ralentizó en el segundo semestre del año como consecuencia de la desaceleración mundial y los efectos de la sequía, según concluyó el personal técnico del FMI tras la misión de consulta del Artículo IV a Uruguay. En ese sentido, se espera una desaceleración de la economía este año, que crecería un 2%, aunque existen “riesgos sesgados a la baja”, en particular, los efectos de la sequía.
El comunicado publicado por el FMI tras la misión, destaca la resiliencia de la economía uruguaya durante la pandemia de covid-19 debido a la fortaleza institucional del país, la sólida gobernanza y las respuestas de política de las autoridades.
Señala que el PIB del país creció a un “ritmo saludable en 2022”, pero advierte que “la economía se ralentizó en el segundo semestre del año, producto de la desaceleración mundial y los efectos de la sequía”. Aun así, remarca que las políticas macroeconómicas implementadas mejoraron la resiliencia del país a los choques externos, y le han permitido acceder al mercado en condiciones favorables y con un riesgo crediticio históricamente bajo.
Sin embargo, el FMI espera que la economía se desacelere, y se advierten “riesgos sesgados a la baja”. El organismo proyecta un crecimiento real del 2% en 2023, aunque se trata de una estimación “con mucha incertidumbre debido al efecto de la sequía”.
“A pesar de un contexto externo adverso, condiciones financieras más restrictivas y el impacto de la sequía, el crecimiento se vería apuntalado por una fuerte temporada turística, un aumento en la producción y exportaciones de celulosa, y un consumo privado robusto ante la recuperación del salario real”, interpreta el FMI.
En cuanto a los principales riesgos macroeconómicos, el organismo menciona aquellos que derivan de un empeoramiento de las condiciones externas, la agudización de las tensiones geopolíticas internacionales y la intensidad y duración de la sequía actual.
Esperando que llueva
El FMI valoró que el plan fiscal del gobierno es consistente con los objetivos fijados en la regla fiscal, estimando un déficit del sector público no financiero de 2,3% del PIB en 2023. El principal riesgo de corto plazo para la política fiscal pasa por cómo la intensidad y duración de la sequía actual afectarán la actividad económica, aunque entienden que hay espacio fiscal disponible en caso de ser necesario.
“Una vez se disipen los impactos de la sequía, esfuerzos fiscales adicionales serían necesarios para situar la deuda en una senda descendente y recomponer el margen de maniobra para la aplicación de políticas”, señala el comunicado.
Por su parte, el organismo también hace referencia a la necesidad de implementar “reformas estructurales” que incrementen la productividad, los logros educativos, la inversión y el crecimiento”. Se valoran las actuales iniciativas para mejorar la sostenibilidad del sistema previsional y la reforma educativa, así como las recientes mejoras en la eficiencia y productividad de las empresas públicas. En cuanto a las tarifas, señala que deben “reflejar los costos y ser fijadas por reguladores independientes”.
Por último, subraya que las iniciativas para transformar a Uruguay en una economía resiliente al clima, verde y sostenible, deben seguir siendo prioritarias, y advierte que el país es vulnerable a los riesgos del clima, particularmente expuesto a precipitaciones excesivas y sequías, y a la subida de los niveles del mar.
