Han surgido, en las últimas semanas, diversas denuncias a empresas sobre su supuesto carácter piramidal. Ante esto, CRÓNICAS investigó y dialogó con Juan Diana, abogado especialista en regulación del sistema financiero, quien cree que el problema no se soluciona creando organismos y consideró que la educación financiera es la solución principal a las estafas de este tipo.
Fue a principios de la década de 1920 cuando en la ciudad de Boston se propagó una fiebre inversora. Charles Ponzi, un inmigrante italiano, estafó a miles de estadounidenses bajo la promesa de que si invertían sus ahorros en su negocio, al cabo de 90 días les devolvería el doble del monto que habían invertido.
Pero la realidad era que el italiano no invertía el dinero que recibía y pagaba los intereses que prometía a través de las inversiones nuevas que su sistema recibía. Su modus operandi quedó al descubierto luego de haber operado nueve meses infraganti, tras haber defraudado con US$ 20 millones cuando su sistema quedó irremediablemente insolvente.
De esta forma nació, haciendo honor a su apellido, las estafas de tipo “ponzi” o estafas piramidales, que desde ese entonces hasta hoy en día, siguen operando en los grises que las legislaciones les otorgan.
Uruguay y el lugar del Estado
Actualmente en Uruguay las estafas piramidales operan con total libertad hasta que su sistema pierde liquidez y los últimos inversores en ingresar no reciben su dinero de vuelta. La empresa desaparece y quienes manejan los hilos desde la cima de la pirámide fundan una nueva empresa, bajo un eslogan diferente pero con una modalidad similar, y siguen adelante con este modo de ganarse la vida.
A diferencia de Estados Unidos, que posee un registro de empresas que realizan network marketing y regulan así este tipo de estafas, Uruguay no cuenta con una regulación de este tipo para regular estas estafas y el envión que tuvieron luego de la pandemia, momento en el que este tipo de sistemas cobraron mayor popularidad y muchas empresas piramidales de Argentina decidieron cruzar el charco.
Juan Diana, abogado especialista en regulación del sistema financiero, explicó a CRÓNICAS que hoy el Estado solo cuenta con las figuras de la apropiación indebida y de la estafa como “herramientas precarias” desde el punto de vista penal para perseguir este tipo de delitos.
Fase preventiva
Consultado respecto a qué se puede hacer para prevenir este tipo de estafas, el entrevistado fue claro: “Yo creo que en la fase preventiva, no se arregla con más regulación. Sí se puede implementar en la parte penal, donde puede facilitar la tarea ya no tratarlo como una estafa común, sino como una estafa más compleja”.
Pero la complejidad de estas implementaciones radica en la necesidad de una tipificación penal de carácter macro, que implicaría dejar de mirar al problema desde el nicho de la estafa y comenzar a mirarlo como una asociación para delinquir, combinado con engaño de apariencia.
“Yo creo que hoy, con respecto a las estafas piramidales, tenemos serias limitaciones y problemas, sobre todo de comunicación a nivel de organismos que genera una sobrecarga de competencias del BCU”, afirmó Diana y agregó que “seguir creando regulación y organismos específicos para esto va a generar más dificultades y va a poner al desnudo las debilidades operativas que existen, más que solucionar el problema”.
Sobre esto, fue enfático en que en Uruguay existe una tendencia a creer que con nuevas regulaciones o comisiones, los problemas se van a solucionar “mágicamente”, cuando la realidad demuestra que “esto no es así” y la solución a este problema se encuentra en un “pack de medidas a largo plazo”.
Por último, el abogado agregó que la mejor forma de prevenir este tipo de estafas es la educación financiera, “que por suerte de a poco se está metiendo en los programas de estudio”.
