El déficit fiscal volvió a empeorar y alcanzó -4,2% del PIB en el año móvil cerrado a abril, por más de que equilibrar las cuentas públicas fue una promesa electoral. Economistas consultados por CRÓNICAS coincidieron en que si bien en algún momento se logró una reducción, fue por intermedio de reformas “de mala calidad”, y al mismo tiempo señalaron otras preocupaciones, como el incremento desmedido de la deuda flotante y la gobernanza de empresas públicas.
En línea con los datos que exhibió el informe que publica el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el resultado del sector público a abril de 2024, es posible constatar que, en los doce meses cerrados a abril de 2024, el resultado del Gobierno Central – Banco de Previsión Social (GC-BPS) se ubicó en un balance deficitario en limpio -es decir, sin considerar los fondos al Fideicomiso de la Seguridad Social (FSS)- de -3,5% del PIB. El ente advirtió, a su vez, que en los egresos se “recoge el efecto del adelanto a marzo de los pagos de pasividades, remuneraciones y transferencias correspondientes a abril de 2023”.
Por otra parte, el resultado de las empresas públicas también fue deficitario por 0,3% del PIB, vinculado en parte al aumento de las existencias de crudo y derivados de Ancap, mientras que los números correspondientes al Sector Público No Monetario (SPNM) también dieron pérdida, ubicándose en -3,3% del PIB. Por último, en lo que compete al resultado global del BCU, la cifra se mantuvo ciertamente estable, posicionándose en -0,7%.
Con este panorama en consideración, el resultado del Sector Público Global (SPG) fue de -4,0% del PIB, o, más concretamente, de -4,2% del PIB al ser depurado del efecto FSS.
El contador Marcos Soto, decano de la escuela de negocios de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), opinó que si bien en su momento el gobierno “efectivamente alcanzó las cifras que se propuso” y redujo el déficit fiscal, lo hizo mediante “ajustes de mala calidad” y no “reformas estructurales” que lo volvieron insostenible en el tiempo. Para Soto, las decisiones que se tomaron en ese momento e involucraron “reducciones en el pago de salarios de empleados público, en las pasividades y la postergación de inversiones de las empresas públicas” tuvo un efecto rebote porque a la larga se recuperaron.
Además, señaló que “la mayoría del gasto público del Estado uruguayo” está vinculado a “servicios esenciales como la educación, salud y seguridad”, rubros que se presentan rígidos a la baja e implican un costo político de intentar recortes o modificaciones. El profesional también citó como “retrocesos” algunas decisiones en materia de política tributaria, como “las modificaciones en las franjas más privilegiadas, quienes tienen montos gravados por IRPF, y también las reducciones en el IASS”.
Por otro lado, también tomó en cuenta las dificultades que involucran los eventos de corte internacional que tuvieron repercusiones a nivel mundial, como los conflictos bélicos en curso y la fuerte sequía que atravesó el país. Además, uno de los efectos de la pandemia fue “relativizar” los resultados fiscales de los países en el mundo, y lo que se veía como “una locura” en 2019 hoy “está matizado por la distorsión fiscal que provocó” el impacto del Covid 19 en la economía.
Braulio Zelko, economista de la Udelar y participante del centro de estudios económicos Etcétera, agregó que estas cifras “altamente similares a las del 2019, momento en el que la entonces oposición encendía las alarmas y tomaba el tema como eje de la campaña” siguen siendo manejables por el momento. Zelko coincide con Soto en que las primeras reformas que llevó a cabo el gobierno buscando la contención del déficit eran “insostenibles”, refiriéndose al “recorte de jubilaciones y pensiones, la caída en los salarios y la caída en la inversión pública”, porque a medida que pasó la pandemia y se recuperó la economía “la propia dinámica del mercado laboral hace que los salarios y las jubilaciones se vuelvan a recuperar”. Respecto a las inversiones públicas, “uno no puede hacer un recorte a largo plazo”.
Para el economista, “cuando uno restringe y aprieta un resorte, inevitablemente salta y vuelve a su lugar”, lo que ocurrió al “sustentar un ajuste fiscal en base a factores que no son sostenibles en el tiempo”.
Esperar y analizar
Por un lado, Braulio Zelko señaló que hay un “aumento en la deuda flotante”, es decir, pasivos a corto plazo que están pendientes de pago. “Siempre hay, pero lo que vemos es un incremento muy importante en relación a abril del año pasado del orden de 0,3 décimas del PIB, y también por encima en relación a 2019”. “Es un dato atípico en una serie larga. Si uno mira desde 2004 hasta ahora, el stock de deuda flotante -que en el mes de abril estuvo en 0,55% del PIB-, es un dato inédito. No tenemos en la serie otro dato con un nivel tan relevante. Creo que hay que esperar a los próximos meses para tratar de ver que son esos pasivos impagos de corto plazo y analizar el escenario”, finalizó Zelko.
En el caso del decano de la Business School de la UCU, planteó otra promesa sin cumplir de este gobierno durante la pasada campaña, y se relaciona con la gobernanza de las empresas públicas ya que hoy, con algunas excepciones, “sostienen el estilo tradicional de gobernanza, sesgado e influenciado por el sistema político”, cuando en realidad deberían “tener una misión clara y un directorio lo más independiente posible de los vaivenes electorales y del sistema político”, sobre todo en un país con empresas públicas en rubros claves como lo son las telecomunicaciones, la energía eléctrica y la refinación de petróleo.
El déficit del futuro
En la lectura de Marcos Soto, es posible que el gobierno termine su gestión “con un déficit similar al que tenía cuando asumió”, aunque quizás “con algún punto o décima menos”. Ese déficit, sin embargo, “coloca al país en un nivel de vulnerabilidad relativa” que “acota” el margen de maniobra para futuros gobiernos porque “hay una holgura fiscal que permita pensar en incrementos potentes del gasto público”.
En el caso del integrante de Etcétera, si bien no tiene una proyección propia, cree que dado el dinamismo de la economía y el deterioro de los últimos años “habrá dificultades para cumplir la regla fiscal este año”. “En 2023 se cambió la meta a mitad de año, y este año todo indica que se va a incumplir. Un nuevo corrimiento de metas sería una muy mala señal para una institucionalidad que fija metas y no puede cumplirlas”.
