La agencia de calificación de riesgo crediticio Fitch Ratings ratificó la calificación de incumplimiento de emisor en moneda local y en moneda extranjera de largo plazo de Uruguay en BBB-. Además, mantuvo estable la perspectiva de la calificación, destacando las fortalezas del país, pero también marcando las debilidades que restringen una mejora de la nota, y aquellos puntos que pueden afectar negativamente la misma.
La decisión de mantener la nota de Uruguay se sustenta en su “PIB per cápita relativamente alto, sólidos indicadores de gobernabilidad y fortaleza institucional evidenciada por una respuesta exitosa a la pandemia y finanzas externas sólidas”, según el comunicado divulgado por la agencia. No obstante, agrega que la calificación está restringida por las “moderadas” perspectivas de crecimiento económico de mediano plazo, debido a los desafíos de competitividad del país, una carga de deuda pública por encima de sus pares de igual calificación y sensible a los movimientos del tipo de cambio, inflación persistentemente alta y flexibilidad de política restringida por la dolarización, la indexación y la poca profundidad financiera.
Fitch destaca el compromiso del gobierno para aplicar políticas que mejoren las debilidades del país, pero advierte desafíos para la concreción de las mismas.
Se destaca que el déficit fiscal mejoró más de lo previsto, y proyecta que caerá al 3,1% del PIB en 2022 a medida que el gasto por la pandemia se vaya mayoritariamente eliminando, y caerá aún más al 2,7% en 2023 “en línea con los objetivos descritos en el presupuesto quinquenal”. Sin embargo, advierte que “el margen para un desempeño superior podría verse limitado debido a la presión política preelectoral para recortes de impuestos y un mayor gasto social”.
Entre los desafíos a mediano plazo, la agencia estima que el crecimiento se desacelerará a 3,1% en 2023 e irá convergiendo gradualmente a un ritmo de tendencia de 2% a partir de entonces. “El crecimiento potencial sigue limitado por las tendencias demográficas adversas y los problemas clave de competitividad, incluido un marco salarial rígido, los crecientes desafíos educativos y los altos precios de la energía”, advierte el informe.
Entre los factores que podrían afectar negativamente la calificación, menciona un aumento sustancial de la deuda pública en relación al PIB o un debilitamiento significativo de las perspectivas de crecimiento económico, particularmente si esto debilita las finanzas públicas. Del otro lado, los factores que podrían llevar a una mejora de la calificación tienen que ver con mantener una trayectoria decreciente de la deuda; un mejor crecimiento económico y perspectivas de inversión más allá de la finalización del proyecto de UPM; una reducción sostenida de la inflación y anclaje de expectativas en torno a la meta; y avanzar en la desdolarización para mejorar la flexibilidad de la política.
