Mientras el gobierno trabaja en los lineamientos para la próxima ronda de negociación salarial, que piensa presentar antes de finalizar el mes, se forman instancias de diálogo entre las partes para “relevar las opiniones” y “que le transmitan al gobierno lo que ellos están pensando”, indicó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en diálogo con CRÓNICAS. Así, se mantiene la esperanza de encontrar “caminos de entendimiento” entre los diversos actores para evitar conflictividad.
El gobierno convocó a una reunión del Consejo Superior Tripartito para hoy viernes. Esta instancia se generó a partir de una propuesta del Frente Amplio (FA), que solicitó a la administración analizar la posibilidad de adelantar licencias. “Eso nosotros lo vamos a trasladar al Consejo Superior” y se aprovechará, también, “para hacer una ronda y relevar las opiniones de las partes sobre el tema” y que le transmitan al gobierno “lo que ellos están pensando sobre las nuevas pautas”, dijo en diálogo con CRÓNICAS el jerarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres.
En este sentido, el titular de la cartera explicó que el Poder Ejecutivo aún tiene que presentar nuevos lineamientos para la venidera ronda de negociación colectiva. Sin embargo, dichas medidas “están en proceso de elaboración todavía, no las tenemos definidas”.
Según acotó el ministro, la intención del gobierno es presentarlas al Consejo Superior Tripartito “antes de que termine este mes”. Actualmente, el MTSS está trabajando en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la materia. “Estamos avanzando, pero todavía no estamos en condiciones de presentar” los lineamientos, reconoció Mieres.
Asimismo, el titular de Trabajo consignó que se tiene la esperanza de “encontrar caminos de entendimiento” entre las partes durante la ronda de negociación salarial. “Estamos trabajando para encontrar puntos que nos permitan alcanzar algún grado de acuerdo entre todos; el año pasado fue muy complicado y se logró”, recordó el jerarca.
Al respecto, Mieres negó que esta próxima ronda de negociación (que iniciará a principios de julio, una vez finalice el período puente establecido en 2020 como consecuencia de la pandemia) sea la más compleja desde que se reinstalaron los Consejos de Salarios en el país. A su entender, se trata de un debate arduo, en donde “se va para adelante y para atrás”, pero en el que “podemos alcanzar niveles de entendimiento razonablemente amplios”.
“Entre el empleo y el salario siempre hay alguna tensión, pero al mismo tiempo hay formas de articular y equilibrar las cosas”, puntualizó Mieres.
En este sentido, reforzó el camino tomado por la cartera que lidera: se mantuvo, como criterio de trabajo, consultar a las partes, “ver cómo están viendo las cosas, tratar de incorporar sus miradas” y lograr una propuesta “que sea lo más razonable posible” teniendo en cuenta todos los aspectos. Aquí se tienen en cuenta factores como la duración del acuerdo, el contenido, o la heterogeneidad de las distintas situaciones del país (es decir, saber que hay sectores que están más afectados que otros).
En este contexto, Mieres subrayó que el empleo es una “prioridad absoluta” para el gobierno. Sin embargo, aclaró que se debe buscar una manera de dar respuesta a la política salarial.
“Entre el empleo y el salario siempre hay alguna tensión, pero al mismo tiempo hay formas de articular y equilibrar las cosas”, manifestó.
Los distintos actores
Ante esta coyuntura, y pensando en la reunión de esta tarde, los presidentes de la Cámara de Industrias (CIU), Comercio y Servicios (CCSU) y el secretario general del PIT-CNT contaron a CRÓNICAS qué esperan del encuentro.
Desde el sector industrial se dirigen a esta instancia “con el objetivo de escuchar las propuestas del Ejecutivo”, planteó el presidente de la CIU, Alfredo Antía. También subrayó la oportunidad para poder expresar el punto de vista de la cámara, y poner “por encima de todo la cautela arriba de la mesa”, ya que “la primera preocupación que tenemos es la de sostener el empleo”.
En paralelo a esto, prosiguió el empresario, existen demandas relacionadas con la negociación salarial y el esquema en que se desarrolla. “Tenemos un fallo favorable de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para reformar la Ley de Negociación Colectiva en los aspectos que chocan con los convenios que Uruguay ha firmado, y entonces tenemos la expectativa de que esos instrumentos legales se pongan en el derecho positivo uruguayo de acuerdo al mandato de la OIT, y permita en negociaciones futuras tenerlos sobre la mesa para poder hacer acuerdos a más largo plazo, y además en condiciones económicas de mayor certeza”, puntualizó Antía.
Por su parte, el presidente de la CCSU, Julio Lestido, se mostró en concordancia con su par. En su opinión, el foco sí debe estar puesto en el empleo, pero teniendo en cuenta que se está en una situación “muy compleja y dispareja”, ya que no solo hay sectores que viven realidades distintas —como el comercio—, sino que, dentro de esos mismos sectores, los diversos subsectores pasan situaciones distintas entre sí.
En este sentido, Lestido reforzó que, ante dicha realidad, “tenemos que tratar de tener la posibilidad de contemplar lo más que se pueda” las distintas situaciones, y hacerlo “con mucha cautela y entusiasmo” para trabajar y buscar soluciones.
Por su parte, desde los sindicatos se va con la intención de “promover políticas públicas que estimulen el trabajo de calidad y, a su vez, defender el salario real de los trabajadores”, indicó Abdala. Así, insistió en que a partir de julio se debe detener la caída del poder de compra del salario real. “Esto se hace de la siguiente forma: debe haber un ajuste equivalente al 100% de la inflación estimada para el período que va del 1º de julio al 31 de diciembre de 2021”, indicó. Además, a partir del 1º de enero de 2022 debe comenzar a concretarse la recuperación del salario real perdido entre julio del 2020 y junio del 2021, según enfatizó el secretario general del PIT-CNT.
En esta línea, acotó que el sindicato de trabajadores irá a la reunión a escuchar los planteos del gobierno y el empresariado. En su opinión, esta ronda de negociación debería acordarse por un período de dos años.
