Cuando se decretó la emergencia sanitaria, el Gobierno apuntó a “mantener encendidos los motores de la economía” y para ello facilitó el acceso al crédito a las empresas, de forma que el problema de falta de liquidez “no se transformara en un problema de solvencia”. Para ello se creó el SiGa Emergencia, con foco en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las más vulnerables ante la crisis. Sin embargo, y como consecuencia de la evaluación positiva de los resultados obtenidos, el Ministerio de Economía, junto con ANDE y el BROU apuntan a crear un “un nuevo esquema de créditos garantizados” por el SiGa, pero centrado en las grandes empresas.
El anuncio fue realizado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, durante la apertura del webinar “Aire para el sector productivo”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que contó además con las presentaciones de Carmen Sánchez, presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE); Salvador Ferrer, presidente del Banco República (BROU); Horacio Correge, presidente de la Asociación de Bancos Privados; Juan Ketterer, jefe de División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID, y Matías Bendersky, representante del BID en Uruguay.
La jerarca se refirió a las acciones del Gobierno en estos tres meses de emergencia sanitaria, recordando que el 18 de marzo -tan solo cinco días después de conocerse los primeros casos de Covid-19 en Uruguay- “ya hablábamos de la importancia de “mantener” los motores de la economía funcionando. “El camino no era ir a la cuarentena general, sino mantener la economía activa”, pese a que “había una gran incertidumbre”, reconoció Arbeleche.
De todas formas, sostuvo que el equipo económico tenía “muy claro” su diagnóstico: “Un shock agudo, pero transitorio”. En ese sentido, se dispusieron “todos los recursos” para atender la emergencia sanitaria, y paralelamente, “inyectar toda la liquidez necesaria a las empresas”.
El foco estuvo en las mipymes, que tienen un peso muy importante en la economía puesto que representan el 40% del PIB del país y proveen casi dos tercios del empleo del sector privado. Son además, en general, las que tienen menor espalda para afrontar contextos adversos.
Arbeleche destacó los apoyos económicos brindados, entre los que destacó la disponibilidad de líneas de crédito por hasta US$ 2.500 millones a través del Sistema Nacional de Garantías (SiGa). Explicó que el Gobierno buscaba “apoyar todo lo que fuera necesario”, para que el problema de falta de liquidez en las empresas generado por esta coyuntura, “no se transformara en un problema de solvencia, donde iban a terminar cerrando”.
En ese sentido, anunció que se está trabajando junto con ANDE y el BROU para “la construcción de un nuevo esquema de créditos garantizados por el SiGa para empresas de mayor porte”. “Vemos que falta un nicho de atención a estas empresas, esperemos en los próximos días estar dando los detalles”, adelantó Arbeleche.
Conectado al respirador
El presidente del BROU, Salvador Ferrer, se refirió al programa de garantías que “el Gobierno se encargó de reforzar” sobre la base del diagnóstico de “impacto temporal pero dramático”. Ante esa coyuntura, la entidad apuntó a “identificar los impactos” para estimar la “dimensión y la capacidad de actuar” que era necesaria.
En tal sentido, detalló que la crisis generada por el Covid-19 afectó a unas 32.600 empresas (sin contar las microempresas, que son unas 150.000) de las cuales el 95% son pymes. De ese total, unas 17.800 firmas tendrían “un impacto de medio a alto”. Entre las de fuerte impacto, se encuentran los restaurantes, el comercio automotor, el transporte de pasajeros, la vestimenta, estaciones de servicio operadores de turismo y la industria frigorífica. Sobre estas empresas se estimó una necesidad de cubrir cuatro semanas de ventas. Por su parte, las empresas de impacto medio fueron el transporte, logística y almacenamiento, servicios y materiales de la construcción, la enseñanza, y otros mayoristas y minoristas; sobre los que se estimó la necesidad de cubrir dos semanas de ventas.
Todo ello, implicaba una necesidad de fondos para pymes por un máximo de US$ 1.500 millones. En ese sentido, Ferrer destacó que el SiGa fue “una gran solución”, tanto para el BROU, como para la banca privada.
A nivel de pymes se colocaron más de US$ 150 millones en créditos desde la declaración de la emergencia sanitaria.
Para las grandes empresas se estima necesario contar con unos US$ 1.000 millones adicionales y se está trabajando en un “esquema similar” al de las pymes para atender a este sector.
“La clave es atender la situación de empresas que tienen vida más allá del Covid-19, que eran saludables y que enfrentan problemas de liquidez”, resumió.
Apuntalar
Sobre la implementación del SiGa Emergencia se centró la presidenta de ANDE, Carmen Sánchez, quien destacó la necesidad de contar con medidas para “apuntalar la continuidad operativa de las mipymes”. El objetivo es que estas empresas puedan mantener su salud financiera, proteger su calidad crediticia, adaptarse a la nueva realidad, repensar sus modelos de negocios, y generar nuevos canales de comercialización. Asimismo, de forma transversal se buscó “conservar el empleo y los puestos de trabajo”.
Sánchez destacó que el SiGa funciona desde el 2009, pero -incluso previo a la crisis- se había identificado que “tenía una potencialidad mucho mayor de lo que se estaba utilizando”.
Desde que se decretó la emergencia se otorgaron 5.173 garantías por US$ 112,7 millones, asociados a créditos por US$ 152,8 millones. A modo de comparación, recordó que en los 10 años previos de funcionamiento, se habían otorgado garantías por unos US$ 539 millones de dólares, lo que implica que “estamos casi en un 30% de las garantías otorgadas en 70 días, en comparación con los 10 años previos”.
Detalló que los fondos “están yendo a donde tienen que ir”, ya que en 75% se están destinando a capital de trabajo, un 12% a capital de inversión y 13% a reestructuración de deudas. A su vez, 24% fueron dirigidas a microempresas, 35% a pequeñas y 41% a medianas.
A nivel de sectores, el comercio fue el principal receptor de garantías con el 43% del total otorgado, seguido por servicios (24%), agropecuario (14%), industria (8%) y construcción (4%).
Parte de la solución y no del problema
Desde la Asociación de Bancos Privados, Horacio Correge, presidente de la junta directiva de dicha asociación, se refirió al rol de la banca privada en esta “situación extraordinaria, y que como tal, requería de nuestra parte respuestas extraordinarias”. Subrayó que, a diferencia de crisis anteriores, como la de 2002 o 2008 donde la banca “fue origen de la crisis o vehículo de contagio”, hoy el sistema financiero se encuentra en una posición muy sólida. Explicó que tanto sea una recuperación en V, en U o en W, el sector financiero está en condiciones de atravesar la crisis y “está llamado a ser parte de la solución”.
En tal sentido, recordó que al comienzo de la emergencia sanitaria el objetivo de los bancos fue “asegurar la transaccionalidad, para garantizar la cadena de pagos” y que “los motores de la economía siguieran funcionando”.
En tal sentido, destacó la autorización del BCU para llevar alivio financiero a los clientes, lo que permitió postergar vencimientos sin recategorizar a los clientes, ni tener que realizar reservas adicionales. En ese sentido, cada banco aplicó medidas de postergación de vencimientos, lo que implicó “un esfuerzo financiero importante” pero que “entendimos necesario para llevar alivio, no solo a las empresas sino también a los consumidores”:
Correge destacó que el SiGa Emergencia fue “un instrumento clave” para disponibilizar recursos al sistema productivo. “Mal nos puede ir como sistema financiero si a Uruguay no le va bien”, concluyó.
