La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, señaló que en el marco del “compromiso con la estrategia de desdolarización”, se buscará que el 50% de la deuda total sea en moneda local para el año 2024. En una presentación ante inversores internacionales, destacó que el presupuesto es restrictivo en el gasto, pero “no austero” y evaluó fundamental contar con “coherencia” entre las políticas macroeconómicas, lo que incluye al manejo fiscal, de inflación y salarial.
Arbeleche, junto al presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat, realizaron una videoconferencia ante inversores internacionales bajo el título “Presentación del Presupuesto de Uruguay 2020-2024 y el nuevo Régimen de la Política Monetaria”.
La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó la prioridad de “restaurar” la consolidación fiscal y estabilizar la carga de deuda del Gobierno bajo proyecciones de ingresos “realistas”. Aseguró que existe un “compromiso de cumplir con los objetivos fiscales” en base a un nuevo marco fiscal y un presupuesto quinquenal “con restricción de gasto” pero “no austero”.
Explicó que los indicadores adelantados de actividad (como la demanda de combustibles y la venta de autos) sugieren que la caída de la economía “tocó fondo” y que se comienza a registrar una “recuperación gradual”. Eso se está reflejando en la recaudación de impuestos y en los “estabilizadores automáticos” como la baja verificada en el número de beneficiarios del seguro de desempleo total y parcial.
Arbeleche destacó también que Uruguay ha sido “un bastión de la estabilidad institucional y política en América Latina”, y mencionó que junto con Chile somos los únicos países de la región con una “democracia plena”. Además, resaltó la adherencia a las leyes, la menor percepción de la corrupción y la baja tensión social.
La titular del MEF señaló que previo a la crisis del Covid-19 Uruguay ya mostraba dificultades: desaceleración económica, debilidad del mercado laboral, deterioro fiscal persistente y aumento del nivel de endeudamiento.
En ese sentido, sostuvo que el gobierno avanza en una “ambiciosa agenda de reformas”, que se reflejó en la Ley de Urgente Consideración, la Rendición de Cuentas, y la Ley de Presupuesto. Esta última, “establece un plan de consolidación fiscal creíble a mediano plazo e institucionaliza la prudencia fiscal”.
Entre los cambios propuestos, detalló la creación de “un nuevo marco fiscal” para fermentar un manejo contracíclico de las cuentas públicas que permita la sostenibilidad del financiamiento a mediano plazo. También se estableció una “estrategia presupuestaria de ‘base cero’ que revisa y reasigna los gastos existentes” y reemplaza la lógica “incremental” del presupuesto. Asimismo, se establecieron “medidas de austeridad”, basadas en un gasto discrecional más eficiente, restricciones en la contratación y el gasto público en exceso y auditado. Por último, indicó que se establecieron nuevas políticas gubernamentales, objetivos de desempeño y requisitos de rendición de cuentas para las empresas públicas.
Además, recordó que la LUC estableció la creación de una Comisión de Expertos para presentar propuestas a mediados de 2021 para una reforma integral de la seguridad social.
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En cuanto al nuevo marco fiscal, Arbeleche destacó la creación de una regla fiscal en base a “objetivos de equilibrio estructural” que tomen en cuentas las fluctuaciones del ciclo económico así como los ingresos o egresos extraordinarios que pudiesen generarse. En ese sentido, se proyecta un crecimiento del gasto “en línea con el potencial de crecimiento económico real (estimado actualmente en un 2,3% anual)”.
Asimismo, establece la creación de “consejos fiscales independientes” formados por un “comité de expertos para proporcionar estimaciones de crecimiento de capital, trabajo y productividad de los factores”. Además, brindará estimaciones de los potenciales de crecimiento del PIB y los números fiscales ajustados estructuralmente.
La ministra también indicó que el Gobierno comunicará la evaluación general de la situación fiscal, de forma semestral. Asimismo, se establecerán “proyectos de presupuesto a mediano plazo” para que las proyecciones macroeconómicas se proporcionen con una perspectiva más allá de la administración actual.
Paralelamente, el nuevo marco legal limita al gobierno central. “El marco propuesto establece un límite para el endeudamiento de la Red de Gobierno Central, definido como deuda bruta (bonos y préstamos), excluyendo las amortizaciones y la variación en los activos financieros. La nueva limitación es de US$ 3.500 millones para 2020 y US$ 2.300 millones para 2021. También se incluye una “cláusula de escape” que permite un endeudamiento adicional del 30%, pero solo bajo circunstancias restrictivas y a través del Consejo Fiscal.
Para Arbeleche, es fundamental contar con “coherencia” entre las políticas macroeconómicas, lo que incluye al manejo fiscal, de inflación y salarial.
En materia de crecimiento económico, subrayó que es el sector privado el que debe liderar el camino de la recuperación apuntalando las perspectivas de mediano plazo. Señaló que Uruguay espera “grandes entradas” de inversión extranjera directa, mediante cambios al régimen de promoción de inversión (con más incentivos para los proyectos con creación de empleo y tecnologías limpias), incentivos para que inversores extranjeros obtengan la residencia, y con reformas macroeconómicas que mejoren la productividad y el potencial de crecimiento. Además, insistió en el compromiso de no aumentar impuestos.
Por último, en cuanto al manejo de la deuda, instó a “mitigar los riesgos de refinanciamiento” e “incrementar la financiación en moneda local tanto en el ámbito nacional como en el internacional”. Explicó que en el marco del “compromiso con la estrategia de desdolarización”, se busca que el 50% de la deuda total esté denominada en moneda local para el año 2024.
Un peso de peso
El presidente del BCU, Diego Labat, se refirió a los objetivos de la entidad para el período, que comenzó marcado por la crisis del Covid-19, lo que llevó a adoptar un enfoque expansivo de la política monetaria. No obstante, recordó que se regresará a un enfoque contractivo una vez que la crisis termine.
Según explicó, se busca reducir la inflación y las expectativas para que reingresen al rango objetivo fijado por las autoridades, para lo cual se trabaja en un nuevo marco institucional y de manejo de la política monetaria.
Labat destacó la solidez del sistema financiero local y la baja exposición a los problemas por los que atraviesa Argentina.
Indicó que se apuesta a obtener “una moneda de calidad” para mitigar la dolarización financiera, para lo que se avanza en dos direcciones. La primera, un nuevo marco de política monetaria, que incluye cambios en la comunicación del BCU (mayor frecuencias de reuniones del Copom y publicación de sus “minutas”, comunicados de prensa, relanzamiento de la encuesta de expectativas), cambio en el instrumento de la política monetaria volviendo al manejo de la tasa de interés, y reducción del rango objetivo (3% a 6% a partir de setiembre de 2022).
La segunda apunta a la reconstrucción y desarrollo de los mercados de pesos en moneda local y desdolarización. Al respecto, Labat anunció el lanzamiento de un grupo de trabajo, que en diálogo con la industria financiera y otras partes interesadas, buscará cubrir una amplia gama de temas: facturación y precio dolarización, reforma de la regulación, educación financiera y comunicación pública, y desarrollo del mercado derivados, entre otros.
