El Gobierno implementará una nueva carrera administrativa en el sector público, debido a que en la actualidad el funcionario “no entra por los desafíos”, sino “por la estabilidad”, según aseguró el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos. Se apuntará a un modelo “más anglosajón”, acompañado de “un sistema de evaluación por desempeño y competencias”. Además, se hará que “cualquier cargo de designación directa tenga un informe previo de la ONSC” sobre su idoneidad técnica.
“Luis (Lacalle Pou) está dispuesto a correr riesgos”, aseguró Ramos durante el webinar “Gestionando al servicios del ciudadano – Pensar el Estado Inteligente”, organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio y Navegación. “Solo este presidente se anima a hacer esto”, agregó.
Ramos había sido subsecretario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) entre 2007 y 2010, y recordó haber jurado no volver a la administración pública. “Fue el liderazgo del presidente de la República el que me convenció de volver, y que valía la pena tirar un tiro más”, declaró Ramos, asegurando que tenía pensado su futuro en el mundo académico. “Pero bueno, aquí estoy otra vez”, indicó.
El titular la ONSC destacó “la importancia del servicio público para el país”, más aún en el actual contexto de emergencia sanitaria, y en ese sentido enumeró una serie de líneas en las que se está trabajando coordinadamente para modernizar la administración. “No había visto un trabajo tan sincronizado entre las tres agencias centrales”, subrayó Ramos, en referencia al trabajo de la ONSC, OPP y el Ministerio de Economía. Fundamentó que “cuando se trabaja coordinadamente, sin celos, los programas de transformación y modernización avanzan a otra velocidad”.
Reconoció que el tamaño del Estado es importante, pero evaluó que lo relevante es la eficiencia de los esquemas. Además, si bien remarcó la necesidad de recortar el gasto, aclaró que eso no implica generar “un Estado raquítico”. Sí enfatizó en la importancia de “cortar toda la grasa, cortar cada peso que se gasta de más”. Para eso, propuso pensar un presupuesto de base cero que cuestione cada peso de cada programa y su impacto en la ciudadanía.
Aseguró que serán “muy estrictos en el control del gasto público” porque de lo contrario el país perdería el grado de inversión. “No vamos a perderlo, eso se los puedo asegurar. Va a haber una reducción del gasto”, aseguró.
Esta es mi revolución
Ramos anunció que se trabaja en un presupuesto “basado en productos y resultados”. Si bien existe una agencia de evaluación, Ramos criticó que tanto el MEF como la OPP trabajaron estos años en forma descoordinada. “Se hacía una planificación estratégica, pero eran inútiles”, lamentó. A su entender, se deben “definir pocos (objetivos) y exigir resultados intermedios para saber cada peso a que objetivo está atado”. Agregó que los resultados finales estarán “atados a indicadores de contexto”, para evaluar, en caso de no cumplimiento si hubo factores de contexto que lo impidieron. Eso, en su opinión, va a permitir una reducción del gasto con fortalecimiento de las capacidades. También instó a “cambiar la lógica incremental” de cada presupuesto.
Entre las dificultades del sector público mencionó la “poca orientación por resultados” y las “pocas capacidades gerenciales”, lo que se ve en las designaciones de corte político que se realizan en los directorios del Estado, algo que ocurrió con el Frente Amplio y que ahora acontece con la coalición gobernante.
En respuesta a esa situación, dijo haber conversado con el presidente, y que se hará que “cualquier cargo de designación directa tenga un informe previo de la ONSC” sobre la idoneidad técnica de esa persona. “Esto rompe la cultura uruguaya, latinoamericana y de Europa del sur”, comentó Ramos, quien vio un ejemplo así en Alemania, y que si lo implementa Uruguay, se pondría al país a la altura de las mejores prácticas.
También anunció que se generará una “nueva carrera administrativa”. Opinó que actualmente “el panorama es pésimo”, ya que el funcionario público “no entra por los desafíos que se le presentan en materia profesional, sino por la estabilidad en el empleo”. Ramos matizó que existen destituciones, aunque reconoció que no es fácil hacerlas por bajo rendimiento, ya que “hay malos sistemas de evaluación”. En ese sentido, se apuntará a “instalar un sistema de evaluación por desempeño y competencias”.
Dijo que en la administración central los ingresos son “meritocráticos”, pero no así en los servicios descentralizados, y añadió que a nivel gerencial el sistema de ascensos no existe. “Es a dedo, no hay concursos de ascenso a cargos jerárquicos. El 70% de las gerencias no son concursadas”, criticó.
Sobre la nueva carrera administrativa, explicó que se apuntará a un “job system”, lo que implica un sistema de puestos de trabajo “más anglosajón”, con personas que van a entrar ganando lo que gane ese puesto en el sector privado, o sumado a un valor agregado de lo que genera el sector público. Para eso se buscará que bajo el plan de cubrir solo una de las tres vacantes generadas en la administración pública, esa disponibilidad se cubra con este nuevo modelo. “Si logramos hacer esto, es revolucionario”, sostuvo.
Aseguró que los cambios se comenzarán a notar “en este período de gobierno seguro”, y estimó que la ley de Presupuesto jugará un papel clave.
Cambia todo cambia
También anunció transformaciones en el plano tecnológico. Destacó el rol de la Agesic, pero dijo que se están revisando algunos programas, ya que tiene un presupuesto anual de US$ 40 millones, lo que, en su opinión, es mucho dinero. “Estamos revisando los programas, reduciendo el presupuesto, pero sin que pierda la calidad de la agenda digital”, sostuvo.
A modo de ejemplo, evaluó que aunque el 85% de los trámites se realiza “en línea” a través de la plataforma Tramites UY, éstos se pasaron a formato electrónico “sin un rediseño de los procesos” lo que lleva a que algunos funcionen muy bien, pero otros no y hacen que el usuario deba completar la gestión yendo presencialmente a la oficina, incluso en varias oportunidades. Por ese motivo, se va a analizar el diseño de cada trámite, para que el usuario no deba presentar varias veces la misma información. También se cambiará el nombre porque –explicó- el término “trámite” hace referencia a algo burocrático.
“Hay que seguir entendiendo a la administración pública cómo solucionador de problemas, de lo contrario, estamos administrando para nosotros mismos”, comentó.
En cuanto a la supervisión y control, indicó que existe una “baja calidad regulatoria”, pese a lo cual hay “bajos niveles de corrupción”. Ramos destacó la inversión en regulación realizada luego de la crisis del 2002 en el Banco Central, el Banco República y el Banco de Seguros, pero afirmó que eso no tuvo su correlato en otras áreas del Estado. Eso implicará realizar “esfuerzos muy grandes en mejorar capacidades regulatorias y de inspección”, área en la que actualmente “tenemos debilidades enormes”.
El director de la ONSC destacó que “Uruguay parte de cierta institucionalidad relativamente sólida, sobre todo si se mira en el contexto regional” y destacó que “el funcionario público es muy poco corrupto”. Además, evaluó que Uruguay “es capaz de aplicar políticas públicas”, ya que si bien “tiene vicios clientelares”, siempre se siguen lineamientos de los planes de Gobierno.
También resaltó que en sistemas de información “estamos muy avanzados” y se trabaja con una base de datos muy importante, lo que por ejemplo, servirá al momento de analizar la reforma de la seguridad social.