Tras más de cien días de arduas negociaciones, finalmente el Gobierno argentino logró una victoria pública al lograr un acuerdo de último momento con sus principales acreedores para reestructurar deuda por unos US$ 66.000 millones, lo que aleja al país del default.
El Ministerio de Economía de Argentina señaló en un comunicado que el acuerdo representa un “alivio significativo» en el servicio de la deuda. El tiempo para cerrar los detalles de la nueva propuesta aceptada por los acreedores será de 20 días, hasta el 24 de agosto.
El presidente Alberto Fernández detalló que el acuerdo le permite a la Argentina ahorrarse US$ 33.000 millones de la deuda asumida en los próximos 10 años. «Ahora tenemos despejado el horizonte a donde queremos llegar», concluyó.
Luego de meses de difíciles negociaciones en medio de la pandemia del coronavirus, Argentina acordó con el Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores, la reestructuración de unos US$ 66.000 millones de deuda en bonos emitidos bajo legislación extranjera. Estos grupos representan a más de la mitad de los titulares de estos bonos.
La oferta formal de Argentina presentada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), contemplaba el pago de unos 53,5 dólares por cada 100 de deuda, mientras que los acreedores exigían unos 56,5 dólares por cada 100. El nuevo planteamiento coloca la recuperación por encima de los 54 dólares por cada 100, y mejora los plazos de pago. La mejora se consiguió «adelantando los pagos y sin ceder en el beneficio económico», explicó el analista Sebastián Maril, en declaraciones recogidas por la agencia AFP.
El Gobierno aceptó adelantar las fechas de pago en los nuevos bonos al 9 de enero y el 9 de julio de cada año, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre como estipulaba la propuesta original, y también corrió el vencimiento de los títulos que serán emitidos para cubrir los intereses devengados en estos meses.
La oferta argentina abarca bonos de 2005 y 2010, fruto de una anterior reestructuración de deuda, y también otros emitidos a partir de 2016. En el caso de los bonos de 2016 en adelante, los tenedores de al menos 66,5% de la deuda debían adherirse a la oferta oficial para que el canje fuera válido. En los de 2005 y 2010 el total de votos necesarios se elevaba a 85%.
A lo largo de más de cuatro meses de negociaciones, tanto el gobierno como los acreedores han insistido en que desean evitar las consecuencias de un prolongado default, en el que ya Argentina incurrió el 22 de abril al no pagar intereses.
Cinco de los bonos sujetos al canje se encuentran en cesación de pagos, pues Argentina incumplió con la cancelación de intereses por US$ 500 millones en abril y otros US$ 600 millones la semana pasada. Esa mora permitía a los fondos de inversión que detentan esos bonos acudir a los tribunales en Nueva York para solicitar el pago de la deuda. Aunque Argentina perdió su acceso a los mercados internacionales, lograr un acuerdo era clave para el país, que se propone negociar un nuevo programa financiero con el FMI, tras el que suscribió en 2018 por US$ 57.000 millones, de los que recibió US$ 44.000 millones.
Más allá del acuerdo, la situación económica de Argentina aún está lejos de solucionarse. El país está en recesión desde el 2018 y ahora la coyuntura se agravó por la crisis generada por la pandemia del Covid-19 y la cuarentena ordenada por el Gobierno.
