Ante el pedido de la OIT de modificar la Ley de Negociación Colectiva, el experto en relaciones laborales de Ferrere Nelson Larrañaga expresó que dicha medida debería llevarse adelante “aún cuando no haya un acuerdo entre los actores sociales”. Según expresó, “no puede haber un efecto paralizador del gobierno”, y las recomendaciones deben cumplirse “en su totalidad”.
Por Ignacio Palumbo | @ignacio_palumbo
Luego de colocar a Uruguay en una lista de países a los que se les analizará su situación laboral -lo que se popularizó como “lista negra”-, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) recomendó al gobierno una serie de medidas para cumplir con sus requisitos. La más destacada de ellas es la modificación de su Ley de Negociación Colectiva, que debería ser bipartita entre trabajadores y empresarios, y con nula o mínima intervención del Estado, a diferencia de lo que sucede actualmente en la que participan los tres actores.
La OIT puso fechas: El gobierno deberá presentar una memoria antes del primero de setiembre donde detallará las medidas a ejecutar, y para el primero de noviembre deberá dar inicio al proyecto de Ley que cambie la reglamentación.
Ambas instancias deben hacerse con “previa consulta plena” de las cámaras empresariales y del sindicato de trabajadores, según un comunicado difundido el lunes por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
De esta manera, el gobierno -a través de dicho comunicado- informó que “estuvimos, estamos y estaremos” dispuestos al diálogo y la negociación. Como también se sostuvo en Ginebra el viernes 14, este objetivo se perseguirá “con los consensos útiles que nos permitan avanzar en más y mejor negociación colectiva y más y mejor prevención de conflictos”.
No te quedes quieto
Sin embargo, la búsqueda de consensos entre las partes no debería impedir al gobierno de enviar el proyecto de ley para cumplir con el pedido de la OIT.
En diálogo con CRÓNICAS, Nelson Larrañaga, abogado experto en relaciones laborales de Ferrere, afirmó que aún cuando no haya un acuerdo entre los actores sociales Uruguay igualmente tiene la obligación de enviar un proyecto de ley cumpliendo con las recomendaciones de la entidad multilateral.
“No puede haber un efecto paralizante del gobierno”, sostuvo experto, para quien las autoridades deben enviar un proyecto aún sin que exista un consenso entre las partes.
En ese sentido, insistió en que se debe cumplir con las recomendaciones de la OIT -el convenio 98- en su totalidad, y “no sólo algunas”. Larrañaga dijo entonces que él ya había presentado un proyecto de ley de su autoría, el cual está a estudio de la Comisión de Legislación del Trabajo desde marzo de 2017, el cual “puede ser utilizado como insumo de trabajo” para modificar la Ley de Negociación Colectiva. “Creo que aporta mucho porque está estudiada y pensada como un criterio técnico, no político”, detalló.
Que el letrista no se olvide
Por otro lado, el director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Hernán Bonilla, hizo hincapié en otro aspecto de las relaciones laborales; uno que la OIT no incluyó en su pedido al gobierno uruguayo, pero que es el otro “cambio fundamental” que “debería estar sobre la mesa”. “Es el momento adecuado para terminar con el permitir las ocupaciones”, opinó Bonilla.
Para el economista, al permitirse las ocupaciones en los puestos de trabajo “de la forma que se permiten” hoy, “se están violando otros derechos sin mayores argumentos”.
También argumentó que sirve para dar “una buena señal por parte del gobierno para meter marcha atrás con el decreto que permite las ocupaciones en los lugares de trabajo”.
¿Sabremos cumplir?
Las recomendaciones de la OIT no son obligatorias. Uruguay podría no seguirlas, si así lo quisiera.
Sin embargo, ello implicaría incumplir un convenio internacional de trabajo, que para la OIT “se tiene que cumplir sí o sí”, según Larrañaga. “En sí es una sanción más bien moral, no jurídica”, añadió.
De no acatarlas, la OIT va a “ser persistente” en que el gobierno las cumpla.
Bonilla agregó que de no adoptar medidas, Uruguay permanecería en esta “lista negra”, lo cual “es muy malo para el país”, porque daña la reputación de Uruguay y sus posibilidades de recibir inversión extranjera.
El gobierno, en tanto, señaló en el comunicado que Uruguay “no merece estar en la lista”, pero que al estarlo “aprovechamos la oportunidad para que se conozca y
debata la realidad de Uruguay”, tanto internacional como localmente.
El primer paso
El MTSS a través de un comunicado de prensa informó que el próximo miércoles 26 de junio habrá una reunión tripartita con representantes de las cámaras y trabajadores.
La misma será para “considerar esta conclusión (del pedido de la OIT) y también otros importantes temas tratados en la Conferencia del Centenario de la OIT”.
Al respecto, Larrañaga comentó que el gobierno debe elaborar una propuesta tras la reunión que cumpla con todas las recomendaciones; Bonilla concordó, afirmando que buscarán presentar “alguna iniciativa, quizás ya un borrador o una propuesta” de proyecto de ley “para solucionar el problema”.
En este sentido, el director ejecutivo consideró que hay una dificultad extra con los plazos dados por la OIT: el año electoral. A pesar de ello, tuvo esperanza de que el gobierno le dé prioridad a la iniciativa: “si hay voluntad política, se puede hacer”, finalizó.
