La propuesta de establecer un impuesto mínimo a las empresas multinacionales propuesto en el marco del G7 a impulso de EEUU, podría representar “un mojón muy relevante en un proceso de internacionalización del derecho tributario”, según evaluó el socio de Olivera Abogados, Andres Hessdörfer. En la misma línea, el experto en derecho tributario, Carlos Loaiza, opinó que “se alinearon los astros” para una “revigorización” del sistema tributario multilateral. Camila Ramírez, de CPA Ferrere, subrayó que la pandemia fue una de las principales causas para que se diera este debate a nivel internacional.
Por Ricardo Delgado | @ricardo_dl e Ignacio Palumbo | @ignacio_palumbo
A impulso del gobierno de Joe Biden en Estados Unidos (EEUU), el G7 en su última reunión propuso establecer un impuesto mínimo global del 15%, que se aplicaría sobre las grandes empresas multinacionales. La iniciativa apunta a lograr que dichas compañías, y en especial las grandes corporaciones digitales, “pongan fin a las presiones de competencia fiscal y erosión de la base impositiva corporativa”, según lo señala un comunicado del Departamento del Tesoro estadounidense.
La propuesta va en línea con lo ya planteado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde la tasa sugerida es del 12,5%.
Sin embargo, aún es muy temprano para realizar un análisis preciso de la iniciativa ya que hay varios casilleros por completar antes de poder tener una lectura global de lo que implicará, según interpretaron varios expertos consultados por CRÓNICAS.
Un largo camino
Carlos Loaiza, docente del posgrado de Tributación Internacional de la Universidad de Montevideo, señaló que la intención de gravar a las multinacionales es “un proceso lógico en virtud de las circunstancias políticas y económicas que atraviesa el mundo”. En ese sentido, evaluó que este proceso se vio impulsado por la pandemia, ya que había varios aspectos similares que se venían desarrollando con anterioridad.
“Por ejemplo, los trabajos a nivel de la OCDE, la base imponible única a nivel de la Unión Europea (UE), o la jurisprudencia del Tribunal Europeo (de Justicia) en materia de imposición mínima corporativa o de imposición mínima a la renta”, detalló el académico.
Desde la consultora CPA Ferrere, la economista del Departamento de Análisis Económico, Camila Ramírez, consideró que la tasa propuesta es “baja en la comparación internacional”, aunque algunas naciones apuntan a establecer un mínimo más alto para tener un alcance de mayor magnitud.
Andres Hessdörfer, socio del estudio Olivera Abogados, destacó que el anuncio en sí mismo “ya marca algo relevante en este proceso” y es que “hay una decisión de las economías más desarrolladas de transitar hacia ese camino”. El experto en derecho tributario consignó que este hito “no necesariamente” llevará a un “mundo nuevo” en materia tributaria, pero sí podría marcar “un mojón muy relevante —el más importante quizás— en un proceso de internacionalización del derecho tributario y la hacienda pública en general por la que los países ya vienen transitando”, expresó.
En este sentido, tanto él como Loaiza resaltaron el cambio de rumbo que implica la administración del demócrata Joe Biden frente a su predecesor, Donald Trump, en cuanto a la postura de la OCDE. “Pasamos de una posición más bien reticente frente a propuestas similares a esta (…) a una postura no solamente de no reticencia, sino de impulso y liderazgo en este proceso” con Biden al mando, puntualizó Hessdörfer. De esta manera, a entender de Loaiza, “se volvieron a alinear los astros” para que, “con una OCDE empoderada, por el G7 y por el G20, veamos una revigorización muy relevante del fenómeno tributario multilateral”.
Ramírez agregó que la pandemia del covid-19 es uno de los principales factores que llevaron a que se diera esta importante discusión en materia tributaria, y que trasciende a esta propuesta específica del G7. Según explicó, por un lado, los países necesitan financiar los grandes gastos en que han incurrido desde el inicio de la pandemia, y por otro, “entran en juego consideraciones menos coyunturales, asociadas por ejemplo a la equidad, la adecuación del sistema impositivo al funcionamiento de las multinacionales y en particular las grandes empresas digitales, y el cuestionamiento a la estrategia de los paraísos fiscales”.
Político y fiscal
Consultados respecto a si se trataba de un mensaje político, más allá de lo recaudatorio, los entrevistados coincidieron en que tiene un poco de ambas.
Hessdörfer sostuvo que “es complejo” determinar cuál será el impacto desde el punto de vista fiscal, ya que la información con la que se cuenta “es muy preliminar”. A esto se le suma que las estimaciones disponibles “hablan de rangos muy amplios”, con proyecciones que van de ingresos adicionales de entre US$ 50 y US$ 80 billones.
De todos modos, el socio de Olivera Abogados enfatizó que “sin dudas” se trata de una medida con un componente fiscal “muy importante” e instó a que “no se pierda de vista” el contexto político de crisis en el que se basa la iniciativa. “No se puede mirar solamente como una medida fiscal. Es una medida política con un impacto fiscal buscado”, resumió.
No se puede mirar solamente como una medida fiscal. Es una medida política con un impacto fiscal buscado”, sostuvo Andres Hessdörfer
En tanto, Loaiza recalcó que lo fiscal está estrechamente vinculado con los fenómenos políticos. En su opinión, la distribución de la potestad tributaria “ha sido y es el fermento” para la controversia política, por lo cual es imposible separar ambos factores. Ahora bien, insistió en que no corresponde verlo únicamente como un fenómeno fiscal ya que “detrás de esto está la soberanía de los países y el ejercicio de esa soberanía en el plano económico implica que los países quieren que las empresas paguen allí donde generan el valor y quieren apropiarse al máximo del valor que generan sus empresas en el mundo”.
Ramírez resaltó que el acuerdo es de gran significación, en parte por la larga historia de discusiones en torno a esta materia, pero también “al considerar la dificultad de lograr consensos en este plano”. Por lo tanto, “indudablemente reviste relevancia en términos políticos”, argumentó.
El impacto en casa
Las repercusiones de este planteamiento para Uruguay son, en principio, bajas, pero nuevamente, los expertos consultados argumentaron que aún no hay suficiente material disponible como para saber con certeza qué implicaciones tendrá para el país.
Para Camila Ramírez, de CPA Ferrere, este impuesto a las multinacionales “indudablemente reviste relevancia en términos políticos”.
A modo de aventurar implicancias locales, mencionaron alguna posible afectación en los regímenes de promoción de inversiones, como la Ley de Promoción de Inversiones o de Zonas Francas.
Por esta línea, Loaiza alertó que algunos regímenes promocionales a nivel internacional “podrían verse afectados” por el gravamen a las multinacionales, pero estimó que no es el caso de Uruguay. A su vez, analizó un posible segundo impacto por el lado de los impuestos a las plataformas digitales, que Uruguay ya lo tiene incorporado desde hace años. “Eso podría verse afectado en la medida en que los países han sostenido que valdría la pena limitar la potestad tributaria de algunos países que no tienen un número mínimo de consumidores de estas plataformas. En ese sentido, Uruguay como mercado pequeño podría sufrir el impacto, y se impone un mínimo de consumidores para poder tener derecho a gravar”, anunció el académico.
Por su parte, Hessdörfer agregó que una posibilidad de afectación es a nivel del criterio de imposición territorial en materia de impuesto a la renta de las empresas. En sus palabras, “hay que seguir de cerca la evolución de este proceso” para poder analizar cómo afectaría a situaciones puntuales de la tributación uruguaya, por ejemplo en el caso del IRAE.
En cuanto a los regímenes de promoción de inversiones destacó que “Uruguay ya ha hecho muchos esfuerzos en temas de zonas francas para alinearse a los requisitos de la OCDE y de su plan BEPS”, por lo que no se deberían esperar mayores impactos. De todas formas, subrayó que habrá que seguirlo con atención y de cerca. “Es determinante empezar a seguir de cerca este proceso para estar lo mejor y más preparados posibles para el día que llegue el impuesto mínimo global o que cualquier propuesta similar que venga a reemplazar esta idea llegue a concretarse”, concluyó.
Cámara de Zonas Francas: “Uruguay está bien parado”
Diego Licio, presidente de la Cámara de Zonas Francas y consultor de la firma de asesoramiento Grant Thornton, expresó que el régimen uruguayo “tiene mucha sustancia”, ha sido revisado y es “muy nuevo, moderno y actualizado a las últimas tendencias”, explicó Licio. De esa forma, estimó que “Uruguay está bien parado”. En diálogo con CRÓNICAS, valoró que la iniciativa del G7 a impulso de EEUU surge como un “paliativo” para volver a recaudar dinero como consecuencia de la crisis del covid-19. Más allá de ello, no consideró que se trate de un nuevo paradigma en materia tributaria. “Lo único que puede discutirse es si va a seguir existiendo en algunos países la renta territorial o renta mundial”, acotó.
En su opinión, de momento la propuesta tiene exclusivamente un carácter político y no un fundamento fiscal de fondo. “Por ahora es solo político, hasta que esto no llegue a las legislaciones locales no hay un impacto fiscal”, manifestó.
