La Universidad Católica del Uruguay publicó su informe semestral acerca de la conflictividad laboral que hubo en estos primeros meses del año. El período fue atípico debido a la llegada del Covid-19, a lo que se le sumó la asunción de un nuevo gobierno. Según el informe, se registró un índice de conflictividad laboral similar al de 2005, convirtiéndose en unos de los más bajos de los últimos veinticinco años.
El 2020 quedará en la historia como un año de cambio, donde todo sucedió como nadie esperaba. Las relaciones laborales en Uruguay no han escapado a este fenómeno. Así lo refleja el informe semestral de Conflictividad Laboral elaborado por la Universidad Católica del Uruguay (UCU).
La situación económica del país suele ser uno de los motivos porque se llegan a diversas discusiones. En ese sentido, 2019 cerró con un crecimiento mínimo de la actividad económica (0,2% medida por PIB). Pese a que la cifra registrada fue baja, se completaron 17 años de crecimiento ininterrumpido. En cuanto al mercado de trabajo, durante el año pasado el desempleo estuvo en un promedio del 9,2% y una tasa de empleo de 57%.
Las expectativas para el 2020 en el plano económico eran positivas. Se esperaba un crecimiento de entre un 1,5 y 2,5% del PIB, aunque con una respuesta lenta del empleo. Pero la expansión del Covid-19 cambió radicalmente el contexto.
Conflictos en el 2020
En el período de enero a junio de este año se registró uno de los índices de conflictividad laboral más bajos desde 1995, que es desde cuando el indicador se calcula. Según se estima en el informe, esto se debe a las medidas de aislamiento que impuso el Covid-19, en particular porque muchas actividades fueron suspendidas.
Pero también porque ante un cambio de gobierno los actores se mantuvieron expectantes, como ha sucedido en otros momentos similares. Generalmente, los trabajadores suelen dar una tregua hasta que se definan las políticas del gobierno.
Si se analiza lo ocurrido en los primeros semestres de cada año desde 1995, se observa que 2005 y 2020 son las cifras más bajas de los 26 años registrados, aunque estrictamente el 2005 fue levemente menor (ver gráfica).
En el semestre se registraron 19 conflictos con interrupción de actividades, lo que hizo que se perdieron 108.345 jornadas laborales. Esta cifra incluyó el primer paro general parcial del año, que se realizó el 4 de junio, en rechazo a la ley de urgente consideración (LUC) bajo la consigna “la emergencia es la gente”.
Si se analiza lo ocurrido a nivel sectorial -excluyendo el paro general y considerando solamente los convenios de rama o empresa-, se observa que la construcción representó el 70% del total. Ello fue debido a una serie de paros rotativos en el mes de mayo en rechazo a la LUC y en reclamo de negociación colectiva.
En segundo lugar se ubicó la educación (14%), también con paros en rechazo a la LUC. Dentro de los paros en la administración pública se encuentra el de los guardavidas de la Intendencia Municipal de Maldonado, realizados a comienzos del año por mejores condiciones de trabajo.
También hubo conflicto en el área comercial de UTE, porque de acuerdo al sindicato, la empresa alteró mecanismos acordados en la negociación. Por último, hubo paros en el BPS en reclamo a mejores medidas de protección para evitar contagios de Covid-19, y en el Ministerio de Desarrollo Social, en reclamo del no cese de contratos.
Falta la otra mitad
Para el segundo semestre del año quedan muchos temas abiertos, según el informe de la UCU. Algunos están relacionados con temas más coyunturales, como los conflictos y la negociación; y otros con temas más estructurales, como las nuevas formas de organización del trabajo.
“Con relación a la conflictividad laboral, en la medida que se retoman las actividades podemos esperar que surjan nuevos conflictos. La negociación colectiva en el sector privado está pendiente y en breve comenzará a discutirse el presupuesto quinquenal”, señala el informe.
