La última medición era de 2018 y constataba un 15,5%, lo cual implica una reducción de 11,4 puntos porcentuales. CRÓNICAS se contactó con Nastasia Barceló, experta en relaciones internacionales, quien explicó los principales factores para esta reducción, y las diferencias regionales que existen históricamente dentro del país vecino.
Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el porcentaje de personas viviendo en situación de inseguridad alimentaria en Brasil pasó del 15,5% en 2018 al 4,1% en 2023. En números totales, esto significa una reducción de 24,4 millones de personas, aunque aún no se alcanzan los niveles de 2013, año en que Brasil logró salir del Mapa de Hambre de las Naciones Unidas.
A pesar de las mejoras en los últimos años, si se cuentan todas las personas que viven con algún grado de inseguridad alimentaria (esto incluye a quienes viven con una inseguridad grave, pero también a quienes están en situación moderada o leve), el número escala a 64,2 millones, o sea, un 27,6%.
En diálogo con CRÓNICAS, la experta en relaciones internacionales, Nastasia Barceló, aclaró que el problema es más acentuado en ciertas zonas de Brasil, donde históricamente ha habido índices más altos de pobreza. “No es lo mismo en localidades del sur, como Río de Janeiro o San Pablo, que en el norte, como Estado de Amazonas o Estado de Pará”, señaló la experta, y explicó que en los últimos hay mayores urgencias en lo que respecta a la inseguridad alimentaria.
Según Barceló, dos medidas que afectaron poderosamente el indicador de la inseguridad alimentaria fueron el aumento del salario mínimo, que “estos últimos 15 meses tuvo incrementos bastante significativos”, y la reimplementación del plan Bolsa Familia. Este es un plan de ayuda social que transfiere fondos a aquellas unidades domésticas cuyos integrantes perciben menos de 218 reales por mes per cápita. Este programa había sido “significativamente desfinanciado” durante los anteriores gobiernos, y el año pasado “Lula lo reimpulsó”.
Al comparar la situación de Brasil con la de Uruguay, Barceló apuntó que “obviamente la diferencia en escala es enorme”, y que no considera que “haya una receta”, por las diferencias que existen entre ambos países, pero que “evidentemente aumentar el gasto en políticas públicas para la reducción de la pobreza es efectivo”.
La experta concluyó que, si bien “la situación mejoró”, todavía “falta mucho por hacer”, sobre todo en regiones que cuentan “con una desigualdad histórica”. “No olvidemos que Brasil es un país federal, en el que los Estados tienen cierta autonomía en el manejo de los fondos públicos”, señaló.
