Aunque reconocen las buenas intenciones que hay en los distintos proyectos de ley que están en discusión en el Parlamento para regular el mercado del crédito, tanto el expresidente del BCU, Julio de Brun, como la presidenta de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), Barbara Mainzer, mostraron sus críticas a estas iniciativas. Por su parte, el senador cabildante, Guillermo Domenech, defendió el proyecto presentado por su partido, asegurando que el problema del endeudamiento es “cada vez más grave”.
Mientras Cabildo Abierto (CA) sigue en campaña para llegar a marzo con las firmas para un plebiscito que apruebe por vía constitucional su proyecto de reestructuración de deudas, el Frente Amplio (FA) también construye un proyecto de naturaleza similar y busca contar con el apoyo del Partido Colorado. Sin embargo, todavía no se llegó a un acuerdo, por lo que el senador colorado Adrián Peña presentará un proyecto propio.
El proyecto de CA, según sus redactores, está inspirado en la legislación de Nueva Zelanda. La innovación consiste en que si los acreedores y deudores no logran un acuerdo, se inicia un proceso judicial. Dicho proceso busca llegar a “la deuda justa», lo que se define como el monto inicial de la deuda convertido a Unidades Indexadas con el valor en que se realizó el contrato, restando lo ya pagado. También se plantea que el interés máximo se fije en una tasa no superior al equivalente a cuatro veces el valor de las tasas a las que se endeuda el Estado, y que a los registrados en base de datos de deudores no se les impida el acceso a servicios públicos como energía, agua, o telefonía.
El FA propone, por su parte, que accedan a la reestructuración quienes no sean titulares de un inmueble o que no supere un valor actual de $4 millones, así como bienes muebles mayores a $435 mil o ingresos anuales superiores a $870 mil. Se considerará usura cuando la tasa implícita supere en 35% al promedio publicado por el Banco Central, y en caso de mora, cuando supere un 60%. También se añade la “actuación culpable del acreedor” si el acreedor omite información importante al deudor, si es abusivo en el cobro, o si las cuotas exigidas superan el 50% de los ingresos declarados por el deudor.
Al respecto, Guillermo Domenech señaló a CRÓNICAS que el problema del endeudamiento es “cada vez más grave” y que es “llamativo” que, existiendo un problema como el actual, nadie proponga una solución y cuando se hace, le “llueven críticas”. En este sentido, el senador de CA apuntó a que la intangibilidad de los contratos se ha afectado “sistemáticamente” en Uruguay y que la propuesta actual no es la primera ley de refinanciación de deudas contraídas contractualmente, ni de deudas tributarias y que la reciente aprobación para deudores del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) muestra que la intangibilidad de los contratos “no deja de ser nada más que un simpático rótulo para conformar a quienes obtuvieron una situación muy ventajosa y abusiva a partir del contrato”.
Con respecto a las críticas en torno a la falta de propuestas sobre educación financiera y la mejora del acceso al mercado laboral, Domenech apuntó que le parece “excelente atacar todo eso”, pero que “en un país donde la inflación no alcanza el 5% y existen tasas de interés del 90%, también hay que atacar algunos préstamos”.
Una mirada desde la experiencia
El expresidente del Banco Central, Julio de Brun, dijo a CRÓNICAS que a nivel internacional, las experiencias de reestructuración de deuda demuestran que la gente “se queda sin crédito” y que las poblaciones vulnerables quedan a merced de condiciones crediticias “mucho más desfavorables” que las que se pretende aplicar cuando se proponen estas restricciones. Además, apuntó que este tipo de propuestas “alejan el acceso a los créditos formales”, algo que se debe tomar en cuenta porque según la Encuesta de Hogares, dentro del sector poblacional con los ingresos más bajos “hay un alto componente de lo que se llama endeudamiento con familiares y amigos”, lo que en muchos casos termina siendo “préstamos de parte de narcotraficantes”.
El economista opinó que “siempre es mejorable tanto la Ley de Usura como la circular desde el Banco Central” y que “se puede obtener mejores resultados al introducir alguna normativa que mejore los incentivos de las empresas administradoras de crédito a refinanciar con sus clientes antes que proceder a mecanismos de ejecución”, así como facilitar la competencia del sector para mejorar las condiciones de crédito.
“Me llama la atención que la discusión no va a las causas del problema del crédito, que suelen ser el desempleo y las situaciones asociadas a la pobreza. Lo que hay que hacer es mejorar condiciones de acceso de trabajo y mejorar condiciones de pobreza, no distorsionar el mercado de crédito”, afirmó de Brun.
A nivel micro
En diálogo con CRÓNICAS, la presidenta de ABPU, Bárbara Mainzer, dijo que a nivel macro no hay un problema de sobreendeudamiento, pero sí lo hay con personas y familias. Según la economista, “desde las asociaciones financieras permanentemente se hacen reestructuras individuales” porque “a nadie le sirve que un deudor no pueda pagar”. Sin embargo, no comparte los proyectos que se están gestando. “La estabilidad institucional y política es un activo muy preciado para Uruguay, y estar toqueteando contratos entre privados y balances de las instituciones financieras no es gratuito” advirtió.
Mainzer piensa que se cae en riesgo de dejar de prestar a quienes lo necesitan, por lo que “a quienes se pretende proteger terminan siendo los más desprotegidos”. En su opinión, “esto se resuelve con educación financiera”, por lo que “hay que enseñar a quienes se endeudan cómo calcular la tasa de interés y organizarse para pagar en tiempo y forma”, así como “brindar información para que quienes prestan dinero puedan identificar que tiene más capacidad de pago. En cuanto a la dispersión de las tasas, opinó que “son un reflejo de la heterogeneidad de quienes toman créditos”.
