Un informe publicado por la Universidad Católica afirma que “las restricciones de Brasil y Argentina respecto a la posibilidad para que Uruguay negocie acuerdos bilaterales, tienen que ver con aspectos políticos y no técnicos”. A su vez, el artículo asegura que es necesario incurrir “en análisis más serios y no por impulsos políticos nacionales y de corto plazo” para incluir otros Estados como miembros plenos. En principio se encuentran en cola Bolivia y Venezuela.
Por Adolfo Umpiérrez | @AdolfoUmpierrez
“El debate de fondo es qué Mercosur se quiere. Si uno de cuatro o uno de seis miembros, con Venezuela y Bolivia”, sentencia el último Informe sobre Integración Económica del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay. Para eso, agrega el artículo publicado esta semana, “deberá analizarse si existen en dichos países intereses más allá de los gobiernos de turno, análisis que no se realizó en su momento [con Venezuela] y que hasta el presente sigue ausente”. Según los académicos de la UCU, decisiones como definir el ingreso de un nuevo miembro al Mercosur, deberían basarse “en análisis más serios y no por impulsos políticos nacionales y de corto plazo”.
Así, la crisis como consecuencia de la inestabilidad política en la región llevó a que el 2016 fuera el año con menores definiciones desde 1995. “Esto se encuentra asociado a la crisis de Venezuela”, asegura el informe.
Así, durante el año pasado, durante cuyo primer semestre Uruguay ejerció la Presidencia pro Témpore que no pudo entregar a Venezuela para completar el año, el máximo órgano del Mercosur aprobó un total de diez decisiones, con una gran mayoría de aspectos formales de la operativa del Mercosur entre los documentos, como lo referido a designaciones de funcionarios y aprobación de presupuestos.
¿Política, comercial o económica?
El informe, a su vez, plantea la discusión acerca de si el Mercosur es una verdadera unión aduanera. “Uno de los puntos centrales para dar respuesta a si el Mercosur [lo es o no], tiene que ver con el nivel de excepciones permitidas en el Arancel Externo Común (AEC) vigente y si el Mercosur opera actualmente como una unión aduanera”, dice el informe y ensaya una respuesta. “Respecto al primer punto, al considerar las excepciones al AEC del Mercosur en cerca del 25% del arancel, Uruguay no aplica la tarifa regional, lo que implica que en dichos bienes posee un arancel que no coincide con el definido por el bloque”, muestra el informe.
A esto hay que sumarle otras definiciones aplicadas por Uruguay, como las importaciones en el marco del régimen de Admisión Temporaria que no abonan el AEC siempre y cuando sean reexportadas, así como las adquisiciones en el marco del Tratado de Libre Comercio con México.
“Más allá de la existencia de un AEC aprobado desde 1994, su nivel de perforación así como la ausencia de otros requisitos que habitualmente cumplen las uniones aduaneras, evidencian que el Mercosur no alcanzó dicha instancia integracionista, siendo el único instrumento que justificaría seguir una política comercial común por parte de los miembros”, agrega el informe que sostiene que como resultado, “es evidente que las restricciones presentadas por Brasil y Argentina respecto a la posibilidad de que Uruguay negocie acuerdos bilaterales, tienen que ver con aspectos políticos y no técnicos, porque no existen argumentos sólidos para aseverar que el esquema de integración es una unión aduanera”.
El informe concluye que debido a la dinámica que ha adquirido el comercio internacional y a las “cada vez mayores desventajas arancelarias enfrentadas por Uruguay por el estancamiento de la agenda externa del Mercosur”, es necesario que se reformule la pertenencia en el proceso de integración, que se reconozca que el bloque es una zona de libre comercio “pero con amplias posibilidades de ser perfeccionada”, al mismo tiempo que se deben descartar “definitivamente” las metas que no fueron alcanzadas en los primeros 25 años, como es el caso de la unión aduanera y del mercado común.
