De acuerdo con Elbio Monegal, presidente de AEBU, y Martín Vallcorba, coordinador de inclusión financiera del MEF, la ley promovida por Lacalle Pou implicaría retroceder en materia de formalización del empleo y combate contra el lavado de activos, según dijeron a CRÓNICAS.
De ganar las elecciones nacionales, el Partido Nacional (PN) enviará al Parlamento una ley de urgente consideración con foco en varias áreas de política y economía nacional.
Uno de los temas abordados en la ley es el de la inclusión financiera. El partido liderado por Luis Lacalle Pou propone modificar la ley que la regula, ya que “ha coartado la libertad de las personas en el manejo de sus propios recursos”, según el programa de gobierno.
De esta manera, se propone modificar la Ley de Inclusión Financiera “a los efectos de eliminar la obligatoriedad de efectuar pagos y realizar transacciones a través del sistema de intermediación financiera”. “Queremos libertad financiera para que la gente pueda elegir cómo quiere administrarse”, sostiene el documento.
Sin embargo, hay quienes argumentan que el PN estaría retrocediendo en materia de inclusión financiera al querer aprobar esta ley.
En diálogo con CRÓNICAS, el presidente de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) respaldó este punto de vista. Para Elbio Monegal, la modificación que se plantea -si bien no busca este objetivo- traería como consecuencia que se vuelva al pago en negro.
Según opinó, el PN quiere “quedar bien con determinado electorado que ha hecho lobby”, fundamentalmente en el interior del país. Pero lo que no se da cuenta -o lo hacen pero asumen el riesgo- al hacerlo, continuó, “es que lo que busca ese electorado es seguir vendiendo en negro”.
En concordancia con el representante de la gremial, Martín Vallcorba también se pronunció respecto al proyecto de ley.
El coordinador de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía (MEF) dijo a CRÓNICAS que, además del retorno a la remuneración no formalizada, se estaría retrocediendo en materia de lavado de activos. Particularmente, en los avances hechos en materia de transparencia, y en la mejora de las herramientas disponibles para el combate a esta problemática.
Al cierre de esta edición, CRÓNICAS intentó contactarse con Rodrigo Ferrés – articulador del programa de gobierno- para dar su visión respecto al tema y la ley que redacta. Sin embargo, no ha brindado respuesta.
Pin y verde
Por su parte, Monegal resaltó los beneficios de la inclusión financiera para la sociedad, y opinó que se ha adaptado de manera correcta a este proceso.
Así, el presidente de AEBU se dirigió a la Comisión Técnica Asesora de su gremial para reflejar con datos su posicionamiento. Por ejemplo, remarcó, en el segundo semestre de 2018 el uso de la tarjeta de débito superó por primera vez al de la tarjeta de crédito, por alrededor de seis millones de operaciones.
En comparación, en el primer trimestre de 2014 -al implementarse la Ley de Inclusión Financiera- las operaciones con tarjetas de crédito eran más de 40 millones, mientras que las de débito no alcanzaban los cinco millones.
Otro ejemplo se puede percibir en la cantidad de tarjetas de débito existentes (ver cuadro). En 2013 -último año completo previo a la implementación de la ley-, el año cerró con un total de 1.850.000 tarjetas.
En POS del futuro
En tanto, el asesor del MEF reflexionó sobre el futuro de la ley.
Vallcorba habló sobre un “proceso dinámico”, ya que la realidad y los instrumentos sobre los que se trabajan son así. “Estamos atravesando un período de revolución tecnológica muy intensa, en el cual los medios de pago electrónicos todos los días nos ofrecen novedades; cosas que hoy son posibles, hace cinco años eran impensables”, añadió.
En este sentido, apuntó que “tal vez en el futuro haya que introducir ajustes” a la ley para poder aprovechar las oportunidades que esos cambios permiten.
Sin embargo, aseveró que desde la cartera no se están visualizando modificaciones necesarias.
