En el 2011 comenzó en Uruguay un proceso que tuvo su piedra fundamental en el Programa de Inclusión Financiera. En 2014, el mismo fue apuntalado por la Ley de Inclusión Financiera, la cual presentó lineamientos claves para lograr dos objetivos: la universalización de los servicios financieros, conjuntamente con la transformación del sistema de pagos. Pasados más de 10 años, el cambio de la sociedad y la influencia de las disposiciones llevadas adelante por las distintas administraciones han generado sus consecuencias. En entrevista con CRÓNICAS, los economistas Ramón Pampín y Martín Vallcorba analizaron el devenir del proceso y cómo el país debe proyectarlo a futuro.
Martín Vallcorba, quien fue coordinador del Programa de Inclusión Financiera, puso como principal hito de este proceso a la Ley de Inclusión Financiera. Resaltó que, a partir de la misma, tuvo lugar efectivamente la implementación gradual de las disposiciones previstas. En aquel momento, según comentó, los objetivos planteados rondaban, por un lado, la universalización del acceso y el uso de los servicios financieros básicos, y por el otro, la transformación y modernización del sistema de pagos. Los resultados de estos lineamientos, para Vallcorba, fueron “ampliamente satisfactorios”.
El exasesor del Ministerio de Economía y Finanzas y actual economista de PwC, Ramón Pampín, coincide en que el proceso de inclusión financiera en Uruguay “es un caso de éxito”. Sin embargo, desde su perspectiva, resalta la particular importancia que ha tenido en su resultado, el hecho de encontrarse inserto en una economía que ha crecido y, junto a ello, también inevitablemente ha sofisticado las formas en que realizan sus transacciones. Los procesos de cambio vividos en estos años a nivel financiero, a su entender, trascienden lo que fue la Ley de Inclusión Financiera. Aunque reconoció que esta ha facilitado las cosas, resaltó que su incidencia fue durante un proceso económico que permitió viabilizarla.
Los resultados
Vallcorba, por su parte, se detuvo en datos concretos que respaldan los resultados. En cuanto a la universalización del acceso y uso de los servicios financieros, puntualizó en el fuerte aumento de la utilización de instrumentos electrónicos. En junio de 2014, momento previo a la aprobación de la ley, se contaba con 1,9 millones de instrumentos electrónicos, entre tarjetas de débito e instrumentos electrónicos en general. El último dato disponible, que data de junio de 2022, indica que existen 5,5 millones de instrumentos electrónicos. Entendiendo que estos datos no se traducen directamente en cantidad de personas alcanzadas, el economista se detuvo en estimaciones del 2019 del Ministerio de Economía, las cuales señalaban la utilización de estos instrumentos por un número superior al millón de personas.
Otro dato esclarecedor de la situación es el número de operaciones realizadas con estos instrumentos, concretamente, las mismas se multiplicaron por 53 en el lapso de tiempo transcurrido desde junio de 2014 a junio de 2022, pasando así de tener 6 millones de operaciones anuales, a 340 millones anuales en el último reporte.
Para Vallcorba, trascendiendo los instrumentos de pago, y entrando también en los instrumentos de ahorro y crédito, los avances fueron notorios y significativos para que hoy se pueda hablar de “un sistema financiero que es mucho más accesible e inclusivo”. Pampín, si bien coincidió con el arribo a buenos resultados, los matizó en relación con un alcance no tan lineal dentro de las distintas porciones de la sociedad. “Vivimos en un país de asimetría, entonces, eso implica que hay avances rápidos en algunos segmentos y avances no tan rápidos en otros”, aseveró.
El futuro
Dado el establecimiento y la incorporación por parte de la sociedad de distintos instrumentos financieros impulsados por este proceso, se debe tener en cuenta la posibilidad de profundización y actualización.
Para Vallcorba, si bien se viene trabajando en este sentido, los procesos se han ralentizado en esta nueva administración de gobierno. Presentó como ejemplo las transferencias instantáneas, en las que, según subrayó, ya se viene trabajando hace tiempo. A su entender, se trata de un instrumento que “deberíamos tener ya disponible”. Indicó que con este tipo de avances se beneficia toda la sociedad, siendo perjudicados solo en algunos casos los principales actores del sistema financiero, como por ejemplo los sellos internacionales. Retomando la problemática de la velocidad de los cambios, afirmó que estos procesos se deben transitar de manera mucho más rápida, siguiendo así los ritmos que impone la tecnología. “La innovación en los servicios financieros va rápido y en Uruguay la seguimos a paso de tortuga”, concluyó.
Pampín, por su parte, consideró oportuno en esta parte del proceso hacer foco en que el Banco Central se asegure de que los nuevos jugadores financieros le den credibilidad al sistema de medios de pago electrónico. Además, evaluó como importante el desafío de insistir en que los que menos tienen puedan acceder y usar estos medios de pago. Proyectando hacia adelante, planteó la posibilidad de que una vez establecida una estructura financiera con cierta madurez, se pueda dar lugar a otras herramientas, por ejemplo, la del IVA personalizado. Caracterizó la posibilidad de este instrumento como algo justo desde el punto de vista tributario, aprovechando la posibilidad que da para su implementación el nuevo marco tecnológico.
La LUC tuvo “pocos efectos prácticos”
Vallcorba se detuvo en las modificaciones realizadas por la Ley de Urgente Consideración (LUC) en los instrumentos de inclusión financiera. Resaltó que los mismos no tuvieron efectos tan significativos dado que las conductas del proceso de inclusión financiera ya ha generado en la sociedad un “cambio cultural”. Sobre la opción que da la LUC de no pagar salarios por medios electrónicos, cuestión que se debe negociar con el empleador, el economista dijo que perjudica a los menos beneficiados.
