El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, explicó que el impacto económico de la pandemia obligó al gobierno a adaptar sus planes para la negociación con trabajadores y empresarios. “No había condiciones para iniciar una ronda normal del Consejo de Salarios”, dijo en diálogo con CRÓNICAS. Por su parte, los presidentes de las cámaras de Industrias, Gabriel Murara, y de Comercio, Julio Lestido, hicieron énfasis en recuperar el empleo perdido y no en mantener el salario real.
La próxima ronda de negociación colectiva ya prometía ser compleja.
No sólo era la primera de la nueva administración del Gobierno conformado por la coalición multicolor, sino que además se daba en un contexto de deterioro del empleo, y arrastrando ya varios años de estancamiento de la actividad económica.
Si algo le faltaba, era la llegada de una pandemia que paralizara casi completamente la economía mundial.
Más que agregar una dificultad, la llegada del Covid-19 “cambio sustancialmente” lo planeado, indicó a CRÓNICAS el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. “Antes de la emergencia sanitaria, nosotros teníamos un plan que era la convocatoria normal al Consejo de Salarios, a la negociación salarial por la vía tradicional y con los criterios tradicionales”, señaló. Sin embargo, la llegada de la pandemia “obligó a una adaptación con el acuerdo de las partes, tanto de trabajadores como de empleadores, de que efectivamente no había condiciones para iniciar una ronda normal del Consejo de Salarios”.
Esto llevó a que el gobierno estableciera una ronda extraordinaria corta -de un año- con “características muy específicas”.
El titular de Trabajo sostuvo que, dadas estas condiciones, “se pierde el espacio de negociación colectiva a nivel de las mesas”. Mieres detalló que lo que se busca es un acuerdo general a nivel del consejo superior tripartito y que luego sea refrendado por las mesas sin ingresar en una negociación caso por caso. “Eso, que es una característica de la negociación colectiva, se pierde en favor de encontrar un camino para transitar un período muy complejo”, explicó.
Mieres fundamentó que Uruguay está pasando por una “profunda crisis del empleo”, con más de 200 mil trabajadores en seguro de paro, a lo que se suma una tasa de desempleo de 10,5% en febrero -previo al inicio de la pandemia en el país-, y una pérdida de más de 50 mil puestos de trabajo entre 2014 y el año pasado. Además, recordó que algunos analistas proyectan un nivel de desocupación que podría alcanzar el 16%.
Otros actores
Tanto trabajadores como empresarios coinciden en que la pandemia y su impacto en el empleo es determinante al momento de sentarse a negociar.
Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industrias (CIU), entiende que es “lógico” que el Covid-19 representa una mayor dificultad, pero además “hay una incertidumbre de cómo va a seguir” la situación.
En tanto, Julio Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU) evaluó que estamos en un “período puente” y que la propuesta del Gobierno va justamente en ese sentido. “El gobierno está diciendo que estamos parados acá y tenemos que llegar a la otra orilla; en el medio tenemos que crear un puente que es excepcional, por única vez, para este tema”, analizó.
Del lado de los trabajadores, Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, también observó varios lugares de trabajo quedaron vacíos por la pandemia, lo cual agrega un factor de complejidad a la negociación. “Para nosotros, los Consejos de Salarios son un fenómeno masivo (…) nosotros negociamos enraizados en los lugares de trabajo y en permanente conexión y consulta con los trabajadores. Entonces, en un momento que agrega además dificultades por el desempleo en el mundo del trabajo, no es una negociación normal”, profundizó.
Lo que esperan
De esta manera, los distintos actores reafirmaron cuáles son sus expectativas para la próxima ronda de negociación salarial.
Abdala señaló que los trabajadores “tendemos al empate”, ya que se está frente a un “proceso difícil” en el cual es necesario salir en primer lugar a “defender el trabajo” y en segundo lugar a “empatar en el salario”. El representante sindical fundamentó que “al contrario de algún análisis que se desarrolla, el salario y los ingresos (…) son un factor de reactivación porque mueven la demanda interna, de la cual vive la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas”. En ese sentido, aseguró que se “moverán desde todo punto de vista” para evitar el deterioro del poder de compra del salario real.
“Es una negociación muy compleja. Sumamente compleja”, resumió el sindicalista.
Desde el Gobierno, Mieres espera que se alcance un entendimiento tripartito. “La expectativa es esa, lograr un buen equilibrio entre las partes y los distintos derechos y obligaciones, donde todos pongamos, primero, un poco de la mejor buena voluntad para acordar, y segundo, de asumir las dificultades del momento y tengamos la capacidad de sobrellevar esos problemas y aceptar que hay renunciamientos y definiciones que no son fáciles”, reflexionó.
Los representantes empresariales fueron por otro camino. Murara afirmó que se debe defender la intención de mantener las fuentes de empleo y recuperar lo antes posible a quienes están en seguro de desempleo para que ese puesto no se pierda. Por su parte, Lestido opinó que mantener el salario real es imposible. “No hay que presentarnos cómo empresario contra sus trabajadores; si no entendemos lo que les está pasando a las empresas, es muy difícil poder hablar de otra cosa”, aseveró.
Los deberes
Mieres también se refirió a las obligaciones que le marcó la Organización Internacional de Trabajo (OIT) a Uruguay el año pasado para excluirlo de su denominada “lista negra”. Aseguró que es necesario “reformar la Ley de Negociación Colectiva” a partir de las observaciones, algo que todavía está pendiente.
Señaló que desde la cartera se espera a salir de la actual negociación salarial para que puedan trabajar los equipos del ministerio y “hacer una propuesta equitativa que permita resolver el problema de la observación”.
Gobierno flexibiliza requisitos para tramitar residencia fiscal
El Poder Ejecutivo publicó un decreto y enviará un proyecto de ley al Parlamento para flexibilizar los requisitos para tramitar la residencia fiscal y promover el arribo de capitales. De esta forma, desde el primero de julio el patrimonio necesario que se debe tener en el país para obtener la residencia fiscal bajará de US$ 1,7 millones a unos US$ 377 millones a valores de hoy, según informó El Observador.
Las personas físicas que permanezcan al menos 60 días en el año podrán obtener la residencia siempre y cuando tengan o adquieran un inmueble por 3,5 millones de unidades indexadas.
También habrá una reducción de los requisitos para aquellos extranjeros con empresas en Uruguay y que cuenten con al menos 15 empleos directos en relación de dependencia.
