El decreto 268/2020 modificó el capítulo III de la Ley 16.906, llamada Ley de Promoción de Inversiones, y otorgó así nuevos beneficios “más generosos” a los empresarios, de acuerdo al análisis realizado por el gerente senior de Deloitte Legal, Pablo Lagarriga. Evaluó que los cambios propuestos son “totalmente positivos” y podrán generar un alza en las inversiones en el país. No obstante, señaló que “no se puede cambiar la economía de las empresas únicamente desde un programa de beneficios a las inversiones”.
Presidencia promulgó un nuevo decreto reglamentario, el cual establece una serie de nuevos beneficios fiscales para proyectos de inversión. Justamente, la disposición refiere al Capítulo III de la Ley 16.906, mejor conocida como la Ley de Promoción y Protección de Inversiones.
Ante estas modificaciones, la consultora Deloitte elaboró un breve punteo de los principales cambios que se generan a través del decreto 268/2020.
En primer lugar, se destaca el incremento de los porcentajes de beneficios en exoneraciones del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) sobre la inversión elegible, en similares niveles de compromisos. Además, ahora son elegibles las inversiones realizadas desde el inicio del ejercicio de presentación, o con antigüedad de hasta seis meses, sin límite cuantitativo -se elimina requisito de no superar el 20% del total-.
También se disminuyen los plazos de cumplimiento de indicadores comprometidos de generación de empleo y aumento de exportaciones, que pasan de cinco a tres años, y el margen de tolerancia es del 20% y se aplica al puntaje total de la matriz al final del cronograma de cumplimiento de indicadores.
En cuanto al IRAE, se puede exonerar hasta un 90% del ejercicio -en comparación con el 60% previo-, el plazo mínimo de goce de beneficios de este impuesto será de cuatro ejercicios -antes eran tres-. Por último, se mantendrán los beneficios transitorios por inversiones entre el 1° de abril de este año y el 31 de marzo del 2021.
Aquellas empresas que hayan presentado proyectos de inversión por el decreto 143/018 -el que regía antes de esta nueva modificación- a partir del 1° de mayo de 2020, pueden optar por pasarse al régimen del nuevo decreto.
Evaluación
En diálogo con CRÓNICAS, Pablo Lagarriga, gerente senior del área de Impuestos y Legales de Deloitte, analizó los impactos de la modificación a la reglamentación de la Ley de Inversiones.
Según afirmó, se otorga unos beneficios “más generosos” a los empresarios. A su entender, “se está premiando más la inversión en este momento, lo cual sigue la lógica de que estamos en un momento de retraimiento de la inversión por un montón de causas externas e internas”.
De esta manera, el especialista en proyectos de inversión consideró “totalmente positivos” a los cambios propuestos en el nuevo decreto.
Asimismo, Lagarriga opinó que los mayores beneficios a inversores otorgados en la nueva reglamentación podrían generar un alza de las inversiones en el país. “Es un elemento importante a la hora de tomar decisiones (…) Me aumenta el retorno hacer una inversión, tengo que ver cuánto va a ser mi tasa de retorno. Esto me aumenta el retorno, me mejora las cuentas de la inversión, me disminuye las obligaciones, entonces a la larga obviamente es un impulso para las inversiones”, señaló.
Añadió, además, que las modificaciones a la Ley 16.906 pueden configurar un elemento dinamizador de la economía. No obstante, apuntó que “no se puede cambiar la economía de las empresas únicamente desde un programa de beneficios a las inversiones”.
“Si me decís ‘va a cambiar la economía, va a haber un incremento del PIB para el año que viene por esto’, no. No lo llevaría a ese punto”, aseveró.
No importa quién mande
La Ley de Inversiones ha sido un instrumento que ha trascendido los colores políticos. Se promulgó en el año 1998, durante un Gobierno del Partido Colorado, en 2007 el Frente Amplio aprobó un nuevo decreto reglamentario para darle mayor utilidad a la herramienta, y ahora el Partido Nacional junto a sus socios de la Coalición implementaron estas nuevas modificaciones buscando lograr un nuevo empuje.
Consultado respecto a si puede verse a esta ley de Promoción de Inversiones como una “política de Estado” con la que cuenta el Uruguay, Lagarriga respondió afirmativamente.
“Siempre hubo políticas de fomento a la inversión. El tema es que el gran cambio de 2007 fue que estas políticas ya dejaron de ser para el gran inversor que venía del exterior y nada más, sino que pasaron a ser también políticas para el que quiere mudar su empresa, para el que quiere agregar un galpón o comprar maquinaria de última tecnología (…) Lleva a impulsos de generar mejor calidad de trabajo, inversiones de mucho mejor calidad, y eso es el punto mayor”, evaluó.
Bajo este supuesto, el gerente senior de Deloitte subrayó que desde entonces ha habido campañas electorales e incluso un cambio de gobierno. Así, en ninguna instancia se habló de eliminar los beneficios a proyectos de inversión, y bajo la transición del Frente Amplio a la coalición multicolor “los beneficios no solo no se eliminan sino que se mejoran y se apuntan como uno de los caminos de salida de esta situación a fomentar las inversiones mediante beneficios tributarios”, expresó.
Por lo tanto “capaz que sí, es una política de Estado”, reiteró el experto. “Ni el Partido Nacional, ni el Frente Amplio, ni el Partido Colorado, ni ahora la coalición han hablado de eliminar beneficios, y todos han hecho de los beneficios tributarios con esta nueva metodología una ayuda para llevar a decisiones de inversión”, enfatizó.
