Entendiendo que ocupaciones, piquetes y “cualquier medida” que no permita a empleados no adheridos ni a directivos ir a trabajar, no están incluidas en el derecho de huelga, el abogado Nelson Larrañaga presentará al Parlamento un proyecto de ley que las limite. Explicó que es un proyecto “más amplio” que el decreto establecido por el actual gobierno y busca acelerar los procesos que actualmente se hacen por la vía judicial, a través de la participación directa de los ministerios de Trabajo e Interior.
El abogado experto en relaciones laborales, Nelson Larrañaga, propondrá al Parlamento un proyecto de Ley que apunta a eliminar las ocupaciones de los lugares de trabajo, al entender que no son una extensión del derecho de huelga, pero va un paso más allá y también propone prohibir los “piquetes y cualquier otra medida que los trabajadores adopten en el centro de trabajo, que impida el ejercicio de los derechos de libertad de trabajo”.
En diálogo con CRÓNICAS, Larrañaga fundamentó su propuesta y se refirió al compromiso asumido por el Gobierno actual de derogar el decreto 165 del 2006 que regula el derecho de huelga y la ocupación de lugares de trabajo, y al nuevo decreto para regular las desocupaciones de los lugares de trabajo en caso de que los ocupantes impidan trabajar a los no adheridos o a directivos de la empresa. Explicó que la idea del proyecto de ley, y no de un nuevo decreto, es que para una modificación futura requiera de un nuevo trámite parlamentario que cuente con los votos necesarios.
El proyecto propone garantizar la libertad de trabajo de los que no adhieran a medidas sindicales y la libertad de los directivos de empresa a ingresar al establecimiento y poder trabajar, en caso de cualquier medida de acción colectiva de los trabajadores que les impida desarrollar el trabajo de los demás. “Es más amplio que lo que el gobierno anunció, no solo comprende ocupaciones sino también a piquetes y cualquier otra medida que los trabajadores adopten en el centro de trabajo que impida el ejercicio de los derechos de libertad de trabajo”, explicó Larrañaga. El abogado puso como ejemplo medidas como las llamadas “asambleas permanentes”, que -argumentó- implican una “ocupación encubierta” porque no dejan trabajar a nadie. “No están ocupando, pero adentro de la empresa te establecen mecanismos para que nadie más trabaje”, sostuvo.
Larrañaga señaló que en los “piquetes”, la Ley de Urgente Consideración solo garantiza la libre circulación en las vías públicas, pero no está garantizada la libertad de trabajo.
Distinto a la huelga
A diferencia del argumento del Gobierno anterior y de lo que se entiende a nivel sindical, estas medidas de acción colectiva “son diferentes a la huelga”, según Larrañaga. Fundamentó que “la huelga es un derecho constitucional que consiste en la omisión de trabajar. Y ahí terminó. La omisión de trabajar, decidida por el colectivo de los trabajadores no afecta por sí misma el ejercicio del derecho a los demás, porque el que no quiere trabajar y adhiere a una medida de huelga se va de la empresa y no causa ningún daño a los demás, y los que quedan pueden seguir trabajando. En cambio, todas estas otras medidas (…) no son huelga porque no consisten en omisión de trabajar, sino que son medidas activas, de tomar control del establecimiento, de bloquear la entrada al local de la empresa para que nadie entre a trabajar”.
En ese sentido, el proyecto establece una protección a la “libertad de trabajo de los trabajadores que no adhieren y de los directivos de la empresa, de ingresar a la empresa y poder trabajar”.
Asimismo, el proyecto hace que “el Estado asuma la garantía de que esos derechos vulnerados van a ser protegidos”. El procedimiento establece que las personas que se sientan afectadas realicen una comunicación al Ministerio de Trabajo para que se constituya en el lugar y negocie para que dejen sin efecto estas medidas y restablezcan la negociación. En caso de negativa, dicha cartera da participación al Ministerio del Interior para que efectivice la desocupación o disolución del piquete.
“Es un procedimiento administrativo mucho más rápido que la justicia. Hasta ahora, para desbloquear el acceso al establecimiento que hace el piquete u ocupación, tendrías que ir a la justicia civil a promover una acción de amparo, y (…) logras la desocupación luego de seis o siete días hábiles. La ventaja del procedimiento administrativo es que en a más tardar un día ya se restablece el orden y se puede trabajar”, explicó.
De acuerdo a Larrañaga, “una protección judicial tardía es sinónimo de no protección, porque si no podés ejercer tu derecho durante seis o siete días hábiles, sentís una frustración de decir ‘quiero trabajar y no puedo’. Eso lo tiene que garantizar el Estado a través del Poder Ejecutivo, por la vía de la actuación de dos ministerios”.
El debate
Entre los argumentos del proyecto, menciona que Uruguay incumple el convenio de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que las organizaciones de trabajadores pueden realizar medidas de acción en respaldo a sus reivindicaciones, pero tienen que respetar la legalidad. “Si hay medidas que no respetan el orden jurídico, son ilegitimas, y así lo ha dicho la justicia. La justicia civil dijo que las medidas -específicamente ocupaciones y piquetes- que impiden el trabajo de los demás son ilegítimas, porque vulneran el derecho de los demás”, explicó.
En ese sentido, recordó que la OIT indicó que “debe garantizarse la libertad de trabajo por parte del gobierno, y permitir el libre ejercicio de esas libertades cuando una medida sindical se la impide”.
Para Larrañaga “el debate está en si esas medidas de ocupación y piquetes forman parte o no del derecho de huelga”. “El PIT-CNT y los gobiernos anteriores decían que formaban parte del derecho de huelga, entonces si el gobierno desocupaba, en realidad estaba en contra del derecho de huelga, que era constitucional. Pero eso es un error técnico, porque las ocupaciones y los piquetes no forman parte del derecho de huelga, no tienen nada que ver. Entonces, no están protegidas por la Constitución”, explicó. “Ese es el yerro técnico que tenían los gobiernos anteriores”, agregó.
De acuerdo al experto, lo que hace el nuevo gobierno es cumplir con la OIT y “garantizar la libertad de trabajo de los que no adhieran a las medidas”.
