Desde que asumió, el Gobierno de Luis Lacalle Pou realizó doce “innovaciones” en el sistema tributario, cinco con aumentos (permanentes o transitorios) y siete que conllevan nuevas exoneraciones y ajustes en los mecanismos de liquidación, según un informe del Laboratorio Fiscal y Tributario del Cinve. Aunque la recaudación neta de la DGI bajó 2,7% en 2020, la mayor caída de la economía -y otros factores- llevaron a un incremento de la presión fiscal de medio punto del PIB.
El Laboratorio Fiscal y Tributario del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) publicó su primer informe resumiendo los principales “hitos tributarios” acontecidos durante el primer año del Gobierno de Luis Lacalle Pou, “considerando los efectos impositivos más relevantes y los impactos previsibles sobre la recaudación de cada una de las medidas adoptadas”.
Desde el 1º de marzo de 2020 hasta la publicación del informe, se realizaron a través de leyes y decretos al menos doce innovaciones en el sistema tributario, cinco de las cuales corresponden a incrementos permanentes o transitorios de nuevos impuestos o pre-existentes, mientras que los siete restantes conllevan nuevas exoneraciones y ajustes en los mecanismos de liquidación de tributos vigentes.
En 2020, la recaudación neta (descontando la devolución de impuestos) de la DGI cayó 2,7% en términos reales (ver CRÓNICAS del 5 de febrero), una baja “sensiblemente inferior a la variación del nivel general de actividad económica”, que según Cinve, habría caído 6,1%. Se explica que, sin cambios en la estructura tributaria, el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes suele tener una relación “muy estrecha” con el nivel de actividad. “Puede presumirse, por ende, que algunos de los cambios en el sistema tributario introducidos durante el año pasado contribuyan a explicar, al menos parcialmente, por qué la recaudación de la DGI ha caído significativamente menos que el nivel de actividad”. De acuerdo al Laboratorio Fiscal y Tributario, el impacto de múltiples factores llevó a un incremento de la presión fiscal del orden de medio punto del PIB en 2020. “En efecto, los ingresos de la DGI pasaron del 16,1% del PIB en el año 2019 al 16,6% del PIB en 2020, según el informe presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas acerca del resultado financiero del sector público”, agrega.
Losers
El informe detalla las modificaciones realizadas, la perspectiva de aumento o caída de la recaudación que esta modificación traerá, y en consecuencia, quienes serán los “ganadores” o “perdedores” con la misma.
Entre las modificaciones que implicaron aumentos, se menciona la eliminación de la rebaja de 2% del IVA en las compras con tarjetas de débito y medios de pago electrónicos (operaciones de hasta UI 4.000) y de 4% en las compras con tarjeta de crédito, débito e instrumentos de pago electrónico en servicios gastronómicos y de turismo. Los “perdedores” con esta medida fueron los “consumidores que utilizan instrumentos electrónicos de pago, en su mayoría incorporados a partir de la inclusión financiera”.
También refiere al Impuesto Emergencia Sanitaria Covid-19, implementado de forma temporal sobre las remuneraciones y prestaciones nominales de los funcionarios públicos y trabajadores dependientes de empresas públicas y paraestatales, así como un adicional temporal de IASS sobre jubilaciones y pensiones. Los afectados fueron los empleados públicos dependientes y con contratos de arrendamiento de obra, de empresas estatales y personas de derecho público no estatal, y los jubilados.
Perdedores: consumidores, jubilados y trabajadores que pagan o pagarán IASS e IRPF, empleados públicos y productores agropecuarios.
Por su parte, la suspensión por un año del crédito fiscal de titulares de explotaciones agropecuarias por el impuesto del 1% de enajenación de semovientes pagado a los gobiernos departamentales perjudicó a los productores agropecuarios ganaderos.
También se señala que la modificación en el mecanismo de ajuste de la BPC (utilizando el Índice Medio de Salarios y no la inflación) que es determinante para el cálculo de las franjas de IRPF Categoría II (rentas del trabajo) y del IASS. En este caso, los “perdedores” son los trabajadores y jubilados que ya pagan IRPF o IASS, o los que comienzan a pagar estos tributos como consecuencia de esta medida.
Por último, también se destaca el aumento de las bases específicas o valores para el cálculo del Imesi de bebidas, grasas y lubricantes, tabacos y cigarrillos, y combustibles. Entre los perdedores, están los consumidores de bebidas alcohólicas, aguas y jugos, tabacos y cigarrillos, y de combustibles, grasas y lubricantes.
Winners
Entre los cambios que trajeron una reducción de impuestos, se menciona al nuevo régimen de promoción de inversiones para la actividad de construcción de gran dimensión económica (para la venta o arrendamiento de inmuebles con destino a oficinas o vivienda), que implica reducción en el pago de IVA, IRAE, IP e ITP. Los “ganadores” fueron los promotores privados de la construcción e inversores de viviendas promovidas.
También se hace referencia a la flexibilización de las “bases de intereses económicos” para obtener la residencia fiscal, que beneficia a extranjeros o nacionales no residentes que adopten la residencia fiscal en Uruguay para disminuir su tributación sobre rentas de capital en el exterior, bajo el mecanismo de tax holiday (vacación fiscal). Si bien el efecto es de una disminución de la recaudación, también podría implicar un “efecto neutral” si llegaran No Residentes que no lo hubiesen hecho de no otorgarse esos beneficios.
Ganadores: promotores privados de la construcción, quienes adopten la residencia fiscal en Uruguay, pequeñas empresas que inicien actividad este año, propietarios de inmuebles, empresas turísticas, turistas y productores agropecuarios con más de 2.000 hectáreas.
También se mencionan cambios al IRAE y al IVA mínimo para pequeñas empresas, que beneficia fundamentalmente a pequeñas empresas que inicien actividad desde el 1º de enero de 2021.
Se incluyen, además, las medidas adoptadas para el sector turístico buscando mitigar los efectos de la pandemia sobre la temporada turística (exoneración de IVA en hoteles y de IRPF en arrendamientos) donde se beneficia a los propietarios de bienes inmuebles que arriendan en temporada, empresas de turismo y a los turistas.
En cuanto al IRAE, la eliminación de la obligación de pagar el 50% de la utilidad del ejercicio y no abatir el 100% con pérdidas fiscales anteriores, beneficia a un grupo “minoritario” de empresas grandes y medianas que liquidan IRAE real y tengan pérdidas fiscales anteriores.
Por último, fue modificado el mecanismo de ajuste para la valuación de los inmuebles rurales para el Impuesto al Patrimonio, lo que beneficia a los productores agropecuarios con más de 2.000 hectáreas.
