Una cuestión generalizada en el imaginario colectivo, respecto a que Uruguay es un país caro, y las comparaciones con nuestros países vecinos, parecen confirmar esa percepción. Recientemente, el Banco Central del Uruguay (BCU) problematizó este aspecto y lanzó una convocatoria a especialistas a contribuir a la conversación. Ante esto, CRÓNICAS consultó a los economistas Ramón Pampín, manager de PwC, y Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), para abordar esta problemática.
Por Mateo Castells | @teocastells
“¡Qué caro está todo!”. La frase puede corresponder a dos señoras conversando en una feria, una persona en la góndola de un supermercado, alguien mirando vidrieras en un centro comercial, un turista que acaba de llegar al país, o una infinidad de situaciones más. Se trata prácticamente de un lugar común en las conversaciones cotidianas, y una percepción ampliamente generalizada en la sociedad.
Sin embargo, este postulado no es solamente una exclamación tozuda del vecino o la vecina de un barrio, sino que responde –según lo entienden los especialistas consultados– a una percepción generalizada que cuenta con elementos reales que lo fundamentan.
En este marco, recientemente el BCU convocó a investigadores para ayudar a comprender qué hay de cierto sobre la percepción de que Uruguay es un país caro (ver recuadro). Las conclusiones de esos estudios buscarán identificar los factores que determinan las diferencias significativas entre precios clave de bienes y servicios, y su valoración para la economía.
A continuación, un análisis de los principales elementos que –al entender de los expertos consultados por CRÓNICAS– llevan a que Uruguay sea “un país caro”.
Falta competencia
Los diferenciales de precios con la región, particularmente en productos transables, más allá de las distorsiones del tipo de cambio en momentos particulares, forman parte del punto neurálgico de la problemática. Eso se puede constatar en las largas filas de autos y en los miles de uruguayos que todos los fines de semana cruzan la frontera para realizar “turismo de compras” o sencillamente el surtido para sus hogares.
“Mi hipótesis es que lo que tenemos en Uruguay es un problema de baja intensidad en la competencia”, donde hay diversos mercados que, si se analizan, “están controlados por pocas empresas y existen barreras al ingreso de nuevos jugadores”, explicó Agustín Iturralde.
En este sentido, el director ejecutivo del CED declaró que “hay diferenciales de precios que más que responder a costos –que puede haber diferenciales de costos–, se trata de que en otros países hay mayor intensidad en la competencia, entonces, los precios terminan siendo más bajos, algo que acá no pasa porque hay pocos actores, por lo cual se terminan pagando precios mayores”.
Un ejemplo de esto se puede encontrar en el precio de la pasta de dientes, un producto de consumo cotidiano, pero cuyo precio se encuentra condicionado por el papel dominante de quien la importa y que decide unilateralmente a cuánto venderla. En Uruguay, este producto tiene un único importador, que se trata de la sucursal local de la marca internacional, quien es la que puede registrar el producto en el país para venderlo.
“Si Uruguay cambiara las regulaciones y permitiera que los registros fueran distintos, o que cualquiera pueda traer y vender un producto que esté registrado, participarían otros actores y eso permitiría nueva competencia. En este sentido, sí se necesitan cambios regulatorios”, puntualizó Iturralde.
Esta problemática se puede encontrar en distintos mercados y en forma de patrón. Es claro que cada mercado tendrá sus particularidades y barreras, con sus aranceles propios y sin una única solución para todos, pero en todos es algo que “se termina imponiendo como principal factor”.
Por lo que es esta interna en el ecosistema de importadores que cada producto posee, lo que genera que los precios sean más caros que en Brasil o Argentina, países donde muchos de ellos son producidos. Pero los precios no deben ser regulados, sino que se debe “tender a que la competencia crezca, sin fijar los precios, porque es algo que siempre termina mal”, concluyó el director ejecutivo del CED.
Para Ramón Pampín, es menester diferenciar lo que es caro respecto de lo que es la variación de precios en general: “La variación de precios la vemos reflejada en el tipo de cambio real y lo tenemos en el debate público cuando se da en la jerga de lo que es el atraso cambiario o la inflación en dólares, cuando la inflación sube por encima de los precios domésticos y son caros respecto de lo que es el nivel de precios y su fijación”. Eso, argumentó, termina brindando dos enfoques de carestía, como lo es el ritmo de crecimiento de los precios y el nivel de los mismos.
Salarios y productividad
Para analizar qué tan caro es Uruguay, también se deben tener en cuenta los salarios, y contrastar cómo se comportan y se distribuyen los billetes que llegan a las cuentas de los uruguayos, en comparación con el precio de lo que debe, quiere y necesita consumir y pagar una persona. Para Pampín, “la canasta de consumo crece a un ritmo y el ingreso crece a otro”, donde entra en juego la productividad del sector no transable (bienes y servicios que no se comercializan con el exterior y que, en consecuencia, fijan sus precios mayormente en función de las presiones de oferta y demanda).
“Es importante ver a qué ritmo crece la productividad en este sector, y este es un desafío para Uruguay”, indicó y recalcó que “hay que ver cómo está alojada la asignación de factores en Uruguay y cómo es la tasa de crecimiento”.
En este sentido, lo determinante es cómo el país asigna su trabajo entre el sector transable y no transable. Que Uruguay tenga gran parte de la asignación de su trabajo en el sector no transable y este sector tenga “grandes baches” de productividad, determina que el ingreso tenga una tasa de crecimiento en su productividad muy baja y entre en conflicto con cualquier otro tipo de tasa de crecimiento que sea mucho más alta, donde se genera un problema.
Pero Iturralde cree que los salarios son bajos en comparación al costo de vida, pero en términos absolutos, comparados con los salarios de Argentina o Brasil, en Uruguay “los salarios son altos”.
De esta forma, si no existen regulaciones en cuanto a la competencia, el registro de productos y la forma en que crece la productividad del sector no transable, entre diversos factores de tamaño microeconómico, la frase “qué caro está todo”, seguirá resonando con frecuencia al oriente del río Uruguay.
Convocatoria para “comprender” si Uruguay es caro
El BCU abrió un llamado a investigadores con el objetivo de identificar los factores que determinan diferencias significativas entre precios clave de bienes y servicios y su valoración para la economía uruguaya.
Para ello, contratará hasta cinco trabajos de investigación que permitan que, una vez identificados estos factores, se cuantifiquen sus efectos sobre el bienestar de los individuos, siendo además bienvenidas las propuestas conducentes a la reducción de las diferencias de precios.
El producto final debe ser original y superar discusiones ya abordadas con respecto a desalineamientos cambiarios o al excedente de exportadores.
En particular, los investigadores deberán tener como marco teórico la ley de un solo precio y dirigir sus esfuerzos a estudiar los motivos por los cuales la misma no se cumple por períodos relativamente prolongados.
Gobierno anunció medidas para atender problemática en frontera con Argentina
La diferencia cambiaria con Argentina hace que muchos uruguayos hagan uso del beneficio económico que otorgan los precios bajos, y en aquellos departamentos que cuentan con mayor cercanía con el país vecino, el uso de esta práctica hace que los comercios y la economía de la región sientan el impacto y vean una clara disminución en el consumo de sus clientes.
Por ese motivo, el gobierno anunció medidas para mitigar esta situación, donde se incluye la ampliación de la Ley 20.104 (Ley de Frontera), votada en octubre de 2021 y que otorgó la exoneración del 100% de los aportes patronales jubilatorios, la exoneración del impuesto unificado Monotributo y Monotributo Social, específicamente para empresas ubicadas en zonas fronterizas.
En esta nueva ampliación, se encomendará a OSE y UTE estudiar la exoneración de los cargos fijos a los comercios comprendidos en los beneficios de la Ley de Frontera y serán incorporadas a la campaña “Beneficios Para Vos” las pequeñas farmacias del litoral.
