Varios expertos en comercio exterior y economía analizaron cuales deberían ser las medidas que debería adoptar Uruguay para favorecer su ingreso a más mercados, durante un evento organizado por la Academia de Economía. En particular, se mencionó la necesidad de ratificar acuerdos plurilaterales, eliminar la tasa consular, y que el sector privado pague un monto más alineado con el costo de provisión de sus servicios.
La Academia de Economía organizó el seminario “Agenda para la internacionalización del país”, donde diversos expertos hicieron una serie de propuestas en pos de mejorar la inserción internacional de Uruguay.
En primer lugar, el país necesita ratificar un conjunto de acuerdos plurilaterales; principalmente el Acuerdo de Tecnologías de la Información, argumentó el vicepresidente de Zonamerica, Isidoro Hodara. Según el análisis del también presidente de la Cámara Uruguayo Japonesa de Comercio e Industria, este acuerdo hoy cuenta con 82 signatarios que representan el 97% del comercio internacional de productos de tecnologías de la información.
“En principio, los miembros se comprometen a eliminar las tarifas sobre todos los productos cubiertos por el acuerdo. La reducción en aplicación de la cláusula de la nación más favorecida que nos debemos dentro del Mercosur tendría que aplicarse también a los países miembros del Mercosur”, sostuvo.
Así, el principal beneficio de incorporarse a este acuerdo implicaría una reducción de costos de los productos de esta tecnología con efectos positivos en la competitividad del país, explicó Hodara.
“Una agenda concreta”
Por su parte, Marcel Vaillant, profesor titular de Comercio Internacional del departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, hizo hincapié en que Uruguay necesita incorporarse a más acuerdos plurilaterales. Entre ellos, el de compras gubernamentales de la Organización Mundial de Comercio (OMC), ratificar el firmado entre el Mercosur y la Unión Europea, y el tratado de cooperación en materia de patentes de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).
“Esto marca una agenda concreta y muy práctica de cuestiones que están en agenda, no hay que inventar nada nuevo, y deberíamos concretarlo”, expresó el experto. Así, comentó que “nosotros nos imaginábamos un artículo programático en donde la ley de presupuesto le encomendara al poder Ejecutivo de hacer las acciones necesarias para mandarle al Parlamento”.
Sacá la tasa
Más allá de estos pactos internacionales, en el marco de sugerir propuestas que puedan facilitar el comercio y dar un apoyo a la competitividad en Uruguay, la economista María Soares de Lima expuso sobre la tasa consular, en un esfuerzo por eliminar este instrumento.
La tasa consular es un tributo que se cobra a los bienes que se importan, excepto petróleo crudo, aquellos bienes que se importan bajo régimen de admisión temporaria y todos aquellos bienes de capital que se importan con uso exclusivo para los sectores industrial, agropecuario y pesquero.
Así, la experta observó que entre 2011 y 2015 tuvo una recaudación promedio de US$ 116 millones, que ascendió a US$ 173 millones entre 2016 y 2019. Además, tanto en 2018 como 2019 estuvo por encima de los US$ 200 millones.
Actualmente, la tasa consular es 0% con México, 3% con el Mercosur y 5% extra-bloque. Sin embargo, Uruguay ya se comprometió a eliminarla con los bloques sudamericano y europeo en el marco del acuerdo firmado. “Lo que queríamos traer a discusión es que, en la medida que las autoridades lo estimen conveniente, poder extender este proceso de eliminación paulatina de la tasa al resto de los países de la OMC bajo lo que es la cláusula de la nación más favorecida”, dijo Soares de Lima.
Cadenas competitivas
Por último, el economista Álvaro Pereira planteó que se busca lograr que lo que el sector privado pague por servicios públicos para participar del comercio exterior esté alineado con el costo de provisión de este servicio.
A modo de ejemplo, explicó que el Laboratorio Tecnológico (LATU) cobra una tasa de 1,5% para certificar importación de alimentos. “Quizás al LATU le cueste lo mismo hacer un análisis de una mercadería que cuesta US$ 1.000.000 por la cual recauda US$ 15.000; nuestra propuesta es que el apartamiento sea lo menor posible”, señaló.
Lo que propone, entonces, es que se acerque “lo más posible” a los costos de provisión de los servicios. “La justificación de esto es tener cadenas lo más competitivas posible en el entendido de que esto es lo que más beneficia al país”, finalizó Pereira.
