La reforma de la seguridad social es entendida como una necesidad por buena parte de la ciudadanía, y resulta clave para el futuro del país, según se analizó durante un seminario organizado por la Academia Nacional de Economía y CFA Society Uruguay. Allí se destacó la importancia del cambio, el abordaje técnico y la creación de una Agencia Reguladora de la Seguridad Social (ARSeS), con el fin de asesorar y coordinar con lo que corresponda, y de mitigar y controlar la gestión del sistema.
El sistema uruguayo está frente a un momento histórico, que comienza con el debate del anteproyecto de ley para un cambio integral de toda la estructura previsional. La propuesta se caracteriza por su alcance, ya que no afecta a los jubilados ni a las personas cercanas a la jubilación; es integral, porque incluye a todas las “cajas”; y es gradual, porque propone una transición de 20 años.
La apertura del evento, realizado en el piso 40 del Complejo World Trade Center, estuvo a cargo de la presidenta de la Academia, María Dolores Benavente, que destacó la importancia que el tema tiene para el país, como lo demuestra una encuesta en la que “el 72% de las personas cree que se debe reformar la seguridad social”. El desafío pasa por definir cuáles son las modificaciones y hacia a donde se debe apuntar, y lamentó la “politización” de la discusión sobre la edad de retiro, ya que –evaluó- el tema va a “algo más profundo”.
Con experiencia
Tres especialistas compartieron sus reflexiones y sugerencias. Por un lado, el economista y jefe de la unidad de pensiones de capitalización de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Pablo Antolín; la docente y especialista, Bárbara Mainzer; y el docente y analista, José Licandro.
Antolín comentó las principales recomendaciones de la OCDE para guiar una buena reforma de pensiones, resaltando los objetivos y riesgos basados en las experiencias mundiales. Para la organización existen “muchas” opciones de modificaciones, y lo fundamental es “elegir con pleno conocimiento de causa, las implicaciones tanto negativas como positivas”. El método de pensiones para el ahorro tiene varios objetivos, pero el principal es “asegurarse que todas las personas tengan recursos para financiar su vejez (seguridad económica)”. Sin embargo, hay otros propósitos importantes como aliviar la pobreza de la vejez, verificar que los ciudadanos ahorren y estén asegurados contra los distintos riesgos.
Además, expresó que planear la reserva para financiar la jubilación puede “producir riesgos e incertidumbres” tanto para el individuo como para el regulador que establece los parámetros. En este caso, están los riesgos macroeconómicos referidos a la (inflación, crecimiento); laborales (desempleo, evolución salarial), demográficos (esperanza de vida); y sociales (invalidez, enfermedad). Por ende, “los distintos países deciden un equilibrio entre todos los objetivos y la priorización de los diferentes riesgos”, afirmó.
Un sistema “generoso”
A su turno, Mainzer explicó brevemente el orden previsional, y destacó que el país es “generoso” en lo que respecta a la pasividad. Detalló que la estructura del sistema está formada por el sistema Mixto BPS-AFAP-aseguradoras; los servicios estatales (caja policial y militar) y las cajas paraestatales (caja bancaria, notarial y de profesionales). A su vez, el sistema mixto formado por cuatro pilares: pensiones a la vejez e invalidez, BPS (beneficio definido), ahorro individual gestionado por las AFAP (contribución definida) y el ahorro voluntario.
Evaluó que la cobertura del sistema es “excelente” porque el 98% de la población mayor a 65 años tiene algún tipo de prestación; y la “suficiencia” en relación a la jubilación y el sueldo es “realmente buena” en el ámbito local y mundial. A su vez, destacó que “Uruguay tiene tasas de reemplazo generosas, lo que marca una diferencia respecto al resto de América Latina, donde las bajas tasas de reemplazo se deben a la alta informalidad.
De todas formas, en Uruguay el gasto público en pasividades, como el porcentaje del PIB, y la relación de dependencia mayor a 65 años en relación a los individuos que trabajan, es similar al de los países desarrollados aun con “una población menos envejecida”, remarcó.
Por último, Mainzer sostuvo que entre el déficit contable y económico hay discrepancias: “Si se consideran todos los impuestos afectados y aportes, la realidad es que el económico es muchísimo mayor que el contable”.
Marco institucional
Por último, Licandro destacó la creación de la ARSeS prevista en el anteproyecto. Entiende que es fundamental para regular los regímenes de reparto que históricamente tienen incentivos a incrementar los beneficios, sobre todo los prestadores que están a cargo de una entidad financiera, representan a la ciudadanía e interpretan que su finalidad es dar más beneficios a los jubilados. “Esto sucede en todos lados, no solo pasa en el BPS, sino también en las cajas paraestatales”, aseguró.
Agregó que una de las cuestiones financieras que tiene la Caja de Profesionales es que, “en las últimas dos décadas se daban aumentos de pasividades más allá de lo que preveía la ley, y se consumieron las reservas”.
El sistema político canaliza esos incentivos hasta que los problemas se hacen “ostensibles”, con soluciones reactivas que repercuten en la sociedad. De la misma forma, los “costos políticos” postergan soluciones de largo plazo que ocasiona el agravamiento de las dificultades y empuja a soluciones “más dolorosas e injustas”.
Finalmente, recalcó que se debe establecer una agencia porque “las nuevas generaciones disponen de menos recursos para otras políticas públicas, como la infancia, educación, vivienda, entre otras. En tanto, los usuarios mixtos no tienen claro a cuánto asciende su prestación y no hay vocación de atenderlos de manera integral”. Por este motivo, se necesita un marco institucional que mitigue y controle la gestión. Además, concluyó que la opinión pública y la política no están informadas sobre las dificultades que se acumulan.
