La decisión del gobierno de modificar la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) para que pase a medirse sobre el Índice Medio de Salarios (IMS) “no contribuye a paliar la compleja situación económica que estamos viviendo, no parece adecuado”, según dijo a CRÓNICAS el economista de CPA Ferrere Giuliano Cantisani. Asimismo, la directora del Departamento de Economía de la Udelar, Gabriela Mordecki, cuestionó hacia dónde están dirigidas las políticas económicas del gobierno, y enfatizó en que Uruguay “tiene capacidad de endeudarse” y “hacer frente” a la situación.
El gobierno, a la par que anunció la compra de vacunas contra el covid-19, determinó también cambios en el régimen de pago de impuestos.
En particular, dio a conocer los nuevos valores de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC). Esto se utiliza para determinar el mínimo no imponible y las franjas del Impuesto a las Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), además de fijar ciertas prestaciones sociales -por ejemplo, las asignaciones familiares contributivas-.
De esta manera, la administración de Luis Lacalle Pou pasó de ajustar la BPC de acuerdo a la inflación -es decir, a la variación del Índice de Precios del Consumo (IPC)- a la evolución del Índice Medio de Salarios (IMS). Así, dado que en 2020 hubo caída del salario real (es decir, el salario creció menos que la inflación y, por lo tanto, los asalariados perdieron poder de compra), al ajustarse por IMS, tanto el mínimo no imponible como las franjas aumentan menos de lo que sucedería si se hubiera ajustado por IPC.
El economista socio de CPA Ferrere, Giuliano Cantisani, explicó así los cambios realizados por el gobierno en diálogo con CRÓNICAS. Añadió, además, que dicha modificación tiene como consecuencia un aumento de la carga impositiva sobre los contribuyentes, en comparación al método anterior.
“A modo de ejemplo”, detalló, “un trabajador sin hijos que cobra un salario nominal de $50.000 pagaría $89 más de IPRF en comparación con lo que pagaría si el ajuste fuera por IPC. Esta diferencia se va haciendo mayor al considerar salarios más altos”. Al mismo tiempo, el cambio implica que algunos trabajadores que no pagarían IRPF con el criterio anterior pasen a hacerlo ahora, dado que el mínimo no imponible que surge de ajustar por IMS es de $34.090 según profundizó el consultor senior del Servicio de Análisis y Pronósticos Económicos. En cambio, si se hubiera ajustado por IPC sería de $34.610.
En el caso del IASS “pueden hacerse consideraciones similares”, acotó.
Además, Gabriela Mordecki, directora del Instituto de Economía de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de la República (Iecon-Udelar), expresó que además de que los trabajadores tengan que pagar más impuestos, las familias van a recibir menos complementos de las partidas de gobierno. Por el otro lado, mirando el impacto de esta modificación desde las cuentas públicas, la economista determinó que habrá un aumento en la recaudación y una disminución en la necesidad de pago de prestaciones, lo cual provocará una baja en algunos gastos.
Opiniones
De acuerdo con las estimaciones del Departamento de Impuestos de CPA Ferrere, ajustar por IMS implicaría un aumento en la recaudación impositiva de US$ 28 millones en comparación con lo que se hubiese recaudado si se hubiera ajustado por IPC (suponiendo que todos los demás factores se mantengan constantes), afirmó Cantisani. De igual forma, aclaró que -en promedio- los trabajadores pagarían la misma tasa de IRPF que pagaban el año anterior, “pero mayor a la que se pagaría si se hubiese ajustado por IPC como se venía haciendo”.
A pesar de ello, reconoció el experto, “es conveniente precisar que este análisis es contrafáctico, ya que estamos comparando lo que se recaudaría con un criterio y otro”. Así, insistió en que el gobierno optó por seguir “el criterio más conveniente desde el punto de vista fiscal”, ya que mitiga la pérdida de recaudación, aunque en 2021 se observará una caída real en la recaudación debido a los menores aumentos salariales y los bajos niveles de empleo, consideró el economista.
Por su parte, Mordecki afirmó que esta política implementada enlentece la reactivación de la economía; más allá de ello, “lo importante también es la filosofía, qué se está pensando”, reflexionó.
“Todos los organismos internacionales han propuesto que los gobiernos gasten, es un período en el cual las tasas de interés están muy bajas, por tanto es un buen momento para endeudarse, Uruguay tiene esa capacidad”, dijo Mordecki.
Es decir, “el gobierno tiene una política económica elaborada para enfrentar qué momentos: ¿La crisis, o el deseo de bajar el déficit fiscal que se propuso en la campaña?”, cuestionó la directora del Iecon. A su entender, la realidad uruguaya cambió, pero la política económica no se reajusta a las nuevas situaciones. “Todos los organismos internacionales han propuesto que los gobiernos gasten, se haga frente a lo que se precise, y que es un período en el cual las tasas de interés están muy bajas, por tanto es un buen momento para endeudarse, Uruguay tiene esa capacidad”, argumentó Mordecki.
De esta forma, la economista enfatizó en que, para ella, este es el momento menos adecuado para implementar un cambio de este tenor. “Este es el momento de no ponerse con un espíritu recaudatorio sino todo lo contrario, promover el consumo, el crédito, la inversión (…) La política económica debería ser mirar el país y hacer frente a las necesidades, y yo creo que Uruguay está preparado para hacer frente a esto”, aseveró la experta.
Por su parte, Cantisani concordó en que se trata de una medida procíclica que “no contribuye a paliar la compleja situación económica” que el país vive y opinó que no parece adecuado que siempre se tome el criterio que resulte más gravoso para el contribuyente. De todos modos, añadió, los impactos sobre la actividad económica no serían muy significativos por el lado impositivo. En este sentido, aclaró que aproximadamente el 70% de los trabajadores no pagan IRPF, y solo el 25% de los jubilados y pensionistas pagan IASS, por lo que la medida impuesta “no tiene impactos generalizados en la población”.
Finalmente, el economista de CPA sostuvo que “es preferible que si se pretende cambiar estos umbrales, la discusión se haga de forma más transparente”.
