La aclaración del secretario nacional de la Senaclaft viene ante la acusación de un periodista argentino de que en Uruguay “se lava mucho dinero”. En conversación con CRÓNICAS, el jerarca rechazó esta declaración, valoró que el país “tiene una política de Estado” con respecto a este tema, evaluó la situación actual y las políticas que se están llevando a cabo y adelantó las metas que se propone la Secretaría para el futuro.
Luego de que el periodista argentino Hugo Alconada Mon acusara a los uruguayos de ser “unos lavadores” en el programa de Mirtha Legrand el pasado sábado, el comentario puso en agenda esta semana el combate del lavado de activos en nuestro país. CRÓNICAS consultó sobre el tema a Jorge Chediak, quien encabeza la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
El jerarca rechazó las acusaciones de Alconada Mon y aseveró que “desde la salida de la dictadura, todos los gobiernos de todos los partidos” en el Uruguay han construido “una política de Estado” a este respecto. Añadió que si bien “no hay ningún país” donde no se lave, “hoy en día no es fácil lavar dinero en Uruguay”.
Aunque el secretario destacó que el Uruguay ha logrado a través de sucesivos gobiernos un “nivel adecuado” de prevención de lavado de activos, a su vez señaló que el mayor debe en este asunto es “mejorar sustancialmente” la persecución penal y obtener más condenas y de mejor calidad. Es por esto, explicó, que se creó la Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos el año pasado.
En ese sentido, Chediak observó que la implementación de esta fiscalía “empezó de forma más lenta” de lo que habían esperado desde la Senaclaft, pero que, mediante el trabajo conjunto de la Secretaría, Fiscalía, el Banco Central y otros organismos, se ha logrado una “mejor articulación” del trabajo y “se han aceitado los mecanismos” para el cumplimiento de los objetivos. “Tenemos la esperanza de que con el tiempo logremos muchas más condenas y mantengamos un nivel de investigaciones que nos permita posicionarnos mejor para el próximo examen de Gafilat”, aseveró.
Gafilat es la filial latinoamericana del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a los países miembros cada 10 años. El secretario recordó que la última instancia de evaluación fue en 2019 y que la próxima se dará durante 2030, concluido el próximo período de gobierno.
En dicha evaluación, el organismo compara la cantidad de persecuciones al lavado de activos y la cantidad de persecuciones al delito precedente al mismo, que en la mayoría de los casos es el narcotráfico. Si el ratio de persecuciones exitosas al lavado es muy bajo en comparación al de persecuciones exitosas de narcotráfico, el GAFI concluye que en el país no se persigue adecuadamente el lavado. “Como tenemos un buen número de condenas por los delitos precedentes, tenemos que mejorar para 2030 el número anual de condenas por lavado de activos”, explicó Chediak.
Importancia de equipos especializados
Una de las recomendaciones que hizo el organismo internacional luego de la última evaluación fue que el país estableciera equipos especializados estables, que no cambiaran con cada gobierno. Chediak señaló que la Senaclaft está compuesta en su mayoría por técnicos que son funcionarios presupuestados en otros organismos, como la Dirección General Impositiva (DGI), el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Estos técnicos, una vez finalizado un período de gobierno debían volver a sus organismos de origen, donde no hacían más tareas de prevención de lavado de activos.
Esto supone un problema, explicó Chediak, porque toda la inversión en capacitación a esos técnicos, que usualmente se hace en el exterior, el país la perdía una vez concluido el período. Fue por esto que en la última Rendición de Cuentas se aprobó presupuestar a 15 cargos técnicos, que es el 60% de los que existen actualmente, para que puedan permanecer en la Senaclaft entrado el gobierno siguiente.
Además, atendiendo a esta recomendación del GAFI, la Senaclaft firmó a comienzos de este año un acuerdo con el Ministerio del Interior orientado a la formación de un equipo de policías especializados en lavado de activos, para que colabore directamente con la Secretaría, que a su vez contribuye en su capacitación. Este equipo también sería estable y no dependería de cambios de gobierno.
Los cambios de la LUC
En 2020, la Ley de Urgente Consideración estableció algunos cambios en materia de inclusión financiera y lavado de activos. Chediak, que participó de la redacción de algunos de estos artículos, recordó que se tomaron en cuenta las observaciones de técnicos y de la oposición “para que estuviera redactado de la mejor forma posible y no tuviera ningún efecto negativo” en la prevención del lavado de activos. Una de estas medidas fue la de elevar el monto máximo permitido para la utilización de efectivo en transacciones, que fijado en Unidades Indexadas, hoy está en US$ 130.000. El secretario explicó que “para neutralizar el riesgo, establecimos que quien quisiera hacer esa transacción en efectivo, tiene que acreditar necesariamente el origen lícito de ese dinero”.
Aun así, Chediak subrayó que no hubo un incremento significativo en la utilización de efectivo para esos fines. Atribuyó a esto que por motivos de seguridad poca gente decide cargar con tanto efectivo, y que en su lugar la gente prefiere moverse dentro del sistema bancario.
Las metas a futuro
Chediak comentó que próximamente se aprobará la Estrategia Nacional, que son los pasos a seguir para la Secretaría durante los cinco años que siguen. La misma fue entregada hace menos de un mes a la Comisión Coordinadora de Lavado de Activos, que está integrada por Chediak, por la Prosecretaria de Presidencia de la República, por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y por los subsecretarios de varios ministerios. La Comisión está estudiando la estrategia en estos momentos, y se espera que se apruebe en los próximos meses.
A modo de adelanto, el jerarca mencionó que la Senaclaft busca la incorporación como sujetos obligados en la prevención de lavado de activos a quienes importan y venden automóviles de alta gama. “A diferencia de la región esto no está regulado en nuestro país, y debería ser supervisado, siendo que es notorio que en todos los casos grandes de lavado de activos o narcotraficantes tienen sino uno, varios automóviles de alta gama” sentenció, por lo cual “es un sector de alto riesgo”.
A su vez, Chediak comentó que “hay que hacer algún ajuste en la normativa” de las organizaciones sin fines de lucro. Junto con los partidos políticos, en 2021 la Senaclaft auditó a varias otras categorías de este sector, como iglesias, sindicatos y clubes de fútbol. De todas estas organizaciones, explicó el secretario, no todas presentan el mismo nivel de riesgo para el lavado de activos: un colegio no es tan riesgoso como un equipo de fútbol. Es por esto que el GAFI recomendó que la Senaclaft depurara la lista y se concentrara en los grupos de mayor riesgo, para asegurar un mayor control en los que tienen perfiles de riesgo.
El financiamiento de los partidos
En cuanto al financiamiento de partidos políticos, Chediak opinó que la nueva redacción de la ley “mejora la que ya existe”. El secretario insistió en que independientemente de que las donaciones vinieran de una persona jurídica o una persona física, el dinero debería ser demostrablemente de origen lícito. Además, un problema que habían detectado al auditar a todos los partidos hace pocos años es que, si bien los partidos están obligados a hacer debida diligencia, no pasaba lo mismo con los sectores de los partidos. “Nosotros señalamos que era importante que esa misma obligación corriera para los sectores y subsectores”, afirmó.
En aquella ocasión la Senaclaft encontró niveles disímiles de cumplimiento a las normas de prevención de lavado de activos, pero Chediak advirtió que “era de esperar”, porque era la primera vez que se realizaba el procedimiento.
