Tras varios años de negociaciones, puntos muertos e intercambios de duras acusaciones, finalmente el Reino Unido y la Unión Europea (UE) alcanzaron un acuerdo de libre comercio que permitirá un divorcio más tranquilo entre ambas regiones. El mismo implica modificaciones en el intercambio comercial, en la circulación de personas, en el transporte, en las cuotas de pesca y en el costo del roaming, entre otros. No obstante, aún existen temas sensibles por acordar que requerirán más negociaciones, como los servicios financieros.
Pese a la incertidumbre de las últimas semanas y al llamado a prepararse para lo peor, finalmente las autoridades del Reino Unido y de la UE lograron un acuerdo de libre comercio, que implica que el intercambio comercial entre ambas regiones continuará fluyendo sin aranceles ni cuotas. De esta forma, se logra un brexit ordenado, en contraposición a una salida abrupta, que habría traído importantes consecuencias negativas a ambas regiones, y a los mercados financieros internacionales.
El gobierno británico presentó el acuerdo como una ruptura limpia con la UE, que le permitirá marcar su propia agenda, mientras que el bloque europeo también aseguró que se trata de un “buen acuerdo” que permitirá a los países miembros pasar la página de este duro momento de la historia.
Según informó la agencia de noticias Reuters, el acuerdo incluye un convenio comercial de 1.246 páginas, así como acuerdos sobre energía nuclear, intercambio de información clasificada, energía nuclear civil y una serie de declaraciones conjuntas.
El “Proyecto de Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido” significa que a partir del próximo 1º de enero, cuando el Reino Unido finalmente abandone el mercado único y la unión aduanera de la UE, no habrá aranceles o cuotas sobre el movimiento de bienes originados en cualquier lugar entre el Reino Unido y la UE.
Dar vuelta la página
El acuerdo alcanzado hace referencia a varios temas problemáticos. Uno que casi hace naufragar las negociaciones fue cuando Reino Unido acusó a la UE de introducir una nueva exigencia que le daría al bloque un derecho unilateral a imponer aranceles a Reino Unido si se consideraba que se había alejado demasiado de las reglas de competencia leal. El acuerdo establece que ahora ambas partes tienen derecho a denunciar a la otra a través de un mecanismo de arbitraje si se considera que ha habido divergencias regulatorias que han dado lugar a un problema de competencia.
También se estipula que si esos mecanismos se utilizan con demasiada frecuencia y durante demasiado tiempo, se puede desencadenar una renegociación de las partes pertinentes del tratado.
En materia comercial, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora, los bienes intercambiados entre ambas regiones estarán sujetos a controles aduaneros, regulatorios y de seguridad animal, lo que generará más requisitos burocráticos. Irlanda, el país de la UE más afectado por el Brexit, estimó en septiembre que las declaraciones de importación y exportación podrían multiplicarse por doce, hasta llegar a 20 millones al año.
En cuanto a la circulación de personas, si bien las partes acordaron no pedir visados para estancias de corta duración, terminará el libre tránsito actual. Ello implica que los ciudadanos de la UE que vayan al Reino Unido, y viceversa, estarán sujetos a controles fronterizos más rigurosos. Se verá limitado el derecho de los ciudadanos de la UE a vivir y trabajar en el Reino Unido, así como la capacidad de los ciudadanos británicos para hacer lo mismo en Europa.
Además, las licencias británicas para vuelos de pasajeros o de mercancías ya no serán suficientes para operar entre destinos de la UE o desde el bloque. Sin embargo, Reino Unido y los Estados de la UE pueden operar vuelos entre sí y cooperarán en la seguridad aérea y las franjas de vuelos. Para el transporte por carretera, se reducirá el cabotaje, aunque los transportistas que mueven mercancías entre la UE y el Reino Unido pueden operar sin límites.
También habrá menos información de seguridad compartida. Las autoridades británicas elogiaron el acuerdo por garantizar una amplia gama de estructuras de seguridad rápida y efectiva, pero hay cambios significativos en la forma en que el país y la UE compartirán datos de seguridad, policía e inteligencia. El Reino Unido ya no participará en Europol o Eurojust y perderá el acceso al Sistema de Información de Schengen, aunque hay formas de compartir datos de pasajeros, huellas dactilares, ADN y vehículos.
Pesca y roaming
El acceso total a las aguas de pesca de la otra parte finaliza después de un período de transición de cinco años y medio a contar a partir de 2021, durante el cual las cuotas de captura también pasarán gradualmente de la UE al Reino Unido. Ambas partes acordaron que el 25% de los derechos de pesca de los barcos de la UE en aguas británicas se transferirán a la flota pesquera del Reino Unido durante ese período. Después, habrá conversaciones anuales para establecer la cantidad que los barcos de la UE pueden capturar en aguas británicas y viceversa.
En cuanto a los servicios financieros, desde el 1º de enero los grupos con sede en Reino Unido pierden el acceso automático al mercado único de la UE. Ambas partes entienden que el nuevo acceso al mercado debe negociarse fuera del pacto comercial en acuerdos específicos de equivalencia. Las dos partes también tendrán como objetivo acordar para marzo de 2021 un memorando de entendimiento sobre cooperación regulatoria en servicios financieros.
El acuerdo también establece que Reino Unido ya no participará en el mercado energético interno de la UE ni será parte del mercado de emisiones de dióxido de carbono del bloque.
El Gobierno británico dijo que establecería una plataforma nacional de compraventa de emisiones (UK ETS) a partir de enero.
En cuanto a las ayudas estatales, las dos partes acordaron crear un organismo que proporcione supervisión independiente y trabaje dentro de seis principios generales.
Por último, el costo del roaming para las conexiones móviles y de datos (que no aplican dentro de los Estados miembros de la UE) podrían comenzar a aplicarse a partir de 2021, lo que implicará tarifas más altas para los ciudadanos que viajen entre la UE y el Reino Unido.
