Un 19% de las empresas formales (más de 2,7 millones) cerrarán y 8,5 millones de empleos se perderán en los próximos seis meses en América Latina y el Caribe, según un informe elaborado por la Cepal. La Secretaria Ejecutiva de la organización, Alicia Bárcena, valoró las medidas de los gobiernos como “significativas pero insuficientes”, por lo que instó a profundizarlas mediante: ampliación de plazos y alcance de las medidas de liquidez y créditos, cofinanciamiento de la nómina salarial, transferencias directas a trabajadores autónomos, y apoyo a grandes empresas de los sectores estratégicos más afectados.
“Estamos enfrentando serios problemas, con empresas con muchas dificultades y con cierres de muchas de ellas”, alertó Bárcena ayer jueves durante la presentación del informe “Sectores y empresas frente al Covid-19: emergencia y reactivación”. En el documento, se advierte que de no tomar las medidas necesarias, podría haber una “transformación regresiva” de la economía regional con una “reprimarización” de la producción y aumento de la informalidad.
La crisis generada por el Covid-19 tiene una amplia heterogeneidad de impactos, que Cepal resume en tres niveles: fuerte (turismo, hoteles, restaurantes, industria cultural tradicional, comercio, transporte, moda, vehículos automotores), significativo (minería, electricidad gas y agua, construcción, servicios empresariales, actividades financieras, bebidas, muebles, industria química, electrónica, maquinaria y equipo) y moderado (agricultura, ganadería, pesca, producción de alimentos, insumos médicos, productos de limpieza).
El impacto en el empleo se da mayormente en los sectores con impacto “significativo”, debido a que son más intensivos en mano de obra, seguido de cerca por los de impacto “fuerte”. Asimismo, Bárcena alertó que los impactos van a ser “muy significativos en aquellos sectores que son intensivos en tecnología y en empleo”.
Impactos y medidas
Al analizar el golpe de la pandemia el panorama aparece bastante oscuro: según Cepal, más de 2,7 millones de empresas formales cerrarán en los próximos seis meses (la amplia mayoría microempresas), y con ellas se perderán unos 8,5 millones de empleos formales. “Se trata del cierre del 19% de las empresas formales”, alertó Bárcena.
En particular, los sectores más afectados serán el comercio, donde cerrarán 1,4 millones de empresas y se perderán cuatro millones de puestos de trabajo formal, y el turismo, donde se prevé el cierre de unas 290.000 firmas y la pérdida de un millón de empleos.
Bárcena reconoció que los países “han tomado medidas muy importantes, todas muy relevantes, para salvar empresas y mantener capacidades”. En total, se adoptaron 351 medidas en 27 países, con foco en mantener la liquidez, garantizar el crédito, ayudas directas (transferencias y subsidios), protección del empleo, apoyo a la producción y fomento de las exportaciones. Además, hubo apoyos a sectores específicos.
En América del Sur, la mayor parte de las medidas se focalizaron en el crédito (33%) y la liquidez (32%), mientras que un 14% fue ayuda directa, 11% protección del empleo, 8% apoyo a la producción y 2% a las exportaciones.
Bárcena dijo que son “medidas significativas pero insuficientes”, ya que “suponen que va a haber una recuperación más rápida”, y eso difícilmente sea así según Cepal. “Esto va a tardar un par de años” en reacomodarse, estimó.
Respuesta a la altura
El organismo propone cuatro grandes líneas de acción: ampliación de los plazos y alcances de las medidas de liquidez y créditos, cofinanciamiento de la nómina salarial, transferencias directas a trabajadores autónomos, y apoyo a grandes empresas de los sectores estratégicos más afectados.
Respecto a la primera, detalló que apunta a aumentar la liquidez de las empresas, postergando o cancelando el pago de impuestos, imposiciones previsionales o contribuciones, por lo menos hasta finales de 2020. También se deben mejorar las condiciones de crédito, periodos de gracia, dar plazos de cinco o más años, y reforzar las operaciones de crédito mediante la banca de desarrollo.
En cuanto al cofinanciamiento salarial, propone que sea por al menos seis meses, lo que representaría un costo de 2,7% del PIB. El mismo debería ser gradual según el tamaño de las empresas, yendo desde un 30% en las grandes empresas, a un 50% en las medianas, 60% en las pequeñas y 80% en las microempresas.
En transferencias directas promueve la implementación de contribuciones en efectivo a al menos 15 millones de trabajadores autónomos formales por seis meses, lo que representaría el 0,8% del PIB regional (0,7% del PIB en Uruguay), por un monto de entre 300 y 500 dólares, según la situación de cada país.
Por último, instó a “considerar el rol de las grandes empresas”, ya que representan el 39% del empleo formal, el 90% de las exportaciones y son las más intensivas en tecnología. En ese sentido, las pérdidas de empleo, capacidad productiva, tecnológica y exportadora podrían condicionar la reactivación, por lo que promueve otorgarles condiciones favorables al crédito, cofinanciamiento de nómina, la posibilidad de que el Estado participe en la recapitalización de las grandes empresas de sectores estratégicos, y favorecer la eficiencia, transparencia y la regulación de los mercados de capitales.
Bárcena valoró que debe haber una “sinergia entre el apoyo a las empresas y las medidas de protección social”. Graficó que las medidas de ingreso básico de emergencia y del bono contra el hambre no serían tan costosas si se logra que no se destruyan los empleos. “El costo total del conjunto de medidas es menor que la suma de todas ellas por separado. Cada país tendrá que hacerlo en base a sus condiciones y sus políticas”, explicó.
Rompedora de cadenas
“Atender la emergencia e implementar -de una vez por todas- una estrategia para superar las debilidades estructurales de las economías y sociedades”, fue el mensaje que dejó Bárcena al finalizar su presentación sobre los grandes cambios que tendrán las estructuras y las cadenas productivas.
El informe de Cepal refiere a tres grandes cambios en las estructuras productivas. Primero, en la organización de las empresas por la situación sanitaria (seguridad de trabajadores y clientes, desinfección, protección individual, infraestructura de lugares comunes, escaneo de temperatura). Segundo, una reorganización de la producción, con ajustes logísticos para incrementar la eficiencia, reorganización laboral (combinación de teletrabajo y presencialidad) y aceleración en la incorporación de tecnologías. Tercero, y último, cambios en el modelo de negocios, con mayor seguimiento de la evolución de la demanda, mayor interacción con clientes y productores para adaptar productos y servicios a las preferencias de los consumidores, reorganizar la cadena de proveedores y brindar seguridad como un factor de diferenciación.
Bárcena reconoció que esto implicará un aumento en los costos variables (insumos, adopción de protocolos, gastos adicionales), aumento de costos fijos (adaptar y reorganizar ambientes de trabajo, lugares comunes, instalaciones sanitarias) y menor producción (aumento de la capacidad ociosa).
Por ese motivo, valoró que “la respuesta debe ser lograr mayor eficiencia” (energética, colectiva, grandes datos, internet de las cosas) y “mayor productividad” (mayor valor agregado, aumento de la automatización”. Ello se lograría “reactivando políticas industriales que permitan tener una mirada de largo plazo”.
También proyectó “cambios muy profundos” en las cadenas productivas, que incorporarán nuevos factores de riesgo, diversificaran proveedores y seleccionarán aquellos más cercanos, y relocalizarán procesos productivos y tecnológicos.
“En esta nueva estrategia de desarrollo tenemos que poner en el centro la producción y el empleo, porque son imprescindibles las dos cosas”, sostuvo Bárcena.
