Unos 70.000 hogares -alrededor de 250.000 personas- cuyos ingresos están apenas por encima de la línea de pobreza, son quienes se encuentran más vulnerables y podrían caer en la pobreza por la reducción de sus ingresos como consecuencia de la pandemia del Covid-19, según un informe elaborado por investigadores del CED. Si bien estadísticamente no son “pobres”, la mitad de los hogares tiene un jefe de hogar con empleo informal y cuatro de cada diez tienen ocupaciones poco calificadas.
En 2019 un 5,9% de los hogares estaba por debajo de la línea de la pobreza, según los últimos datos –publicados a comienzos de abril- por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se mide en cantidad de personas, el informe surgido a partir de la Encuesta Continua de Hogares para el cierre de 2019, marca que el 8,8% de los uruguayos es pobre. Ello representó un incremento respecto a los valores registrados en 2018, cuando los hogares pobres eran el 5,3% y las personas pobres el 8,1%.
Pasado a números, los datos del INE marcaban el año pasado unas 300.000 personas en Uruguay eran pobres.
Ese fue el punto de partida de un 2020 que no arrancó de la mejor forma para los indicadores sociales, tal cual lo reflejó el informe “Desafíos para la integración social en tiempos de Covid-19”, elaborado por el arquitecto e investigador asociado del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Leonardo Altmann, y el economista y director ejecutivo de dicho organismo, Agustín Iturralde.
El objetivo del documento, según explicó Altmann en un evento vía web, es explorar las características de los hogares uruguayos cuyos ingresos apenas superan la línea de pobreza. Es decir, quienes se encuentran más vulnerables en términos monetarios ante la pandemia, y podrían caer bajo la línea de las estadísticas oficiales de pobreza medida por ingresos al verse ante una disminución de sus ingresos.
Para ello, analizaron los hogares que -según la encuesta del INE- mostraban ingresos entre la línea de pobreza y un 25% por encima.
Los resultados
Según se evalúa en el informe, en 2019 había un aproximado de 70.000 hogares con casi 250.000 personas en el rango definido. Esto significa un 5% de los hogares totales del país, y un 7,2% de la población.
A modo de comparación, Altmann sostuvo que se tratan de más personas que cualquier ciudad del Interior por fuera del Montevideo metropolitano, así como también de la estimación más alta de uruguayos viviendo en asentamientos.
De esta manera, los investigadores encontraron que los hogares entre la línea de pobreza y 25% por arriba de la misma tienen características que los vuelven los más vulnerables ante la retracción económica actual, así como en aspectos que superan su nivel de ingresos.
Si bien técnicamente no son “pobres”, ya que las mediciones no los califican como tal, la mitad de sus jefes de hogar tienen empleos informales y cuatro de cada diez tienen ocupaciones poco calificadas. También se vio la misma relación para los empleados cuentapropistas.
“Esta fragilidad, desde el acceso al mercado de trabajo y la seguridad social son claves en este contexto”, sostuvo Altmann.
El arquitecto, entonces, argumentó que “los fenómenos de falta de bienestar y carencia en las condiciones de vida son multidimensionales y complejos”. En el contexto actual, “es un hecho” la caída del nivel de ingresos de los hogares uruguayos, añadió; por ello, subrayó que “hay que observar estos hogares que están en primera línea de vulnerabilidad para comprender las manifestaciones sociales de este problema económico y las estrategias que deberá trabajar la política pública”.
Plan con cimientos
Una vez terminada la presentación del informe, la directora ejecutiva de Techo Uruguay, Belén González, presentó un documento con una serie de medidas y propuestas para prevenir y mitigar el impacto del Covid-19 en los asentamientos y otros territorios no integrados.
Según González, la población altamente vulnerable en las ciudades tendrá tres tipos de impactos negativos debido a la pandemia: la dimensión sanitaria, la económica y la habitacional. Si se adopta una estrategia para cada dimensión, se corre el riesgo de la eficacia de cada política; por eso, deben apuntalarse las tres en simultáneo.
De esta manera, la estrategia propuesta para enfrentar el escenario tiene cuatro objetivos en mente. En primer lugar, ampliar la cobertura de asistencia social a la población viviendo en asentamientos; mitigar impactos negativos de la cuarentena en dicha población; concientizar e incentivar en los barrios las medidas preventivas necesarias; y contribuir a descongestionar el sistema de salud.
Se plantearon, entonces, seis medidas, todas con la organización barrial como el actor clave de la situación.
La primera es garantizar la atención primaria en salud. Asistir, también, en la alimentación e insumos básicos, e invertir en infraestructura barrial. Se promueve, también, un abordaje en las situaciones de violencia que se producen a raíz del aislamiento -ya que las víctimas quedan más expuestas a estos casos-.
Así como la canasta alimentaria es elemental, continuó González, también lo deberían ser los kits sanitarios, para una buena higiene en esta coyuntura. Por último, se planteó en desarrollar un plan nacional de emergencia habitacional.
