El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le brindó apoyo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que lograra preparar los elementos necesarios camino a la emisión del primer bono soberano anclado a condicionamientos de sustentabilidad. El mismo fue lanzado el pasado 20 de octubre con la expectativa de lograr alinear la política de financiamiento soberano del país con sus metas climáticas.
Este bono cuenta con condicionamiento del cumplimiento de metas climáticas y ambientales, las cuales el país ya había fijado en su primera Contribución Determinada a nivel Nacional (CDN) al Acuerdo de París.
Matías Bendersky, representante del BID en Uruguay, expresó que “el diseño de bonos temáticos para alcanzar los objetivos de la agenda 2030 de desarrollo sostenible puede traer importantes beneficios en la gestión de la deuda en la región y esta primera emisión de un bono con step down es un reconocimiento explícito de los mercados al compromiso de Uruguay”.
Esta emisión también significó la primera vez que el BID apoya un bono soberano con estas características. Marca un hecho sin precedentes en lo que se refiere al impulso de una emisión con indicadores de sustentabilidad. Es así que el costo financiero del instrumento quedará ligado al cumplimiento de las metas de la CDN de Uruguay.
A su vez, la emisión generó la atracción de 188 inversores de Europa, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. La demanda que se recibió fue de US$ 3.960 millones, un monto ampliamente superior a los US$ 1.500 millones que se decidió emitir.
Por su parte, la calificadora de riesgo japonesa R&I, subió la nota de la deuda soberana uruguaya en moneda extranjera a BBB+. Esto hace que Uruguay logre su calificación crediticia más alta de la historia. Según un comunicado de la misma calificadora, uno de los aspectos tenidos en cuenta fue el compromiso estratégico del país con la descarbonización de su economía.
Más allá de las repercusiones generadas, para la emisión de este bono fue necesario un arduo trabajo multidisciplinario e interministerial. Hubo una participación activa y un trabajo conjunto entre los ministerios de Ambiente y de Industria, Energía y Minería, y en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), así como con el conjunto de los actores del Sistema Nacional de Respuesta ante el Cambio Climático y variabilidad.
