El personal técnico del FMI destaca la “posición envidiable” que ocupa el país desde varios aspectos, pero alertan que “han surgido desequilibrios” principalmente en materia fiscal. En ese sentido, se entiende que las nuevas autoridades deberán “introducir un plan de ajuste creíble” que permitan reducir el nivel de deuda y generar confianza en los inversores.
Las evaluaciones fueron publicadas tras la misión del organismo en el marco del Artículo IV, donde se destaca que “Uruguay se encuentra en una posición envidiable en muchos sentidos”, dentro de los que destaca su democracia, la estabilidad política, la solidez del gobierno y sus instituciones, así como un “elevado grado de cohesión social”. También destaca el elevado ingreso per cápita y bajas tasas de pobreza, desigualdad e informalidad, así como la solidez del sistema financiero pese a “la volatilidad financiera en la región”.
Sin embargo, advierte que “han surgido desequilibrios y la situación externa sigue siendo un obstáculo”. “El crecimiento, la inversión y la participación laboral se ubicaron en una tendencia decreciente en los últimos años, y se acumularon desequilibrios internos (mayor déficit fiscal, aumento del desempleo). La deuda se incrementó y la inflación permanece fuera del rango meta”, señala.
Se advierte que los “vientos de cola” que se registraron durante años “desaparecieron y fueron reemplazados por un crecimiento mundial y regional lento, bajos precios de las materias primas, mayor incertidumbre, volatilidad en los flujos de capitales y episodios de turbulencias financieras en Argentina”. Aun así, se valora que “las bajas tasas de interés a nivel mundial ofrecen cierto respiro”.
El organismo entiende que “entorno político y económico interno de los próximos años ofrece una oportunidad para abordar las dificultades”, ya que el nuevo gobierno podrá aprovechar el impulso de la construcción de la nueva planta de UPM y de los proyectos de asociación público privados (APP) que están en agenda. Además, destaca el “consenso” a lo largo del espectro político respecto a los principales desafíos.
Ante este contexto, las autoridades locales deberían “revertir la acumulación de desequilibrios y emprender reformas para proteger logros y continuar la convergencia de ingresos”. Ello implica reducir la deuda, llevar la inflación al rango meta, mejorar el marco de política fiscal, recuperar el crecimiento de la productividad, mejorar los resultados en educación, el empleo juvenil, la inversión privada y la eficiencia de las empresas estatales, así como para asegurar la suficiencia de las pensiones de las generaciones futuras.
El FMI estima que el crecimiento potencial de la economía a largo plazo es de aproximadamente un 2%-2,5% debido al nivel bajo y decreciente de las inversiones, y por el deterioro de la participación laboral, lo que refleja en parte las tendencias demográficas. Desde 2015, el crecimiento económico promedió fue aproximadamente un 1,5%, contra el cerca de 5% entre 2006–14.
De todas formas, el FMI proyecta una recuperación del crecimiento que pasaría del 0,5% en 2019 a 2,1% en 2020 y a 2,5% en 2021, a medida que los proyectos de inversión avancen. El crecimiento se reduciría después de 2021, una vez finalizadas estas inversiones.
Balance fiscal
Los problemas fiscales son uno de los principales focos de la evaluación del FMI, que detalla que al enlentecerse la economía, los ingresos se redujeron, mientras que los gastos corrientes siguieron aumentando.
En ese sentido, sugiere que una de las principales políticas a adoptar será la de “mantener la sostenibilidad fiscal”. Se espera una mejora en los saldos fiscales (déficit bajaría del 4,1% en 2019 al 3,9% en 2020 y luego se estabilizaría en 3,1%), pero se proyecta un incremento de la deuda (que pasaría del 67% del PIB en 2019 al 68% en 2024).
Si bien se sostiene que “las necesidades brutas de financiamiento son manejables, el espacio fiscal se está reduciendo”. Además, pese a las mejoras recientes, la proporción de la deuda en moneda extranjera y en poder de no residentes sigue siendo relativamente alta, lo que hace vulnerable a la deuda ante “posibles presiones cambiarias y a cambios en la tolerancia al riesgo”.
“Es necesario introducir un plan de ajuste creíble a partir de 2020 para ubicar la deuda en una trayectoria firmemente descendente. De continuar las tendencias fiscales, podrían socavar la sostenibilidad de la deuda y la confianza de los inversionistas”, advierte el FMI.
Para ello se requiere de “una combinación de medidas” que implican una restricción del aumento del gasto corriente, preservar la inversión pública en niveles bajos, y reducir el gasto tributario (exenciones, tasas reducidas y créditos tributarios) que se estima representan casi 7% del PIB. Respecto a esto último, se detalla que unas tres cuartas partes del gasto tributario total corresponden al IVA. “Un análisis de costo-beneficio podría ayudar a racionalizar algunas exenciones, en particular aquellas que benefician grupos de ingresos elevados o que no han alcanzado los resultados deseados”, sostiene el informe.
También se menciona la necesidad de lograr una reforma integral del sistema de seguridad social para garantizar la sostenibilidad y la suficiencia de los ingresos para futuras generaciones. “Acciones tempranas ayudarían a suavizar la transición hacia el nuevo sistema y liberarían recursos para gastos prioritarios”, destacan.
Por último, se menciona la necesidad de introducir un nuevo marco fiscal de mediano plazo, lo que incluiría “una regla fiscal vinculante (que) fortalecería la credibilidad al introducir un ancla fiscal que asegure la sostenibilidad a mediano plazo”. Este nuevo marco debería incluir un plazo de proyección de tres a cinco años, independiente del período de gobierno para reducir la incertidumbre.
“Reformas estructurales para un crecimiento sostenible e inclusivo”
El informe del FMI refiere también a lo que entiende son “reformas estructurales” que el país necesita para potenciar “un crecimiento sostenible e inclusivo”.
Se destaca que “el cierre de las brechas de infraestructura es un paso importante, pero no será suficiente por sí mismo para llevar el crecimiento a los niveles observados en la última década”. En ese sentido, entiende relevante contar con “un sector privado vibrante” que respalde el crecimiento. Para lograrlo, “Uruguay debe seguir mejorando sus resultados educativos y el entorno empresarial. Además, una reforma del gobierno corporativo mejoraría la gestión y la eficiencia de las empresas públicas, que tienen un papel clave en la economía uruguaya”.
Para revertir el deterioro del mercado laboral, las políticas deberían dirigirse a la creación de empleos de calidad y estables, pero manteniendo una protección adecuada del trabajador. Se sostiene que los cambios de la última ronda de negociación salarial, que introdujeron consideraciones de productividad y mayor flexibilidad fueron “un paso en la dirección correcta”. En esa línea, “mayor flexibilidad (para las pequeñas empresas, las regiones de baja productividad, y las épocas de desaceleración) podría ayudar a preservar derechos y proporcionar incentivos para que las empresas creen puestos de trabajo más estables e inviertan en la capacitación de sus trabajadores”.
Por último, destaca que “el aumento del delito, aunque parte de un nivel bajo, debe resolverse antes de que se convierta en un problema crítico para la economía.
